Por Luis Aguilar
El gobierno actual ha querido mostrarse cercano al pueblo y alejado de
las élites tradicionales (que han perdido con justicia su prestigio), se ha apoyado
en discursos y políticas populares donde destacan ciertas decisiones ante la
crisis sanitaria y económica. Primero, la denuncia a la corrupción de los
gobiernos anteriores y el rechazo a la práctica política tradicional; segundo,
el uso de la fuerza armada como defensores y protectores de la salud, y el
bienestar del pueblo; tercero, la entrega de transferencias monetarias por un
valor de $300 y de bolsas solidarias con artículos de primera necesidad; y cuarto,
la adecuación del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en el Hospital El
Salvador (llamado por funcionarios del ejecutivo el más grande de latinoamérica),
entre otras.
El hecho que estas acciones se planteen como "cercanas al
pueblo" no significa que se están priorizando a las clases populares, ya que hay señales del fomento de los privilegios y discriminación
a las mayorías desde el poder, a razón de ciertas características. Por
ejemplo, el lugar donde se reside, a razón del nivel de ingreso o tipo de
trabajo se realiza, por la concepción de status y/o el poder político del
individuo, o por el país donde procede la persona (malinchismo),
entre otras. Estos tratos preferenciales (injustificados desde la ética, la
moral y el estado de derecho) son formas de discriminación que fomentan la
desigualdad. El virus afecta a ricos y pobres, sin embargo, grandes diferencias a la hora de abordarse a razón de la clase social.
La idea de este artículo no es destacar acciones donde se sospecha hay
corrupción, sino, resaltar actos donde se percibe hay discriminación generada desde
el gobierno. Durante la gestión pública de la crisis del COVID-19, ciertas
decisiones del ejecutivo han considerado a grupos como subordinados, marginales
o de peor categoría (con derechos restringidos), y otros como mejores o
dominantes (a los que se debe y puede privilegiar). Entre algunas medidas
gubernamentales se identifican las siguientes.
- Asignación de forma selectiva a hoteles y centros de contención
durante la cuarentena: se mandó de forma discrecional a funcionarios
de alto nivel (como ministros) a hoteles para la cumplir la cuarentena en
aislamiento, y en contraste, otras personas
-quienes no son parte de la élite gubernamental- fueron llevadas a centros de
contención, como por ejemplo en Jiquilisco, sin que hubiera un protocolo
estandarizado del motivo de dichas diferencias (cabe agregar que muchos sanos
se contagiaron en dichos centros). Esto hizo evidente la brecha del poderío o
influencia política de un grupo poblacional sobre otro, aunque funcionarios
dijeran en su momento: “ingresamos a cuarentena, como todos”.
- Dificultad para salir y regresar al país: hay
salvadoreños que desde marzo están luchando sin éxito por regresar a su país (hace
más de 100 días), con mínima asistencia consular. Los funcionarios responden
que hay lista de espera, piden paciencia, pero sin un plan de repatriación
claro, el proceso permite los retornos de forma arbitraria, y diferentes grupos
de chat de “los varados” dejan testimonio de ello. Mientras tanto, los vuelos
privados no tienen restricción de entrada o salida.
- Suspensión de la circulación de buses desde el 21 de
mayo: a pesar que el 80% de la población se moviliza en buses (según
estudios del Viceministerio de Transporte -VMT) se prohibió su circulación, sin
restringir vehículos particulares. Esto ha obligado a mucha gente con necesidad
de transportarse a movilizarse diferentes formas, incluido el transporte pirata,
que no solo les resultan más caro, sino que pone más en riesgo su salud, por no
ser un transporte regulado y en condiciones adecuadas. Se llegó a "romantizar" la vulnerabilidad, cuando una enfermera tuvo que moverse en bicicleta para llegar a su trabajo, y se le llamó "ejemplo de mujer" desde cuentas de funcionarios, pero ¿serán dichas condiciones las mismas a las que se
someten los altos cargo de gobierno?
- Subsidio a razón del recibo de luz: se anunció un
subsidio de $300 por parte del gobierno a quienes consumen 250 kilovatios/hora
o menos. Pero ¿qué pasó con las 84,130 familias que no tienen acceso a
electricidad? parecería fueron excluidas de este beneficio, o al menos
invisibilizadas, aun siendo parte de la población más pobre y con más
necesidades del país. Por otro lado, un grupo de población con mayores ingresos
recibió este subsidio, unos lo recibieron y otros renunciaron a él, pero muchos
con necesidad no participaron de la oportunidad recibirlo. De tal modo que,
esta sería un tipo de marginación por territorio, e ingreso.
- Dificultades de vendedores informales y de mercado para
trabajar: la cuarentena hizo que la gente en los mercados y negocios
informales tuviera dificultades para vender libremente, tanto por la
restricción de salida por número de DUI, como por las medidas de cierre total o
por horas decretadas por las municipalidades. Incluso, hubo amenazas de
decomiso de mercadería de no cumplirse la medida. En contraste, la gran empresa
-particularmente los supermercados- siempre permanecieron abiertos de forma
ininterrumpida, a pesar de ser lugares con menos ventilación y más cerrados.
- Trato diferenciado a los violadores de la cuarentena obligatoria: cientos de
personas fueron encerradas en diferentes centros de contención por violar la
cuarentena, se tachó de inconscientes a quienes compraban su comida del día,
sin tomar en cuenta que muchos- por la precariedad económica- no pueden
abastecerse por adelantado. Incluso la policía lesionó de bala a un joven en
San Julián, por negarse a entregar documentos y la motocicleta cuando los
agentes se los pidieron. En contraste, en plena cuarentena el gerente del
partido GANA, chocó su vehículo y fue liberado a pesar de estar en estado de
ebriedad, según lo documenta un periódico digital.
- Compra de productos extranjeros por sobre nacionales: se compraron
granos básicos y leche para reserva a México, y también atún enlatado a una
supuesta "empresa fantasma" del mismo país. Y aunque los mismos representan
un alivio para muchos consumidores, esto debilita al productor agrícola local. Según
Luis Treminio de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Campo) estas importaciones traerán efectos negativos, ya que va
en detrimento de los productores locales, quienes en buena parte son gente
pobre (que vive de la agricultura).
- Dar prioridad a internacionales por sobre nacionales: por ejemplo, el presidente habló con el cantante puertoriqueño Residente en
redes sociales, sin restricción de tiempo a pesar de no tener ninguna
responsabilidad institucional con él. En contraste, ha dificultado y limitado
entrevistas a medios locales, e incluso se ha mostrado hostil a periodistas
desde las redes sociales. A esto se agrega que se contrataron a venezolanos como "delegados presidenciales" para el manejo de la pandemia en El Salvador, se reporta que maltratan al personal médico nacional y tampoco hay transparencia en sus salarios. Esto es una forma de elitismo y malinchismo.
- Dificultades en el acceso al agua potable: este problema -heredado desde gobiernos anteriores, en época de Covid-19 se hace aún más visible, ya que el no tener agua potable en casa hace más difícil cumplir el aislamiento, quedarse en casa y cumplir medidas como las de lavarse las manos. Hay muchos sin agua por días, semanas y hasta meses, lo que facilita la propagación enfermedades, incluso al mandar pipas se hace la aglomeración de personas por la preocupación y necesidad del agua. Una salida que beneficie a las mayorías, por ejemplo, incidir para aprobar una Ley General de Aguas.
- Concesión de la Lotería Nacional de Beneficencia a una
empresa privada: la institución surge por la necesidad de recaudar fondos para
hospitales nacionales, y como su nombre lo menciona, su objetivo es beneficiar
y apoyar a grupos vulnerables. En los últimos años apoyaba a personas de
Hogares de niños y asilos a nivel nacional. Ahora con la concesión (poco o nada transparente, y sin seguir el procedimiento de ley), las
ganancias pasaran a fondos privados de una empresa israelí, beneficiando a
grandes capitales. De ahí que surja la pregunta: ¿Qué pasará con aquellos que
ayudaba la lotería de beneficencia?
- Reunión con empresarios en casa presidencial: aunque ha tenido críticas directas con la ANEP por considerarla un grupo de poder, pero se negoció la reapertura con representantes de familias seleccionadas (que son la élite dentro de los mismos privilegiados). ¿Por qué sí dice estar del lado del pueblo, solo llega a acuerdos con grupos privilegiados que representan el gran capital? en este sentido, cabe recordar que estos defienden sus propios intereses, y no a los comerciantes más sencillos y que son la gran mayoría. Además se niega a negociar con la Asamblea Legislativa que es la representante del pueblo por voto.
- Uso desmedido de recursos del Estado en transporte del presidente: la caravana presidencial incluye, camionetas blindadas y motocicletas llevan al presidente, aunque esto no ha sido una práctica exclusiva de esta administración.
- Funcionarios con plazas "ad honoren": Aunque hay plazas como las del Secretario privado de la presidencia con plazas ad honoren, también cuentan salarios alternos de miles de dólares y con múltiples prestaciones.
- "Oídos sordos" a las opiniones científicas: Ya sea de opositores o la opinión de sus propios funcionarios, por técnicas que puedan ser si no son convenientes Bukele ha hecho caso omiso de ellas
Estos ejemplos citados- generados durante la crisis sanitaria- son
muestras de diferentes tipos de discriminación y otorgamiento de privilegios desde
el Estado. Y aunque el gobierno se esfuerza en promocionar políticas que son
populares, en la práctica, habría que preguntarse ¿Será que se sigue reproduciendo
la desigualdad y diferenciación social, tal como se hizo en los gobiernos
anteriores? Ya que, aunque hay decisiones donde muestran "cercanía al
pueblo" en el corto plazo, en el largo plazo también podrían generar
desigualdad.
Primero, aunque los funcionarios gobierno denuncian la corrupción de los
gobiernos anteriores, y dicen estar del lado del pueblo, pero brindan apoyo a
Walter Araujo quien compite con el partido Nuevas ideas. Este cuando era
diputado firmó la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (decreto 927 en
diciembre de 1996) y la "dolarización" (decreto 201 en noviembre del
2000) las cuales incrementaron las desigualdades económicas.
Segundo, al hacer uso de la fuerza armada para atender problemas
políticos y de salud (como los cercos sanitarios), ha mostrado incapacidad para
dialogar, y más bien ha amenazado la institucionalidad democrática. Resolver los
problemas por la fuerza es parte de la cultura violenta, donde los más pobres
sufren las mayores consecuencias (tal como pasó en la guerra).
Tercero, la entrega de un subsidio de $300 y de bolsas solidarias con
artículos de primera necesidad, es un beneficio directo a la población y un
alivio a la canasta básica de los salvadoreños, no está correctamente focalizado hacia los más pobres, no es sostenible, ni
tampoco es un regalo. Cada bolsa solidaria (cuyo valor se estima en $50), en el
largo plazo terminará costando $924.60, con el préstamo a 32 años plazo a una
tasa de interés semestral del 9.5% con un gobierno que ha reducido su
recaudación de impuestos. Este y los otros préstamos, terminarán siendo pagados
por la población, y aquí los grupos más pobres son quienes sufren las mayores
consecuencias.
En cuanto a la adecuación del hospital El Salvador, se cuestiona sí es
el lugar más adecuado, y sí cuenta con el personal suficiente y con los
recursos de bioseguridad necesarios. Y aunque este tiene el beneficio de la
duda, solo el tiempo determinará con exactitud sí termina o no ayudando a las
grandes mayorías de manera oportuna.
En conclusión, durante la crisis del COVID-19, el gobierno predica un
alejamiento de las élites tradicionales. Pero sus políticas sanitarias y económicas muestran desconocimiento de la realidad nacional, con
decisiones que parecen ventajosas en el corto plazo, con consecuencias
negativas a la larga, que siguen reproduciendo la desigualdad. Estas de no cambiarse pueden causar una mayor
concentración del poder, mayor desigualdad, y la posibilidad de más conflictos
violentos. De ahí que surja una pregunta final: ¿Podrá un gobierno que afirma
estar del lado del pueblo plantear una verdadera y sostenida opción
preferencial por los pobres?