El nombramiento de directores de Seguridad Pública con formación militar (Munguía Payes y Francisco Salinas) en El Salvador durante la gestión de Mauricio Funes ha generado diversas posturas:
La primera postura es de apoyo y confianza a su labor, esta posición la tienen el Presidente Mauricio Funes y los dos funcionarios elegidos. Sin embargo, los argumentos que utilizan carecen de fundamento jurídico y técnico. En el caso de Funes sus argumentos se basan en la “confianza” y en el “prestigio” que tienen las personas elegidas, y no tienen una fundamentación técnica ni jurídica. Por otro lado, Munguía Payes -como actor político- busca legitimar su posición de confianza a su gestión, esto basado en los resultados que va obteniendo en materia de seguridad pública, en la cual los homicidios son menores sí se comparan con la gestión de otros directores de seguridad, pero sin un sustento ni jurídico ni técnico que lo legitime. Otro aspecto a destacar, es que sus posturas de confianza en su gestión son coherentes en el tiempo, es decir, se mantienen firmes hacia las políticas de seguridad que promueven desde su nombramiento hasta la desvinculación con la dirección de las instituciones que presiden.
Una segunda postura es la de rechazo al nombramiento de Munguía Payes y Salinas, sus argumentos son basados en recursos técnicos y jurídicos, quienes mantienen esta posición son las organizaciones sociales como Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), Instituto Salvadoreño para la Democracia (ISD) y Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Ellos presentan un recurso a la Corte Suprema de Justicia quienes legitiman su argumentación, la posición de rechazo al nombramiento de los funcionarios y dicha postura es sostenida en el tiempo, por lo que podemos decir que es coherente.
Una tercera postura es una postura fluctuante, esta es mantenida por los Partidos Políticos. En este caso tanto ARENA como el FMLN, se muestran en ocasiones a favor y en contra otras veces en contra del nombramiento y del desempeño de Munguía Payes y Salinas dependiendo de la coyuntura. Por ejemplo, el FMLN tiene un comunicado en donde expresan abiertamente que el nombramiento de Munguía Payes y Salinas está en contra de lo establecido en los acuerdos de Paz, pero al darse la resolución de inconstitucionalidad parece que estuvieran a favor de la continuidad de los funcionarios. Caso similar es el de ARENA, donde Alfredo Cristiani, aseguró que el nombramiento no contradice el contenido material ni el espíritu de los Acuerdos de Paz. Sin embargo -con la resolución de la Corte Suprema de Justicia- dejaron entrever que los nuevos funcionarios deben trabajar a favor de los ciudadanos y no de los delincuentes, ya que la “tregua” propiciada por los funcionarios no ha sido el mecanismo más adecuado. Por tanto, en ambos casos su postura no ha sido mantenida en el tiempo.
Una cuarta postura es la de neutralidad o silencio, en donde actores importantes no se manifiestan de manera explícita acerca de la continuidad o no de los funcionarios, pero que se entiende que su postura resulta importante conocerla, los actores que mantienen esta postura sin el magistrado presidente de la Sala de lo constitucional y también gobierno de Estados Unidos.
Dicho esto, la ciudadanía debe prestar especial atención a los intereses de los actores que son más coherentes en el tiempo, y de aquellos que presentan las posturas más o menos racionales. Esto en contraposición de aquellas que los actores sostienen con base a sentimentalismo y/o que son incoherentes en el tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario