Por Luis Aguilar
El gobierno actual ha querido mostrarse cercano al pueblo y alejado de las élites tradicionales (que han perdido con justicia su prestigio), se ha apoyado en discursos y políticas populares donde destacan ciertas decisiones ante la crisis sanitaria y económica. Primero, la denuncia a la corrupción de los gobiernos anteriores y el rechazo a la práctica política tradicional; segundo, el uso de la fuerza armada como defensores y protectores de la salud, y el bienestar del pueblo; tercero, la entrega de transferencias monetarias por un valor de $300 y de bolsas solidarias con artículos de primera necesidad; y cuarto, la adecuación del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en el Hospital El Salvador (llamado por funcionarios del ejecutivo el más grande de latinoamérica), entre otras.
El hecho que estas acciones se planteen como "cercanas al pueblo" no significa que se están priorizando a las clases populares, ya que hay señales del fomento de los privilegios y discriminación a las mayorías desde el poder, a razón de ciertas características. Por ejemplo, el lugar donde se reside, a razón del nivel de ingreso o tipo de trabajo se realiza, por la concepción de status y/o el poder político del individuo, o por el país donde procede la persona (malinchismo), entre otras. Estos tratos preferenciales (injustificados desde la ética, la moral y el estado de derecho) son formas de discriminación que fomentan la desigualdad. El virus afecta a ricos y pobres, sin embargo, grandes diferencias a la hora de abordarse a razón de la clase social.
La idea de este artículo no es destacar acciones donde se sospecha hay corrupción, sino, resaltar actos donde se percibe hay discriminación generada desde el gobierno. Durante la gestión pública de la crisis del COVID-19, ciertas decisiones del ejecutivo han considerado a grupos como subordinados, marginales o de peor categoría (con derechos restringidos), y otros como mejores o dominantes (a los que se debe y puede privilegiar). Entre algunas medidas gubernamentales se identifican las siguientes.
- Asignación de forma selectiva a hoteles y centros de contención durante la cuarentena: se mandó de forma discrecional a funcionarios de alto nivel (como ministros) a hoteles para la cumplir la cuarentena en aislamiento, y en contraste, otras personas -quienes no son parte de la élite gubernamental- fueron llevadas a centros de contención, como por ejemplo en Jiquilisco, sin que hubiera un protocolo estandarizado del motivo de dichas diferencias (cabe agregar que muchos sanos se contagiaron en dichos centros). Esto hizo evidente la brecha del poderío o influencia política de un grupo poblacional sobre otro, aunque funcionarios dijeran en su momento: “ingresamos a cuarentena, como todos”.
- Dificultad para salir y regresar al país: hay salvadoreños que desde marzo están luchando sin éxito por regresar a su país (hace más de 100 días), con mínima asistencia consular. Los funcionarios responden que hay lista de espera, piden paciencia, pero sin un plan de repatriación claro, el proceso permite los retornos de forma arbitraria, y diferentes grupos de chat de “los varados” dejan testimonio de ello. Mientras tanto, los vuelos privados no tienen restricción de entrada o salida.
- Suspensión de la circulación de buses desde el 21 de mayo: a pesar que el 80% de la población se moviliza en buses (según estudios del Viceministerio de Transporte -VMT) se prohibió su circulación, sin restringir vehículos particulares. Esto ha obligado a mucha gente con necesidad de transportarse a movilizarse diferentes formas, incluido el transporte pirata, que no solo les resultan más caro, sino que pone más en riesgo su salud, por no ser un transporte regulado y en condiciones adecuadas. Se llegó a "romantizar" la vulnerabilidad, cuando una enfermera tuvo que moverse en bicicleta para llegar a su trabajo, y se le llamó "ejemplo de mujer" desde cuentas de funcionarios, pero ¿serán dichas condiciones las mismas a las que se someten los altos cargo de gobierno?
- Subsidio a razón del recibo de luz: se anunció un subsidio de $300 por parte del gobierno a quienes consumen 250 kilovatios/hora o menos. Pero ¿qué pasó con las 84,130 familias que no tienen acceso a electricidad? parecería fueron excluidas de este beneficio, o al menos invisibilizadas, aun siendo parte de la población más pobre y con más necesidades del país. Por otro lado, un grupo de población con mayores ingresos recibió este subsidio, unos lo recibieron y otros renunciaron a él, pero muchos con necesidad no participaron de la oportunidad recibirlo. De tal modo que, esta sería un tipo de marginación por territorio, e ingreso.
- Dificultades de vendedores informales y de mercado para trabajar: la cuarentena hizo que la gente en los mercados y negocios informales tuviera dificultades para vender libremente, tanto por la restricción de salida por número de DUI, como por las medidas de cierre total o por horas decretadas por las municipalidades. Incluso, hubo amenazas de decomiso de mercadería de no cumplirse la medida. En contraste, la gran empresa -particularmente los supermercados- siempre permanecieron abiertos de forma ininterrumpida, a pesar de ser lugares con menos ventilación y más cerrados.
- Trato diferenciado a los violadores de la cuarentena obligatoria: cientos de personas fueron encerradas en diferentes centros de contención por violar la cuarentena, se tachó de inconscientes a quienes compraban su comida del día, sin tomar en cuenta que muchos- por la precariedad económica- no pueden abastecerse por adelantado. Incluso la policía lesionó de bala a un joven en San Julián, por negarse a entregar documentos y la motocicleta cuando los agentes se los pidieron. En contraste, en plena cuarentena el gerente del partido GANA, chocó su vehículo y fue liberado a pesar de estar en estado de ebriedad, según lo documenta un periódico digital.
- Compra de productos extranjeros por sobre nacionales: se compraron granos básicos y leche para reserva a México, y también atún enlatado a una supuesta "empresa fantasma" del mismo país. Y aunque los mismos representan un alivio para muchos consumidores, esto debilita al productor agrícola local. Según Luis Treminio de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) estas importaciones traerán efectos negativos, ya que va en detrimento de los productores locales, quienes en buena parte son gente pobre (que vive de la agricultura).
- Dar prioridad a internacionales por sobre nacionales: por ejemplo, el presidente habló con el cantante puertoriqueño Residente en redes sociales, sin restricción de tiempo a pesar de no tener ninguna responsabilidad institucional con él. En contraste, ha dificultado y limitado entrevistas a medios locales, e incluso se ha mostrado hostil a periodistas desde las redes sociales. A esto se agrega que se contrataron a venezolanos como "delegados presidenciales" para el manejo de la pandemia en El Salvador, se reporta que maltratan al personal médico nacional y tampoco hay transparencia en sus salarios. Esto es una forma de elitismo y malinchismo.
- Dificultades en el acceso al agua potable: este problema -heredado desde gobiernos anteriores, en época de Covid-19 se hace aún más visible, ya que el no tener agua potable en casa hace más difícil cumplir el aislamiento, quedarse en casa y cumplir medidas como las de lavarse las manos. Hay muchos sin agua por días, semanas y hasta meses, lo que facilita la propagación enfermedades, incluso al mandar pipas se hace la aglomeración de personas por la preocupación y necesidad del agua. Una salida que beneficie a las mayorías, por ejemplo, incidir para aprobar una Ley General de Aguas.
- Concesión de la Lotería Nacional de Beneficencia a una empresa privada: la institución surge por la necesidad de recaudar fondos para hospitales nacionales, y como su nombre lo menciona, su objetivo es beneficiar y apoyar a grupos vulnerables. En los últimos años apoyaba a personas de Hogares de niños y asilos a nivel nacional. Ahora con la concesión (poco o nada transparente, y sin seguir el procedimiento de ley), las ganancias pasaran a fondos privados de una empresa israelí, beneficiando a grandes capitales. De ahí que surja la pregunta: ¿Qué pasará con aquellos que ayudaba la lotería de beneficencia?
- Reunión con empresarios en casa presidencial: aunque ha tenido críticas directas con la ANEP por considerarla un grupo de poder, pero se negoció la reapertura con representantes de familias seleccionadas (que son la élite dentro de los mismos privilegiados). ¿Por qué sí dice estar del lado del pueblo, solo llega a acuerdos con grupos privilegiados que representan el gran capital? en este sentido, cabe recordar que estos defienden sus propios intereses, y no a los comerciantes más sencillos y que son la gran mayoría. Además se niega a negociar con la Asamblea Legislativa que es la representante del pueblo por voto.
- Uso desmedido de recursos del Estado en transporte del presidente: la caravana presidencial incluye, camionetas blindadas y motocicletas llevan al presidente, aunque esto no ha sido una práctica exclusiva de esta administración.
- Funcionarios con plazas "ad honoren": Aunque hay plazas como las del Secretario privado de la presidencia con plazas ad honoren, también cuentan salarios alternos de miles de dólares y con múltiples prestaciones.
- "Oídos sordos" a las opiniones científicas: Ya sea de opositores o la opinión de sus propios funcionarios, por técnicas que puedan ser si no son convenientes Bukele ha hecho caso omiso de ellas
Estos ejemplos citados- generados durante la crisis sanitaria- son muestras de diferentes tipos de discriminación y otorgamiento de privilegios desde el Estado. Y aunque el gobierno se esfuerza en promocionar políticas que son populares, en la práctica, habría que preguntarse ¿Será que se sigue reproduciendo la desigualdad y diferenciación social, tal como se hizo en los gobiernos anteriores? Ya que, aunque hay decisiones donde muestran "cercanía al pueblo" en el corto plazo, en el largo plazo también podrían generar desigualdad.
Primero, aunque los funcionarios gobierno denuncian la corrupción de los gobiernos anteriores, y dicen estar del lado del pueblo, pero brindan apoyo a Walter Araujo quien compite con el partido Nuevas ideas. Este cuando era diputado firmó la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (decreto 927 en diciembre de 1996) y la "dolarización" (decreto 201 en noviembre del 2000) las cuales incrementaron las desigualdades económicas.
Segundo, al hacer uso de la fuerza armada para atender problemas políticos y de salud (como los cercos sanitarios), ha mostrado incapacidad para dialogar, y más bien ha amenazado la institucionalidad democrática. Resolver los problemas por la fuerza es parte de la cultura violenta, donde los más pobres sufren las mayores consecuencias (tal como pasó en la guerra).
Tercero, la entrega de un subsidio de $300 y de bolsas solidarias con artículos de primera necesidad, es un beneficio directo a la población y un alivio a la canasta básica de los salvadoreños, no está correctamente focalizado hacia los más pobres, no es sostenible, ni tampoco es un regalo. Cada bolsa solidaria (cuyo valor se estima en $50), en el largo plazo terminará costando $924.60, con el préstamo a 32 años plazo a una tasa de interés semestral del 9.5% con un gobierno que ha reducido su recaudación de impuestos. Este y los otros préstamos, terminarán siendo pagados por la población, y aquí los grupos más pobres son quienes sufren las mayores consecuencias.
En cuanto a la adecuación del hospital El Salvador, se cuestiona sí es el lugar más adecuado, y sí cuenta con el personal suficiente y con los recursos de bioseguridad necesarios. Y aunque este tiene el beneficio de la duda, solo el tiempo determinará con exactitud sí termina o no ayudando a las grandes mayorías de manera oportuna.
En conclusión, durante la crisis del COVID-19, el gobierno predica un alejamiento de las élites tradicionales. Pero sus políticas sanitarias y económicas muestran desconocimiento de la realidad nacional, con decisiones que parecen ventajosas en el corto plazo, con consecuencias negativas a la larga, que siguen reproduciendo la desigualdad. Estas de no cambiarse pueden causar una mayor concentración del poder, mayor desigualdad, y la posibilidad de más conflictos violentos. De ahí que surja una pregunta final: ¿Podrá un gobierno que afirma estar del lado del pueblo plantear una verdadera y sostenida opción preferencial por los pobres?
