El Salvador, Nicaragua y Costa Rica en época de pandemia

Por Fátima Pacas y Luis Aguilar
Las estrategias políticas adoptadas por los gobiernos en Centroamérica, a raíz del coronavirus, van desde el fatalismo y la guerra; pasando por el desdén y el menosprecio; hasta la esperanza y el profesionalismo. Al revisar comparativamente los procesos históricos de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica podemos tipificar y explorar las perspectivas a futuro de estos tres países, en base a la estrategia implementada en la coyuntura actual. De ahí que surja la pregunta: ¿Cómo se caracterizan las estrategias de prevención y contención del COVID-19 aplicadas en los países Centroamericanos?

En la primera mitad del siglo XX El Salvador, Nicaragua y Costa Rica presentaban una clase dominante de terratenientes agrarios, que proclamaban autoridad basada en "orden y progreso". Más adelante, en la segunda mitad de siglo, los agroindustriales defendían el progreso a través de “libertad y democracia”. En la década de 1930 tomó fuerza la retórica anticomunista y el autoritarismo.  Se instauró la dictadura militar, del General Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador y del General Anastasio Somoza en Nicaragua. Costa Rica, tomó una dirección diferente, limitó la política de orden y progreso y la sustituyó por libertad y democracia ". Desde un poco antes de la revolución de 1948, implementaron decisiones para fortalecer un estado de bienestar social, con políticas de nacionalización, y participación ciudadana bajo un estado democrático, con elecciones libres y competitivas. Esto generó que Costa Rica obtuviera resultados contrastantes a los de sus vecinos países, por ejemplo, en salud es el país con mayor esperanza de vida en la región[1], en economía, Latinoamérica presenta mayor ingreso promedio[2] y en calidad educativa- en las pruebas PISA- solo están debajo de Chile y Uruguay[3].

En contraste y a grandes rasgos, en Nicaragua y El Salvador se identifican varias similitudes. En ambos casos, los terratenientes agrarios liberales- a finales del siglo XIX- consolidaron un modelo de agroexportación basado en el café (tal como Costa Rica), luego en la crisis de la década de 1930 sus gobernantes implementaron políticas autoritarias  que terminaron consolidando dictaduras militares . Otro parecido es que ambos países tuvieron conflictos bélicos (entre guerrillas y militares), luego se sometieron a proceso de elecciones, para finalmente implementar reformas neoliberales con gobiernos de derecha. En cuanto a sus resultados relacionados a la esperanza de vida, Nicaragua tiene 78.2 años (séptimo en latinoamérica) y El Salvador 75.47 años (catorceavo en la región), además, tienen el menor ingreso promedio para su población en latinoamérica (solo superando a Honduras, Bolivia y Haití)[4], por último, en el ámbito educativo hasta el 2020 ni siquiera participan en pruebas internacionales como las de PISA, que miden la calidad de la educación[5][6].

A finales del siglo XX, las políticas regionales impulsadas en Centroamérica, se centraron en la adopción de recomendaciones propuestas por el programa de ajuste estructural, estas incluyeron políticas de corte neoliberal como: la liberalización financiera de la economía, adopción de un tipo de cambio competitivo, privatización de empresas nacionales y garantía de derechos de propiedad, entre otros. El Salvador y Nicaragua adoptaron varias de las recomendaciones, y promovieron el despegue de una democracia incipiente. Costa Rica, por otra parte, adoptó discretamente una menor cantidad de medidas comparado al resto de los países de la región y se centró en la consolidación de un modelo democrático único en Centroamérica.

Ahora bien, las políticas públicas creadas e implementadas por estos tres países- durante la crisis de salud del COVID-19- se pueden relacionar directamente a los procesos de consolidación de la democracia y el modelo económico actual. Los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica han implementado diferentes políticas para prevenir y contener la pandemia, así como para minimizar la depresión económica. Nicaragua bajo un estado autoritario presenta el menor número de infectados, y Costa Rica bajo un estado democrático presenta la mayor cantidad de casos activos[7]. Entonces, nos preguntamos ¿cuáles han sido las estrategias implementadas por los gobiernos? ¿Han asumido características democráticas o autoritarias? ¿Son sostenibles en el tiempo?

En primer lugar, El Salvador fue el primer país en crea medidas de prevención drásticas como el cierre de fronteras, la restricción de garantías constitucionales y la solicitud de préstamos millonarios. Además, la presidencia ha desestimado la integración con gobiernos locales y regionales, ejemplo de ello es la ausencia de El Salvador en la reunión de alto nivel SICA el pasado 12 de marzo, donde se acordaron medidas conjuntas contra el COVID-19. El presidente salvadoreño ha centralizado la información, y ha limitado la participación de expertos y científicos, además de difundir noticias cuya veracidad ha sido cuestionada por los involucrados, por ejemplo, la embajada de Italia desmintió una noticia extendida por el presidente, donde quién aseguró que Italia dejaría morir a ancianos mayores de 80 años. A eso se agrega, que científicos salvadoreños - como Oscar Picardo- desestimaron proyecciones transmitidas por el presidente en cadena nacional, por carecer de rigor estadístico. A esto se suma la restricción de la libertad de tránsito y de reunión, lo que podría generar consecuencias como bancarrota, desempleo y escasez entre otras muchas consecuencias económicas. Por tanto, la estrategia del gobierno salvadoreño ha sido centralista, autoritaria y con narrativa de miedo.

En segundo lugar, Nicaragua ha promovido estrategias, menos restrictivas y descentralizadas que en El Salvador. Activaron el trabajo de los gobiernos locales para aplicar las medidas de prevención y contención.  El gobierno llevó brigadas médicas de barrio (similares a las utilizadas con otras enfermedades como el dengue) e hizo solo un cierre parcial de sus fronteras [8], comparado al cierre total del gobierno salvadoreño. Además, la narrativa de la pandemia ha sido permisiva y flexible, ejemplo de ello es la convocatoria del gobierno a la marcha “Amor en tiempos del COVID'19". Sin embargo, los expertos han criticado estas medidas, ya que afirman que la aglomeración de las personas promueve la expansión del virus. No obstante, en Nicaragua el autoritarismo del régimen de gobierno, el poder militar centralizado por el presidente, la parcial participación de expertos en la difusión de la información, el número reducido de aplicaciones de exámenes de COVID’19, y el uso de datos sin verificación han sido una constante en las estrategias implementadas.

En tercer lugar, Costa Rica difiere de las medidas establecidas por sus vecinos países. La participación de expertos en la difusión de información es constante,y con uso de datos verificables y científicos. Además, ha integrado a los gobiernos locales y regionales para impulsar políticas conjuntas como prioridad, y el discurso público del gobierno ha sido de esperanza y de empatía. También,  se ha restringido solo de forma parcial la libertad de tránsito, sin limitar derechos constitucionales, y se ha acatado las recomendaciones de expertos económicos, planteando medidas antipopulares (como un recorte al gasto público y un "impuesto solidario" a los salarios más altos), para financiar lo que se usará para la crisis.

Entonces ¿qué podemos esperar? sí solo se evalúan los resultados coyunturales, la estrategia descentralizada y democrática de Costa Rica se ve desfavorecida, frente a las políticas autoritarias y centralistas implementadas por Nicaragua y El Salvador. No obstante, los antecedentes históricos de la región demuestran que, las decisiones democráticas adoptadas por Costa Rica- en el siglo XX- han traído más beneficios a la esperanza de vida, la economía y la calidad educativa, que las políticas autoritarias y neoliberales implementadas por sus países vecinos. De hecho, la concentración del poder ha traído como consecuencia autoritarismo, violencia y poco desarrollo social (salud y educación) y económico en la región. Por tanto, en El Salvador y Nicaragua las estrategias utilizadas para contener la propagación del COVID-19, siguen la herencia de formas de gobierno autoritarios y centralistas implementados en estos países en el siglo XX. Mientras Costa Rica está desarrollando, frente a la pandemia, estrategias democráticas y descentralizadas que responden a las características históricas asumidas por ese estado.

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[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44128848

[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44802756

[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50643441

[4] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44802756

[5] https://www.laprensa.com.ni/2016/12/13/nacionales/2149682-nicaragua-le-sigue-teniendo-miedo-a-las-pruebas-pisa

[6] http://curc.uls.edu.sv/pagina.php?id=140

[7] Según datos oficiales del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) estos tres países cuentan con un total de 384 casos activos[7].  Nicaragua presenta cinco casos activos, un fallecido y un recuperado; El Salvador presenta treinta y dos casos activos y un fallecido. Mientras Costa Rica 247 casos activos, a los que suman dos fallecidos y dos recuperados.

[8] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52059566

El conflicto social como base del bien común.

Es difícil pensar en bien común y mucha más si tomamos como punto de partida que el conflicto es el garante de este, pero veamos algunas referencias.

Dahrendorf (1959) define el conflicto como “una situación universal que sólo puede solucionarse a partir de un cambio social, que permite resolver divergencias de grupos o colectividades para alcanzar un nuevo modelo de integración social”

Rousseau (1762) define el contrato social como “la forma de vivir en sociedad, donde los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir con el contrato”. Cabe destacar que el Estado tiene como fin y origen el cumplimiento de ese contrato social al que llamaremos en este caso bien común.

Tomando en cuenta las referencias anteriores, entendemos que el conflicto es un asunto de índole universal, es decir, que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Las diferencias de postura ante una determinada circunstancia y el reconocimiento de estas diferencias no debe ser señal de pesimismo. En muchos casos se cree, que en un conflicto hay intereses tan contrapuestos que son irreconciliables y que los individuos deben de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. Sin embargo, es importante reconocer que grupos con diferente pensamiento pueden establecer mecanismos para llegar a acuerdos.

Tal como lo dice nuestro concepto de bien común (Contrato Social), los diferentes actores acuerdan el acceso a ciertos derechos y sacrifican ciertas libertades para el alcance de ese bien común, en este sentido todos reconocen que el ente cumplidor de esas garantías de bienestar es el Estado. Entender el papel del Estado es fundamental, ya se relaciona con las dos categorías antes mencionadas, y tanto al hablar de conflicto como de bien común.

En un Estado democrático la integración de las diferentes maneras de pensar es un ejercicio constante en la creación de nuevos modelos de integración, donde todos los individuos y grupos sacrificaran alguno de sus intereses para el alcance de ese bien superior (al menos es el deber ser del Estado regular eso). El bien común no puede entenderse como el bien constante para todos los grupos de la sociedad y mucho menos el bien único para una persona y su pequeño grupo, por eso se reconoce en el Estado democrático al encargado de garantizar ese bienestar que todos buscan.

Por la misma razón que los miembros de una sociedad reconocen la legitimidad del Estado en la toma de decisiones, es entonces que los diferentes grupos buscan tener control del aparato del Estado o que sus intereses se vean reflejados en las decisiones que se toman desde él.

Entender las formas en que estos grupos que buscan incidir o tomar control del Estado es importantísimo, ya que permite observar la institucionalización del disenso (conflicto) y de la búsqueda del bien común. Por eso es necesario delimitar que se entiende por partido político y grupo de presión.

Kurt Lenk y Franz Neuman (1980: 61-62) toman por partido a “aquellas agrupaciones que median entre los grupos de interés de una sociedad y el Estado, que participan en la lucha por el poder político y en la formación de la voluntad política de un pueblo”. Debe de entenderse por tanto que son varias agrupaciones, esto implica que no todas piensan igual y que por lo tanto habrá disenso en la búsqueda de control del aparato del Estado. Los partidos políticos se inclinaran a disentir entre ellos por los intereses que persiguen, pero en la medida que sean representativos sus decisiones serán legitimadas y contribuirán a esa búsqueda de bienestar.

Los grupos de presión en cambio “buscan influir en política o promover sus ideas dentro de un contexto económico y político determinado, incidiendo en el proceso de toma de decisiones mediante su actuación por medio de amenazas, huelgas entre otras formas de acción sobre los poderes ejecutivo, legislativo y /o judicial - directamente o a través de la opinión pública - para intentar moldear la formulación de políticas públicas y condicionar su implementación” (Del Águila, 1997). Estos no buscan controlar la estructura del Estado, sino incidir sobre los tomadores de decisiones. Pueden ir directamente al aparato del Estado o hacerlo a través de los partidos políticos.

Aplicación a la realidad de El Salvador:

Para comprobar si en la realidad salvadoreña existe la institucionalización de: El conflicto social como base del bien común. Analizaremos lo que dice la norma jurídica salvadoreña.

La Constitución de la República de El Salvador en su Art. 1 dice que: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Se entiende por tanto que en la constitución expresamente se manifiesta que el Estado se ha configurado para la búsqueda del bien común y que al menos jurídicamente esto se expresa como una prioridad en El Salvador.

Para entender lo relacionado al conflicto nos referiremos a lo que dice el Art. 85 de la Constitución de la República que dice: “El Gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa.

La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución”. Lo primero que haremos es establecer el marco referencial de lo que se entenderá en este ensayo por bien común y por conflicto social. Por tanto en este artículo el Estado reconoce y ampara a partidos políticos y por lo tanto también los disensos, los cuales se organizan y estructuran dentro de la sociedad y se debe de garantizar la adecuada autonomía y representación para que estos partidos cumplan con sus propios fines específicos. Es interesante ver como se rechaza la existencia de un solo partido, es decir el conflicto (disenso) es base fundamental del sistema político salvadoreño.

Tomando la premisa “El conflicto social como base del bien común” desde la base jurídica se acepta como válida e importante para el país, y aunque la norma jurídica no debe ser el único referente, esta nos sirve como punto de partida para futuras investigaciones.

Luis Eduardo Aguilar Vásquez

Independencia y la formación de la República en latinoamérica

El establecimiento de los regímenes nacionales en latinoamérica fue un proceso que comenzó después de la independencia de los países latinoamericanos, pero no se dio de forma inmediata.

Al declarar los Estados Nacionales su independencia de los colonizadores, no se terminaron los conflictos internos en América latina, ya que se generó un panorama de gran confusión en lo que respecta a cuestiones de política interna. En la mayoría de los países latinoamericanos, la independencia fue un movimiento esencialmente criollo, y no supuso una mejora inmediata de las condiciones de vida de la población en general y fue promovida por una élite, para enriquecerse con los nuevos lazos comerciales que esperaban adquirir con países europeos como Inglaterra, Francia, Holanda, y Estados Unidos, y no tanto por una revolución social o política generada por las grandes mayorías.

Después de la independencia los estados comenzaron una lucha interna entre diferentes grupos por alcanzar el poder en cada nuevo territorio latinoamericano. Cabe resaltar que en cada país de América se pueden encontrar particularidades, pero en general, en latinoamérica se distingue una lucha entre pensamientos liberales y conservadores dentro de los territorios independizados (algunos como el caso de Centroamérica y la gran Colombia se separaron luego en naciones más pequeñas). En esta lucha fue acompañada de traición, caudillos, crimen y golpes de Estado que estaban a la orden del día, ya los grupos buscaban alcanzar el poder a toda costa.

Los dos grupos tenían pensamientos diferentes, los liberales por un lado buscaban apartar a la iglesia del poder político y desligarse de antiguas estructuras coloniales. Los conservadores en cambio, defendían los intereses más próximos a la tradición colonial, que consistía en mantener la relación de la iglesia y el Estado, e instituciones coloniales. Al final, estos últimos fueron derrotados militar y políticamente, siendo desplazados definitivamente por los liberales en la conducción de los países. Poco a poco los liberales introducen procesos de modernización capitalista, previsibles para fines del siglo XIX desde 1870 hasta la segunda guerra mundial, para entonces comienza la penetración del mercado internacional que baja los estímulos internos y se convierte en capital de inversión en muchos casos extranjera de los nuevos países.

A pesar de tener un nuevo estado de carácter liberal muchos países latinoamericanos no conocen la experiencia democrática hasta mediados del siglo XX, ya que existió un Estado oligárquico, se expresa a través de formas de mediación autoritarias con una estructura burocrática militar que se va cimentando que cuanta con la dificultad de la falta de fondos para impulsar el desarrollo de los territorios, esto permitió la intervención de naciones extranjeras por ejemplo: Gran Bretaña y Estados Unidos. Con el tiempo los grupos liberales se transformaron en neo-conservadores enlas nuevas repúblicas existentes.

Los estados nacionales - luego de estas guerras liberales y conservadoras- lograron configurarse en un período que va desde 1870 hasta principios del siglo XX en latinoamérica. Este se proyectó como una renovación de todo atraso económico y social, sin embargo, donde se buscaba en principio la pacificación y la construcción de los aparatos estatales para construir la gobernabilidad de las flamantes repúblicas.

Esta tarea requería era importante, ya que prácticamente no se había formulado en ninguno de los países de la región el proyecto nacional que serviría de base para la construcción de los nuevos Estados, ni los límites de las repúblicas, sobre los cuales podían ejercer su soberanía. Las guerras civiles que hasta mediados del siglo XIX, y en algunos casos aún más allá, se extendieron esporádica e irregularmente por la geografía americana, sirvieron para encuadrar el tema y dejar perfiladas las fronteras nacionales. Estas fronteras terminaron estableciéndose de una forma definitiva, salvo algunas cuestiones de límites muy puntuales entre países vecinos, no se han planteado mayores problemas al respecto. Como excepción a este comportamiento se toma en cuenta la creación de Panamá a principios del siglo XX, la cual tuvo motivaciones diferentes.

Desde el momento de la independencia, la vida política y social latinoamericana puede explicarse por muchos de los fenómenos históricos sucedidos después como el caudillismo, el latifundismo, el militarismo y la corrupción que se suelen explicar acudiendo al concepto de herencia colonial.

Esto conduce a afirmar que América Latina se encuentra en tal estado de postración y catástrofe por su raíz hispánica y por el hecho de haber compartido con su antigua metrópoli una misma lengua e instituciones similares. Sin embargo eso no debe ser tomado como excusa que terminaría justificando situaciones de injusticia en base a la herencia colonial.

Esto conduce a afirmar que América Latina se encuentra en tal estado de postración y catástrofe por su raíz hispánica y por el hecho de haber compartido con su antigua metrópoli una misma lengua e instituciones similares. Tambien el origen de estos nacionalismos está influido por concepciones románticas, en el “amor a la patria”, era un liberalismo que se había transformado en un neo-conservadurismo y el cual se mantiene en las naciones creadas y que existen hasta nuestros días.

Asesinatos políticos en México?

En Nicaragua Daniel Ortega y en Guatemala el General Otto Perez, ambos resultaron ganadores de las elecciones este 6 de noviembre de 2011, las próximas elecciones a celebrarse serán en el Estado de Michoacan en México el 13 de noviembre de 2011. Cabe mencionar ( si usted no es de México), que cada estado tiene su propio calendario electoral, por lo que es importante analizar su coyuntura particular .

Los comicios elegirán un gobernador, 40 diputados y 113 alcaldes, además buscan restablecer el orden y la seguridad en todo el territorio de Michoacán, ya que el 2 de noviembre de 2011 Ricardo Guzmán Romero alcalde del municipio de Piedad fue atacado y asesinado tras un acto proselitista del PAN, partido en el que militaba.

Algunos funcionarios han expresado que si los representantes populares caen abatidos por el crimen organizado, ¿qué seguridad pueden tener las familias mexicanas?