Mercado San Miguelito desde la gentrificacion, la realidad economica y la realidad politica

El Mercado San Miguelito sufrió un incendio en septiembre de 2021 que destruyó cerca del 45 % de su infraestructura (Canal 12, 2021; La Prensa Gráfica, 2021). Tras el siniestro, se inició un proceso de reconstrucción que culminó en un nuevo edificio de aproximadamente 45 000 m², distribuido en cuatro niveles y con capacidad para más de 1 000 locales (≈1 040) ( El Diario de Hoy, 2025a; El Salvador News, 2025a). 

La inversión total reportada para esta obra ascendió a unos 34 millones de dólares ( El Diario de Hoy, 2025b). En agosto de 2025, el mercado fue inaugurado oficialmente junto con el lanzamiento de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), entidad estatal encargada de administrar los nuevos mercados construidos o remodelados por el gobierno ( El Salvador News, 2025b). Sin embargo, la reapertura generó diversas controversias: comerciantes manifestaron preocupación por el incremento en los costos de arrendamiento, que en algunos casos superaron los 80 dólares cuando antes pagaban alrededor de 40 ( El Diario de Hoy, 2025c). 

Aunque las autoridades prometieron mantener los precios previos, muchos vendedores reportaron que los nuevos contratos incluían obligaciones adicionales como pago de IVA, contratación de contadores y mayores costos de servicios y mantenimiento ( La Prensa Gráfica, 2025a). A esto se sumó la incertidumbre por la asignación de puestos, ya que algunos vendedores no habían sido informados de la fecha exacta de inicio de operaciones y temían ser excluidos del proceso, especialmente quienes provenían del comercio informal ( La Prensa Gráfica, 2025b). 

En redes sociales circularon además críticas sobre posibles irregularidades y demoras injustificadas en la obra, como comentarios señalando que “solo tomó cinco años y un escándalo por corrupción” (Reddit, 2025), lo cual refleja la desconfianza pública hacia el proyecto. En términos urbanos y socioeconómicos, la modernización del mercado implica una mayor formalización para los vendedores —contratos, impuestos y tarifas más altas—, lo que podría reducir sus márgenes o desplazar a quienes no puedan asumir los nuevos costos. 

Para la ciudad, constituye un proyecto de renovación del centro histórico orientado a atraer visitantes y fortalecer la economía formal, pero también abre interrogantes sobre equidad, acceso y el posible desplazamiento del comercio popular. Como caso de estudio, el proyecto permite analizar procesos de modernización de mercados públicos, competencia entre economía formal e informal, riesgos de gentrificación comercial y modelos de administración estatal ( La Prensa Gráfica, 2025c; El Diario de Hoy, 2025d; El Salvador News, 2025c).

Gentrificación

1. Dimensión Económica: la ciudad como mercancía

En el caso del Mercado San Miguelito, la gentrificación económica se expresa cuando un espacio históricamente vinculado al comercio popular —accesible, comunitario y esencialmente informal— es reconfigurado bajo lógicas de inversión, rentabilidad y control del suelo. Tras el incendio de 2021, la reconstrucción introdujo dinámicas propias de la inversión inmobiliaria, puesto que la obra de US$34 millones aumentó drásticamente el valor del metro cuadrado y generó plusvalía urbana derivada de la infraestructura pública instalada. La revalorización del espacio elevó el costo de los arrendamientos de aproximadamente US$40 a montos que superan los US$80, operando así un proceso de mercantilización del comercio popular, donde la permanencia ya no depende de la trayectoria histórica de los vendedores sino de su capacidad de pago. El mercado, antes una infraestructura social de sustento comunitario, se transforma en un activo urbano vinculado a la financiarización de la ciudad, donde contratos, IVA, contadores y gastos administrativos formalizan a la fuerza un comercio tradicionalmente precario. Esto produce consumo elitizado, en el sentido de que los nuevos espacios y sus costos tienden a favorecer a comerciantes con mayor capital inicial.

La gentrificación económica del San Miguelito surge cuando el mercado deja de funcionar como un bien social y pasa a considerarse una mercancía cuyo acceso es regulado por la capacidad económica, no por su función histórica en la ciudad.

2. Dimensión Política: el Estado como promotor del capital

La gentrificación política del Mercado San Miguelito se manifiesta en la forma en que el Estado —municipal primero y luego central— dirige la reconstrucción bajo una lógica de urbanismo neoliberal, donde la modernización y la revitalización sirven como discursos legitimadores de un proyecto orientado al mercado. La creación de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN) centraliza el control de los espacios y desplaza el carácter municipalista y comunitario tradicional de los mercados populares. A través de mecanismos cercanos a las alianzas público-privadas, el Estado prioriza la eficiencia, la estética y el rendimiento económico del espacio sobre la participación vecinal o la permanencia de los comerciantes históricos.

La ausencia de procesos amplios de consulta ciudadana y la incertidumbre en la asignación de puestos revelan un fenómeno de captura del planeamiento urbano, donde las decisiones responden más a la necesidad gubernamental de mostrar “obras de país” que a la preservación del tejido económico popular. El control del ingreso, la vigilancia, la estética uniforme y la regulación estricta del comercio informal apuntan también a una privatización del espacio público, en la que el Estado actúa como un curador del uso del suelo según criterios de rentabilidad y ordenamiento visual, no de derecho a la ciudad. La gentrificación política del Mercado San Miguelito surge cuando la modernización estatal opera como vehículo de desplazamiento económico y social, priorizando la marca ciudad sobre la justicia urbana.

3. Dimensión Social: desplazamiento y pérdida del barrio

La gentrificación social del Mercado San Miguelito se evidencia en los procesos de desplazamiento físico y desplazamiento simbólico experimentados por los comerciantes. El aumento de costos de arrendamiento, la formalización obligatoria, los nuevos requisitos administrativos y la incertidumbre en la reasignación de puestos provocan que muchos vendedores tradicionales —de bajos ingresos, algunos con décadas de trabajo en el lugar— no puedan permanecer. Esto implica una pérdida de la diversidad social y productiva que caracterizaba al mercado como espacio de encuentro y subsistencia.

Incluso quienes lograron obtener un local experimentan desplazamiento simbólico, ya que el nuevo edificio impone dinámicas ajenas al comercio popular: uniformidad arquitectónica, vigilancia, restricciones operativas y una estética que privilegia un consumo más ordenado y orientado a sectores medios. Esta transformación genera ruptura del tejido barrial, pues las relaciones de solidaridad, confianza y cooperación de la antigua rutina del mercado se desarticulan ante un entorno más impersonal.

Asimismo, la reorganización espacial y la sustitución de comercios tradicionales por negocios más rentables constituyen un caso claro de homogeneización social y elitización del consumo. Las condiciones de la nueva infraestructura, junto con el control estatal, reducen la posibilidad de mantener prácticas culturales y económicas propias del comercio informal.

Por tanto, la gentrificación social del San Miguelito implica pérdida del sentido de pertenencia, fragmentación del barrio y debilitamiento de redes comunitarias presentes desde hace décadas

4. Dimension cultural/ la estética del despojo

En el plano cultural, la gentrificación del Mercado San Miguelito se expresa en la estetización del barrio, donde la reconstrucción privilegia una imagen “ordenada”, “pulcra” y “turísticamente presentable”, compatible con la estrategia de branding urbano del Centro Histórico. La sustitución de la estética popular —puestos improvisados, colores, gritos de venta, movimiento— por un diseño homogéneo, luminoso y controlado constituye un ejemplo de colonialismo urbano, en el que la cultura popular es reemplazada por una versión higienizada pensada para el consumo de visitantes.

La nueva infraestructura también encarna un proceso de patrimonialización selectiva: se preservan ciertos elementos “bonitos” o rentables de la identidad del mercado, mientras se omiten los más ruidosos, caóticos y auténticos del comercio popular. De esta manera, la cultura viva del mercado es reinterpretada como cultura boutique, donde lo “típico” se convierte en artículo decorativo o comercial, pero ya no pertenece plenamente a quienes lo crearon.

La desaparición de antiguos puestos, prácticas y personajes del mercado representa un borrado de la memoria popular, pues la historia de un lugar construido por mujeres vendedoras, familias enteras y cadenas de oficio queda desplazada por una narrativa oficial de modernidad. Esta transformación se acompaña de procesos de festivalización del espacio, donde el mercado y el Centro Histórico son convertidos en escenarios para eventos y fotografías, reforzando un consumo de autenticidad que ya no es auténtica para quienes vivían allí.

5. Dimensión Económica: desarrollo con redistribución (cómo NO se aplica al caso San Miguelito)

En el caso del Mercado San Miguelito, el proceso de reconstrucción no se acerca a un modelo económico redistributivo orientado al bienestar colectivo. Si la revitalización inclusiva buscara puestos asequibles, cooperativas de comerciantes y mecanismos de protección contra la especulación urbana, la realidad fue la contraria. No existieron políticas que garantizaran puestos con alquiler proporcional a los ingresos de los vendedores tradicionales; por el contrario, las nuevas tarifas duplicaron o triplicaron los costos previos, sin considerar la capacidad real de pago de los comerciantes que han sostenido históricamente el mercado.

Tampoco se promovió la creación de cooperativas de comerciantes, que podrían haber gestionado colectivamente los locales, los precios, el mantenimiento y la distribución del espacio. Este tipo de organización habría permitido que los beneficios del nuevo mercado —flujo de compradores, infraestructura moderna, seguridad— se distribuyeran equitativamente entre los vendedores. Sin embargo, el proceso fue centralizado, vertical y sin participación real, lo cual impidió la autogestión económica y consolidó un modelo orientado a la rentabilidad del suelo.

Además, no se implementaron alternativas como bancos de tierra para comercio popular, fondos rotatorios o microcréditos vecinales, ni mecanismos de comercio justo urbano que garantizaran precios adecuados, estabilidad económica y sostenibilidad para los pequeños vendedores. La economía solidaria local tampoco fue priorizada: los costos administrativos (IVA, contador, servicios, mantenimiento) aumentaron las barreras de entrada y de permanencia, afectando especialmente a quienes trabajan con márgenes mínimos.

Finalmente, el proyecto careció de herramientas de control de rentas comerciales, lo que habría evitado la expulsión económica de vendedores vulnerables. El resultado fue un mercado rediseñado para quienes pueden pagar, no para quienes lo hicieron posible durante décadas.

En síntesis, la dimensión económica de una revitalización inclusiva —puestos asequibles, cooperativas de gestión y economía solidaria— no se aplicó en el caso del Mercado San Miguelito. El proceso reforzó desigualdades, elevó costos y debilitó la permanencia del comercio popular, en lugar de redistribuir oportunidades y fortalecer el derecho histórico a vender en ese espacio.

6. Dimensión Política: gobernanza democrática del territorio 

En el proceso de reconstrucción del Mercado San Miguelito no se observan los principios de derecho a la ciudad ni de planeamiento participativo. Las decisiones sobre diseño, asignación de puestos y regulación del mercado fueron tomadas principalmente por el gobierno central, sin co-gobernanza local ni deliberación pública. Los comerciantes reportaron falta de información, ausencia de consulta y nula participación en los mecanismos de planificación urbana.

De igual modo, no existió un presupuesto ciudadano ni procesos de empoderamiento comunitario que permitieran a los vendedores influir en la obra o en su administración. La nueva Dirección de Mercados Nacionales (DMN) centraliza el control estatal, pero no construye espacios de gestión compartida con los usuarios históricos del mercado.

Tampoco hubo transparencia en las licitaciones urbanas, lo cual alimentó sospechas de irregularidades y favoreció una percepción de captura del proyecto por intereses políticos.

En este sentido, el caso San Miguelito contradice la noción de intervención estatal equitativa, pues la obra se orientó más hacia criterios de modernización y ordenamiento que hacia garantizar derechos urbanos a los comerciantes tradicionales.

7. Dimensión Social: cohesión y permanencia (cómo NO se aplica)

La reconstrucción del Mercado San Miguelito tampoco refleja una lógica de cohesión social o permanencia comunitaria. No existieron mecanismos de participación comunitaria que permitieran a los comerciantes decidir sobre su propio futuro. Tampoco se creó infraestructura o programas para fortalecer la cohesión social, las redes de apoyo mutuo o la organización vecinal.

Por el contrario, el aumento de costos, la incertidumbre en la reasignación de puestos y las nuevas reglas administrativas provocaron fragmentación social: algunos vendedores pudieron quedarse, otros fueron excluidos o desistieron por la imposibilidad de pagar. No hubo estrategias de resistencia antidesalojo, ni políticas que garantizaran la permanencia digna de todos los comerciantes afectados.

La formalización forzada debilitó la autogestión colectiva que antes caracterizaba a los mercados populares, y la transición del comercio informal al formal no estuvo acompañada de programas de apoyo, capacitación ni redes comunitarias de transición.  Por tanto, más que fortalecer el tejido social, el proceso produjo pérdida de vínculos, aumento de la vulnerabilidad y reducción del sentido de comunidad.

8. Dimensión Cultural: identidad y memoria colectiva (cómo NO se aplica)

La revitalización del Mercado San Miguelito no integró mecanismos de preservación del patrimonio inmaterial, ni de protección de la identidad barrial o la memoria colectiva que por décadas caracterizó al mercado. La transformación se orientó hacia una estética de modernidad que sustituyó gran parte de la cultura popular del lugar: colores, prácticas, voces, formas de organización y modos de comercio. No hubo procesos de arte comunitario, ni reapropiación simbólica, ni esfuerzos de educación patrimonial que recogieran la historia viva del mercado. Tampoco se promovió la interculturalidad urbana o festividades locales como parte de la reconstrucción.

En su lugar, se implementó una lógica de “embellecimiento” que borró elementos culturales clave y priorizó una estética homogénea, lo que impidió una recomunitarización del espacio. El resultado fue una pérdida de autenticidad y una ruptura con la memoria colectiva de generaciones de comerciantes y visitantes. De este modo, el caso San Miguelito no encarna una revitalización cultural, sino un proceso de sustitución simbólica donde la cultura popular fue subordinada a una estética institucional.

Referencias

Canal 12. (2021). Cobertura del incendio en el Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

La Prensa Gráfica. (2021). Incendio afecta parte del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025a). Nuevo edificio del Mercado San Miguelito contará con más de 1,000 locales. San Salvador, El Salvador.

El Salvador News. (2025a). Detalles de la reconstrucción del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025b). Gobierno invierte $34 millones en nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Salvador News. (2025b). Inauguran el Mercado San Miguelito y la Dirección de Mercados Nacionales (DMN). San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025c). Comerciantes reportan incrementos en los costos de arrendamiento en el nuevo mercado. San Salvador, El Salvador.

La Prensa Gráfica. (2025a). Vendedores expresan preocupación por nuevas obligaciones contractuales en el Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

La Prensa Gráfica. (2025b). Incertidumbre por asignación de puestos tras inauguración del nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

Reddit. (2025). Discusión sobre corrupción e irregularidades en la reconstrucción del Mercado San Miguelito. Recuperado de https://www.reddit.com/

La Prensa Gráfica. (2025c). Análisis urbano y social sobre la modernización del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025d). Impacto urbano y comercial de la reconstrucción del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Salvador News. (2025c). Efectos socioeconómicos del nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

La realidad económica del mercado San Miguelito

1. Estado Liberal (Adam Smith, “mano invisible”)

Lógica: mínima intervención del Estado, libertad total para fijar precios y competir.

El caso del San Miguelito no responde plenamente a un Estado liberal, pero sí se observan elementos compatibles con esta lógica. Después de la reconstrucción, el Estado permitió que los precios de los puestos aumentaran sin establecer topes ni regulaciones que protegieran a los vendedores tradicionales. Al dejar que el “mercado” determinara las rentas, muchos comerciantes quedaron expuestos a condiciones que no podían pagar. En un sentido liberal, se asumió que si un vendedor no puede pagar el alquiler, otro, más competitivo o con más capital, ocupará su lugar, reproduciendo la lógica del “dejar hacer, dejar pasar”.

El proceso muestra rasgos de Estado liberal porque el costo del puesto se dejó al funcionamiento del mercado, sin intervención para corregir desigualdades.

2. Estado Interventor (Keynes)

Lógica: el Estado regula para corregir desigualdades y estabilizar la economía.

El caso tampoco representa un Estado interventor, porque no hubo políticas para asegurar que los vendedores tradicionales pudieran permanecer.
Un Estado interventor habría:

• fijado rentas sociales o escalonadas,

• otorgado subsidios o créditos blandos,

• acompañado a los vendedores en la formalización,

• regulado costos de servicios públicos,

• garantizado participación y transparencia.

En cambio, el Estado intervino solo para construir la obra y centralizar la administración, pero no para proteger a los actores más vulnerables ni para reducir la desigualdad que generó la nueva infraestructura.

Hubo intervención física, pero no intervención redistributiva. Es una intervención orientada al ordenamiento, no al bienestar.

3. Estado Socialista (propiedad colectiva y planificación central)

Lógica: medios de producción colectivos o estatales, prioridad a la igualdad.

El mercado estuvo bajo control estatal a través de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), pero esto NO constituye socialismo.
¿Por qué?

• No hay propiedad colectiva del mercado.

• No existe planificación participativa.

• Los comerciantes no administran el mercado ni las ganancias.

• No hay distribución equitativa de los beneficios.

• Los costos no están ajustados al ingreso de los vendedores.

Es decir, aunque el Estado administra, no redistribuye, no colectiviza, y no elimina desigualdades, por lo que el caso no encaja en un modelo socialista.

Control estatal ≠ socialismo.
El caso no aplica la lógica socialista porque no prioriza igualdad, participación obrera o propiedad colectiva.

4. Estado Neoliberal (Hayek, Friedman)

Lógica: desregulación, privatización, competencia abierta, mercado como regulador principal.

Este es el modelo que mejor expresa lo ocurrido, porque:

• El Estado construye, pero luego opera bajo lógica empresarial.

• Los puestos se asignan por capacidad de pago, no por necesidad.

• No hay subsidios, ni control de precios, ni mecanismos redistributivos.

• Los comerciantes asumen los costos del IVA, contador, servicios y mantenimiento.

• La infraestructura se convierte en un activo orientado a la rentabilidad urbana.

• Se produce desplazamiento por costos (una forma de privatización social del espacio).

5. 6. 7. 8. Economía del Bienestar, Economía Institucional, Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI), Teoría de la Dependencia

El caso del Mercado San Miguelito no aplica a la Economía del Bienestar ni al modelo ISI porque no prioriza la equidad, la redistribución ni la protección productiva de los actores tradicionales; en cambio, sí se explica mejor desde la Economía Institucional y la Teoría de la Dependencia. Desde la perspectiva institucional, el mercado funciona como una institución extractiva: las decisiones fueron centralizadas, sin participación real de los comerciantes, y los beneficios de la modernización se concentraron en quienes poseen mayor capacidad económica, mientras los costos y riesgos recayeron en los vendedores más vulnerables. No se generaron reglas inclusivas, transparentes o equitativas, sino un entorno donde el acceso al espacio depende del pago y no del derecho histórico, reproduciendo desigualdad. Desde la Teoría de la Dependencia, el proceso refleja una dependencia interna en la que los comerciantes populares quedan subordinados a estructuras urbanas y económicas que no controlan: la formalización, los incrementos de renta, la dependencia de proveedores más grandes y la imposición de requisitos administrativos que favorecen a actores con mayor capital. Así, más que transformar las condiciones materiales de los vendedores, la obra refuerza relaciones desiguales propias de un sistema centro-periferia dentro de la misma ciudad.

Realidad Politica

1. Platón — NO aplica

Porque la reconstrucción no estuvo guiada por gobernantes “sabios” orientados al bien común, sino por decisiones centralizadas sin transparencia ni participación que favorecen intereses particulares, más cercanas a una oligarquía que a una aristocracia justa.

2. Aristóteles — NO aplica

Porque la acción estatal no buscó el “bien común” ni fortaleció la vida política de los ciudadanos (zoon politikon); al contrario, marginó a los comerciantes tradicionales y redujo espacios de participación comunitaria.

3. Maquiavelo — SÍ aplica parcialmente

Porque el gobierno actuó priorizando el orden, el control del territorio y la estabilidad política de la zona —no la representación de intereses— y usó la obra como instrumento de legitimación y demostración de poder.

4. Rousseau — NO aplica

Porque el proceso no expresó la “voluntad general”, no hubo consulta ciudadana ni democracia directa; la soberanía no residió en los vendedores ni en la comunidad, sino en decisiones unilaterales del poder público.

5. Hobbes — SÍ aplica parcialmente

Porque el Estado actuó como soberano fuerte que impone orden para evitar el “caos” del comercio informal; la prioridad fue el control y la seguridad, no la participación ni la equidad.

6. Montesquieu — NO aplica

Porque no hubo separación de poderes efectiva ni contrapesos: el Ejecutivo centralizó decisiones, administración, precios y regulación del mercado, sin supervisión legislativa ni judicial clara.

7. John Stuart Mill (democracia representativa) — NO aplica

Porque los vendedores no tuvieron mecanismos de representación, deliberación o defensa de sus intereses dentro del proceso; la democracia representativa no funcionó como canal de mediación.

8. Contrato Social moderno (participación/consenso) — NO aplica

Porque la reasignación de puestos, costos y administración careció de acuerdos colectivos y dejó fuera a los actores históricos, rompiendo el principio de consentimiento y cooperación ciudadana.

Gentrificacion desde la realidad Nacional

La gentrificación es un proceso urbano impulsado por el capital que transforma barrios populares en zonas de consumo y de alto valor inmobiliario. Este fenómeno, visible en ciudades de todo el mundo, implica una reconfiguración económica, política, social y cultural de los espacios urbanos. Aunque suele presentarse como un signo de modernización o embellecimiento, sus efectos profundos revelan dinámicas de desplazamiento, pérdida de identidad y exclusión.

El término fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en 1964, al observar los cambios ocurridos en varios barrios de Londres, donde sectores de clase media comenzaron a reocupar zonas obreras tradicionales, provocando el desplazamiento de sus residentes originales. Glass describió cómo este proceso estaba vinculado a la expansión del capital inmobiliario y a la valorización del suelo urbano, anticipando un patrón que luego se replicaría globalmente. Desde entonces, la gentrificación se entiende como una manifestación del capitalismo urbano, donde la ciudad se convierte en mercancía y la vivienda en activo financiero.

La revitalización inclusiva representa una alternativa ética y sostenible frente a la gentrificación. Se trata de un modelo de transformación urbana que busca mejorar los espacios sin expulsar a sus habitantes, equilibrando inversión, equidad y justicia social. A diferencia del desarrollo impulsado por el mercado, este enfoque pone en el centro el derecho a la ciudad, la participación ciudadana y la memoria colectiva.

1. Dimensión Económica: la ciudad como mercancía

La gentrificación no solo transforma el paisaje urbano; redefine la naturaleza económica de la ciudad. Lo que antes era un espacio para vivir, trabajar y convivir, se convierte en un escenario de inversión y especulación. En esta dimensión, la lógica del mercado domina la planificación urbana, desplazando el sentido comunitario y priorizando la rentabilidad del suelo sobre las necesidades humanas.

Definición de términos clave

• Inversión inmobiliaria: Entrada de capital privado (constructoras, fondos o individuos) que busca obtener ganancias a través de la compra, remodelación y venta de inmuebles.

• Especulación del suelo: Compra y retención de terrenos o propiedades esperando que aumenten de valor sin generar un uso social inmediato.

• Revalorización del metro cuadrado: Aumento del precio por unidad de superficie, lo que eleva las rentas y restringe el acceso a la vivienda.

• Mercantilización de la vivienda: Transformación del hogar en un bien de cambio, es decir, una mercancía sujeta a las reglas del mercado.

• Plusvalía urbana: Beneficio económico derivado de mejoras públicas (como transporte o infraestructura), que paradójicamente suele favorecer a los propietarios privados.

• Capital cultural como valor de cambio: Utilización de la “autenticidad” o del pasado popular de un barrio para aumentar su atractivo comercial.

• Turistificación: Adaptación del espacio urbano a las necesidades del turismo, que reconfigura el uso de los barrios y encarece la vida local.

• Financiarización de la ciudad: Predominio de las lógicas financieras (fondos de inversión, hipotecas, plataformas de alquiler) en la gestión del territorio.

• Consumo elitizado: Creación de espacios, comercios y servicios dirigidos a sectores de altos ingresos, excluyendo a los habitantes tradicionales.

La gentrificación económica surge cuando la vivienda deja de concebirse como un derecho social y se transforma en un activo financiero. A medida que la inversión inmobiliaria se dirige hacia barrios de tradición obrera o popular, los precios del suelo se disparan y la revalorización del metro cuadrado se convierte en un símbolo de “progreso”. No obstante, este progreso es excluyente: los residentes originales son desplazados por la imposibilidad de pagar alquileres más altos o impuestos crecientes.

Ejemplo: El caso del Centro Histórico de San Salvador ejemplifica la gentrificación económica porque la revalorización del territorio se produce mediante la inversión de capital inmobiliario y la mercantilización del espacio urbano, generando exclusión y segmentación social. La ciudad deja de pensarse como espacio común y se convierte en una mercancía al servicio del turismo, la estética y la rentabilidad. Aunque la zona se “embelleció”, los antiguos residentes y comerciantes fueron desplazados. Los trabajadores informales perdieron su fuente de ingresos, mientras que el acceso a la vivienda y al comercio en el área se volvió prohibitivo. En términos económicos, el valor del metro cuadrado aumentó drásticamente, generando una plusvalía urbana que benefició al capital privado y no a la población históricamente asentada allí.

2. Dimensión Política: el Estado como promotor del capital

La gentrificación no ocurre solo por la acción del mercado, sino también por la intervención (o inacción) del Estado. En la dimensión política, el poder público actúa como facilitador del capital, orientando la planificación urbana hacia la atracción de inversiones y el consumo antes que hacia la justicia social. El discurso de la “modernización” o la “revitalización urbana” suele enmascarar la concentración de beneficios en actores privados y la pérdida del derecho a la ciudad para amplios sectores de la población.

Definición de términos clave

• Urbanismo neoliberal: Modelo de gestión urbana que prioriza la competitividad, la eficiencia del mercado y la reducción del papel del Estado, trasladando funciones públicas a empresas privadas.

• Alianzas público-privadas: Acuerdos mediante los cuales el Estado cede la ejecución de obras o servicios a empresas, que buscan rentabilidad más que equidad.

• Zonas de Desarrollo Especial (ZEDES): Territorios con beneficios fiscales y marcos regulatorios flexibles para atraer inversión, a menudo con limitada rendición de cuentas.

• Captura del planeamiento urbano: Situación en que los planes de ordenamiento responden a intereses privados antes que al bien común.

• Lobbies inmobiliarios: Grupos de presión que influyen en decisiones gubernamentales para favorecer la construcción o especulación de alto rendimiento.

• Privatización del espacio público: Transferencia del control o uso de espacios comunes (calles, parques, plazas) a actores privados o comerciales.

• Reducidas políticas de vivienda social: las estrategias estatales para garantizar vivienda asequible son escasas o nulas, lo que agrava el desplazamiento poblacional.

• Marketing de ciudad: Promoción de una imagen urbana “moderna” o “segura” para atraer turismo e inversión, usualmente ocultando desigualdades estructurales.

• Política del espectáculo: Uso de eventos, obras o campañas mediáticas para legitimar políticas urbanas excluyentes.

• Gobernanza corporativa local: Modo de gestión en el que empresas, fundaciones o élites económicas inciden directamente en las decisiones municipales.

Ejemplo: Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador, impulsado primero por la alcaldía y luego reforzado por el Gobierno central. Detrás del discurso de recuperación patrimonial y seguridad ciudadana, se consolidaron alianzas público-privadas para remodelar espacios estratégicos y revalorizar el suelo urbano, sin mecanismos de participación vecinal ni políticas de reubicación digna para los comerciantes desalojados. La privatización del espacio público —mediante el control de accesos, vigilancia y concesión a marcas o fundaciones— ha reducido la libre apropiación ciudadana del centro y centrandose en el marketing de la ciudad más que en espacio común.

3. Dimensión Social: el desplazamiento y la pérdida del barrio

La gentrificación no solo cambia la economía o la política urbana: reconfigura las relaciones sociales y la identidad colectiva de los barrios. En esta dimensión, el impacto se manifiesta en la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad. Los espacios de encuentro, solidaridad y memoria son sustituidos por entornos impersonales y de consumo. Así, lo que alguna vez fue comunidad se convierte en una escenografía para visitantes y nuevos residentes con mayor poder adquisitivo.

Definición de términos clave

• Desplazamiento físico: Expulsión directa de los habitantes debido al aumento de rentas o la compra forzada de propiedades.

• Desplazamiento simbólico: Pérdida de identificación con el entorno cuando, aunque se permanezca en el lugar, ya no se reconocen las dinámicas, los rostros ni los valores del barrio.

• Homogeneización social: Sustitución de la diversidad social por una población con rasgos socioeconómicos y culturales similares (clase media o alta).

• Ruptura del tejido barrial: Desintegración de redes de apoyo, solidaridad y convivencia entre vecinos.

• Elitización del consumo: Aparición de comercios y servicios orientados a clases privilegiadas, que excluyen a los antiguos residentes.

• Exclusión residencial: Dificultad de acceso a vivienda en la zona por los altos precios o restricciones urbanísticas.

• Pérdida del sentido de pertenencia: Desarraigo emocional y cultural de los habitantes tradicionales frente a la transformación del entorno.

• Inseguridad habitacional: Inestabilidad derivada de la precariedad de los contratos, desalojos o amenazas de reubicación.

• Resistencia vecinal: Organización colectiva para defender el derecho a permanecer en el territorio.

• Fragmentación territorial: División espacial y simbólica entre zonas “modernas” y zonas “marginadas”.

Ejemplo: En el Centro Histórico de San Salvador, la gentrificación social se manifiesta con claridad a través de desplazamientos físicos y simbólicos. La reducción del comercio informal y el aumento de los alquileres provocaron el desplazamiento físico de cientos de vendedores y residentes que no pudieron sostener los nuevos costos de vida ni las regulaciones impuestas. Paralelamente, quienes lograron permanecer experimentan un desplazamiento simbólico, pues el entorno urbano —marcado ahora por cafés, galerías y restaurantes de consumo elitizado— ya no refleja sus prácticas cotidianas ni su identidad colectiva.

La transformación ha producido una notable homogeneización social, reemplazando la diversidad de clases, oficios y culturas que antes convivían en el área por una población orientada al turismo, el ocio y el consumo. Esta homogeneización ha derivado en la ruptura del tejido barrial: las redes de solidaridad entre vendedores, vecinos y transeúntes —que antes sostenían la vida del centro— se fragmentaron ante el control del espacio por actores privados y fuerzas de seguridad.

4. Dimensión Cultural: la estética del despojo

La gentrificación también opera en el plano simbólico y sensorial, moldeando la forma en que se representa, valora y consume la cultura urbana. En esta dimensión, el barrio deja de ser un espacio de vida cotidiana para convertirse en un objeto estético, un escenario diseñado para el turismo o las redes sociales. La cultura popular —viva, contradictoria y colectiva— es reemplazada por una “cultura boutique”, cuidadosamente curada para agradar al gusto de las clases medias y altas. De este modo, el proceso se convierte en una forma de colonialismo urbano, donde el capital reinterpreta el patrimonio de los sectores populares según sus propios criterios de belleza y rentabilidad.

Definición de términos clave

• Estetización del barrio: Transformación visual y simbólica de espacios urbanos populares en entornos “atractivos”, muchas veces sin considerar a sus habitantes originales.

• Cultura boutique: Comercialización de expresiones culturales locales como productos de consumo para públicos selectos.

• Colonialismo urbano: Apropiación simbólica de territorios populares por parte de grupos dominantes que los resignifican desde su estética y narrativa.

• Borrado de la memoria popular: Eliminación o invisibilización de las historias, prácticas y símbolos que daban identidad al barrio.

• Patrimonialización selectiva: Conservación o exaltación de ciertos elementos culturales (edificios, fiestas, tradiciones) que son rentables o “visualmente atractivos”, mientras se omiten otros.

• Consumo de autenticidad: Búsqueda de experiencias urbanas “auténticas” por parte de visitantes, convertidas en mercancías turísticas.

• Hipsterización: Llegada de nuevos habitantes que imponen estilos de vida alternativos o cosmopolitas, desplazando las culturas locales.

• Festivalización del espacio: Uso de eventos, ferias o festivales como instrumentos para reactivar el consumo y legitimar la renovación urbana.

• Branding urbano: Estrategia de mercadotecnia que convierte a la ciudad en una marca, asociada a valores de modernidad, creatividad o seguridad.

• Gusto de clase: Preferencias estéticas determinadas por la posición social, que definen qué se considera “bonito”, “seguro” o “digno de visitar”.

Ejemplo: En el Centro Histórico de San Salvador, la gentrificación cultural se hace visible a través de la estetización del barrio y la patrimonialización selectiva. Los murales coloridos, las luces ornamentales y la organización de festivales culturales buscan proyectar una imagen moderna y atractiva del centro, pero al mismo tiempo contribuyen al borrado de la memoria popular: se elimina de la narrativa oficial el papel histórico de los vendedores, artesanos y migrantes que dieron vida al lugar, y se promueve el branding urbano.

5. Dimensión Económica: desarrollo con redistribución

Frente a los efectos excluyentes de la gentrificación, surge una alternativa basada en la revitalización inclusiva y el urbanismo del bien común. En esta dimensión económica, la ciudad deja de pensarse como una máquina de acumulación y se concibe como un espacio de redistribución y sostenibilidad colectiva. El objetivo no es atraer capital especulativo, sino fortalecer las economías locales y garantizar el derecho a permanecer.

Definición de términos clave

• Vivienda asequible: Política que garantiza acceso a hogares dignos con costos proporcionales a los ingresos familiares.

• Cooperativas de vivienda: Modelos colectivos de propiedad y autogestión donde las familias comparten el suelo y las decisiones sobre su hábitat.

• Bancos de tierras comunitarios: Instrumentos públicos o sociales que administran terrenos para destinarlos a vivienda y proyectos comunitarios, evitando la especulación.

• Presupuestos participativos: Mecanismos donde la comunidad decide directamente el destino de parte de los recursos municipales.

• Economía solidaria local: Red de producción, comercio y servicios gestionados por comunidades que priorizan el bienestar sobre la ganancia.

• Microcréditos vecinales: Fondos rotatorios gestionados localmente para apoyar emprendimientos o mejoras habitacionales.

• Comercio justo urbano: Prácticas económicas que garantizan precios justos, condiciones laborales dignas y sostenibilidad ambiental dentro de la ciudad.

• Empleo local digno: Estrategias que promueven trabajo estable y formal dentro del mismo territorio urbano.

• Control de rentas: Regulación del precio de alquileres para evitar la expulsión de residentes por especulación inmobiliaria.

• Urbanismo del bien común: Enfoque de planificación que prioriza el uso social del suelo, el acceso equitativo a servicios y la cohesión comunitaria.

Ejemplo: La cooperativa ACOVICON, también ubicada en el centro capitalino. Este edificio albergaría 12 apartamentos y un local comercial en la planta baja, pensado para actividades productivas o de servicios gestionadas por las familias residentes.

El proyecto encarna la lógica de la vivienda asequible con uso mixto: un modelo urbano que integra el trabajo comunitario, el comercio justo local y la economía solidaria en un solo entorno. Además, la gestión colectiva del inmueble y la participación directa de las familias en la toma de decisiones fortalecen la autonomía económica y la permanencia en el territorio, incluso en una zona donde la presión inmobiliaria suele expulsar a los sectores populares.

6. Dimensión Política: gobernanza democrática del territorio

La revitalización inclusiva implica una transformación profunda del papel del Estado: de promotor del capital a garante de derechos. En esta dimensión política, la ciudad se entiende como un bien común que requiere procesos democráticos de decisión y gestión. La política urbana deja de formularse desde los despachos técnicos y pasa a construirse desde la voz de las comunidades. El territorio ya no se planifica para el mercado, sino para la vida en común.

Definición de términos clave

• Derecho a la ciudad: Principio que reconoce que todas las personas deben participar y beneficiarse de las decisiones sobre su entorno urbano.

• Justicia urbana: Distribución equitativa de los beneficios y cargas del desarrollo, garantizando acceso igualitario a vivienda, servicios y espacios públicos.

• Planeamiento participativo: Procesos donde las comunidades intervienen activamente en la elaboración de planes urbanos y proyectos locales.

• Presupuesto ciudadano: Mecanismo mediante el cual la población decide directamente el destino de una parte de los recursos municipales.

• Co-gobernanza local: Gestión compartida del territorio entre autoridades, comunidades y actores sociales.

• Transparencia en licitaciones urbanas: Acceso público a la información sobre adjudicación de proyectos, costos y contratistas.

• Planificación inclusiva: Diseño urbano que incorpora las necesidades de grupos diversos: mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones de bajos ingresos.

• Política de vivienda pública: Intervención estatal que garantiza vivienda digna y asequible sin depender del mercado.

• Empoderamiento comunitario: Capacidad colectiva para incidir en políticas, defender el territorio y generar soluciones locales.

• Intervención estatal equitativa: Participación activa del Estado en la redistribución de recursos y oportunidades urbanas, evitando la concentración de beneficios.

En Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán el gobierno local ha impulsado presupuestos participativos desde inicios de los años 2000, permitiendo que las comunidades rurales y urbanas decidan directamente en qué invertir parte de los fondos municipales: caminos, agua potable, vivienda o espacios comunitarios.

7. Dimensión Social: cohesión y permanencia

En la revitalización inclusiva, el centro de la transformación no está en la infraestructura, sino en las personas. Esta dimensión social propone un giro: de la expulsión al arraigo, del despojo a la pertenencia. Frente a la fragmentación producida por la gentrificación, las comunidades se organizan para reconstruir su tejido social, fortalecer sus redes y sostenerse mutuamente. No se trata solo de permanecer en el territorio, sino de revivir la comunidad como sujeto político y solidario.

Definición de términos clave

• Participación comunitaria: Implicación directa de los habitantes en la toma de decisiones y en la gestión de los proyectos que afectan su entorno.

• Cohesión social: Sentido de unión, confianza y cooperación entre los miembros de una comunidad.

• Inclusión intergeneracional: Integración activa de distintas edades en procesos de convivencia, cuidado y aprendizaje colectivo.

• Resiliencia barrial: Capacidad de una comunidad para adaptarse y responder de forma solidaria a crisis o transformaciones urbanas.

• Organización vecinal: Estructuras locales que canalizan demandas, coordinan acciones y promueven derechos en el territorio.

• Autogestión colectiva: Administración de recursos, espacios o servicios por parte de los propios vecinos sin depender exclusivamente del Estado.

• Redes de apoyo mutuo: Sistemas informales o formales de ayuda recíproca entre familias y comunidades.

• Resistencia antidesalojo: Movilización social para impedir desplazamientos forzados o injustos.

• Movimientos urbanos: Colectivos ciudadanos que luchan por el derecho a la ciudad, la vivienda y la justicia espacial.

• Ciudadanía activa: Ejercicio cotidiano de los derechos y deberes cívicos a través de la participación y la incidencia pública.

Ejemplo: Comunidad Las Palmas (San Salvador) tras el terremoto del 10 de octubre de 1986. El sismo destruyó gran parte del asentamiento, pero la junta directiva comunitaria se organizó, pidió acompañamiento a FUNDASAL y, con procesos de ayuda mutua, formación y fortalecimiento organizativo, lograron reconstruir viviendas, infraestructura básica y el tejido barrial. La obra física fue el resultado de esa cohesión social previa: asambleas, gestión colectiva del suelo y participación vecinal en cada etapa. Es un caso clásico en El Salvador de cómo, “botado lo material”, la organización comunitaria reestructuró el territorio y aseguró permanencia.

8. Dimensión Cultural: identidad y memoria colectiva

En la revitalización inclusiva, la cultura no es un adorno ni un producto de consumo: es el alma de la ciudad. La identidad barrial y la memoria colectiva actúan como cimientos invisibles que sostienen la vida urbana. Frente a los modelos que mercantilizan la cultura y borran las huellas del pasado, la revitalización con enfoque comunitario busca reapropiar el espacio urbano desde el arte, la historia y la pertenencia. Cada mural, cada celebración, cada nombre de calle conservado se convierte en un acto de resistencia simbólica contra la homogeneización.

Definición de términos clave

• Preservación del patrimonio inmaterial: Salvaguarda de saberes, tradiciones y expresiones culturales que dan sentido al territorio.

• Identidad barrial: Sentido de pertenencia construido a partir de experiencias compartidas, símbolos locales y relaciones cotidianas.

• Memoria colectiva: Recuerdo social que vincula a las generaciones con los procesos históricos y culturales del barrio.

• Arte comunitario: Creación artística participativa que fortalece la cohesión social y resignifica el espacio público.

• Educación patrimonial: Formación que promueve el conocimiento y la valoración del patrimonio local entre la comunidad.

• Interculturalidad urbana: Reconocimiento de la diversidad cultural dentro de la ciudad como fuente de diálogo y convivencia.

• Festividades locales: Celebraciones que refuerzan la identidad colectiva y dinamizan el tejido comunitario.

• Reapropiación simbólica del espacio: Acción de recuperar el significado cultural o afectivo de un lugar transformado o amenazado.

• Ecología cultural: Equilibrio entre desarrollo urbano y preservación de las expresiones culturales que humanizan el territorio.

• Recomunitarización: Proceso mediante el cual los habitantes reactivan vínculos solidarios y culturales tras etapas de fragmentación.

En El Salvador Suchitoto combina la revitalización urbana y la fuerza cultural de su gente. Tras los estragos de la guerra civil, los barrios de Suchitoto fueron reconstruidos no solo con cemento y ladrillo, sino con arte comunitario, festividades locales y educación patrimonial. Las comunidades organizaron talleres de muralismo, ferias de artesanía y festivales de memoria histórica, recuperando relatos de resistencia, desplazamiento y retorno

Analisis desde la Realidad economica

El marco de referencia para el análisis de la Realidad Nacional desde perspectivas economicas es variado, este marco tiene como objetivo establecer las bases para analizar la realidad nacional desde diferentes perspectivas ideológicas relacionadas con el Estado desde la parte economica. En este sentido, se establecen perspectivas acerca de un estado: liberal, interventor, socialista y neoliberal desde la perspectiva de economía y la concentración del poder y los recursos.  Comprender cómo diferentes ideologías configuran el rol del Estado en la economía es esencial para evaluar la concentración del poder y los recursos en contextos nacionales específicos, considerando cómo cada modelo impacta las dinámicas económicas

1. Estado Liberal

El Estado liberal está basado en los principios del individualismo, la propiedad privada y la libre competencia. Su función principal es garantizar el estado de derecho, los derechos individuales y la seguridad, interviniendo lo menos posible en la economía y la sociedad. En este modelo, se fomenta el lema "dejar hacer, dejar pasar", permitiendo que las fuerzas del mercado regulen la oferta y la demanda. Adam Smith es representativo de esta perspectiva. Adam Smith, por ejemplo, defendió que la "mano invisible" del mercado era suficiente para equilibrar la economía sin intervención estatal.

Por ejemplo, en una panadería bajo un modelo liberal, el dueño tiene total libertad para fijar precios, decidir qué productos ofrecer y cómo manejar su negocio. Si otro competidor abre una panadería cercana, se asume que la competencia mejorará la calidad y reducirá los precios. Sin embargo, este enfoque podría generar desigualdad, ya que las panaderías más pequeñas podrían verse desplazadas por grandes cadenas con mayores recursos.

2. Estado Interventor

El Estado interventor asume un papel activo en la regulación económica y social para corregir desigualdades y garantizar el bienestar general. John Maynard Keynes es una figura clave que defiende este enfoque, argumentando que el gasto público y la regulación estatal son necesarios para estabilizar la economía.

En el caso de una panadería, el Estado podría establecer regulaciones sobre los precios del pan para garantizar que sean accesibles a toda la población, además de proporcionar subsidios a los pequeños panaderos para que puedan competir con grandes empresas. También podría implementar normativas estrictas de calidad y seguridad alimentaria. Aunque esto beneficia a los consumidores y pequeños productores, podría aumentar la burocracia y limitar la flexibilidad del negocio.

3. Estado Socialista

El Estado socialista busca la eliminación de las desigualdades económicas y sociales mediante la propiedad colectiva de los medios de producción y una planificación centralizada. Karl Marx y Friedrich Engels son los principales autores de esta corriente, con Vladimir Lenin como representante en la práctica política.

En un modelo socialista, la panadería sería administrada por el Estado o por una cooperativa de trabajadores. Los precios, los insumos y las ganancias serían controlados y distribuidos de manera equitativa, priorizando el acceso al pan como un derecho básico. Si bien esto garantiza que todos tengan acceso al producto, la falta de incentivos individuales podría reducir la innovación y la eficiencia en el manejo de la panadería.

4. Estado Neoliberal

El neoliberalismo promueve una reducción significativa del papel del Estado, defendiendo la desregulación, la privatización y la apertura de mercados. Friedrich Hayek y Milton Friedman son defensores de esta perspectiva. Este modelo considera que el mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos y fomenta, directa o indirectamente, la concentración de capital en pocas manos.

Aplicado a una panadería, el modelo neoliberal permitiría la privatización de cualquier apoyo estatal, como subsidios o créditos, dejando que los dueños compitan en un mercado completamente abierto. Si bien esto fomenta la eficiencia y la competitividad, también podría generar la concentración del mercado en grandes cadenas panaderas, desplazando a los pequeños negocios y aumentando las desigualdades.

Los apartados del neoliberalismo aplican con instrumentos como los siguientes:

Tratado de Libre Comercio (TLC):  En el marco neoliberal, los TLC son instrumentos clave para promover la apertura económica y la integración de mercados internacionales. Estos tratados buscan eliminar barreras comerciales, como aranceles y cuotas, fomentando la libre circulación de bienes, servicios y capital. Desde esta perspectiva, el TLC impulsa la competencia y la eficiencia, permitiendo a los países acceder a mercados más amplios y beneficiarse de la especialización según sus ventajas comparativas. Sin embargo, también puede favorecer la concentración de capital en grandes corporaciones transnacionales, que poseen mayor capacidad para adaptarse y competir en mercados globales.

Un TLC en teoria permitiría a una panadería importar insumos más baratos, como harina o maquinaria, reduciendo costos de producción. Sin embargo, también podría exponerla a la competencia de productos panificados importados a bajo costo, afectando su sostenibilidad.

La privatización: es uno de los pilares del neoliberalismo y consiste en transferir la propiedad y la gestión de bienes y servicios públicos al sector privado. Este enfoque argumenta que las empresas privadas son más eficientes que las públicas en la gestión de recursos debido a la competencia y los incentivos para maximizar beneficios. Sin embargo, esta práctica puede conducir a la concentración de recursos en pocas manos, especialmente cuando los bienes privatizados incluyen servicios esenciales como agua, energía o transporte.

En un contexto de privatización, el Estado podría vender una panadería estatal o cooperativa a un grupo privado. Si bien esto podría mejorar la eficiencia operativa, podría limitar el acceso a precios asequibles o reducir la capacidad de pequeños panaderos para competir.

La dolarización: implica adoptar una moneda extranjera (generalmente el dólar estadounidense) como moneda oficial, buscando estabilizar la economía y facilitar el comercio internacional. En el marco neoliberal, la dolarización elimina la autonomía monetaria y reduce el riesgo de devaluaciones, lo que fomenta la confianza de los inversores. No obstante, también puede limitar la capacidad del Estado para responder a crisis económicas y favorecer la concentración de poder económico en actores que ya tienen acceso a divisas.

La dolarización podría beneficiar a una panadería al facilitar la compra de insumos importados y estabilizar precios. Sin embargo, también podría encarecer los costos de producción si los ingresos de los consumidores no se ajustan a los precios dolarizados, afectando la demanda y favoreciendo a grandes cadenas con mayor capacidad para absorber fluctuaciones económicas.

5. Economía del Bienestar (Welfare Economics)

La Economía del Bienestar, desarrollada inicialmente por Arthur Pigou (1920) y más tarde enriquecida por Amartya Sen, se centra en evaluar las políticas públicas según su impacto en el bienestar social, no únicamente en la eficiencia del mercado. Esta corriente parte del principio de que el crecimiento económico solo tiene sentido si mejora las condiciones de vida de las personas, reduce desigualdades y fortalece las capacidades humanas.

A diferencia de los enfoques puramente liberales, la economía del bienestar considera que el mercado, por sí solo, no garantiza resultados justos. Por ello, el Estado debe intervenir para corregir las “fallas del mercado”, tales como las externalidades, los monopolios naturales o la sobreexplotación de los bienes comunes. Aquí se conecta con el llamado “dilema de los comunes”, formulado por Garrett Hardin (1968), que describe cómo los individuos, al actuar racionalmente en su propio interés, pueden destruir recursos compartidos que benefician a todos.

Imaginemos un pasto comunal utilizado por varios ganaderos de una comunidad. Cada uno busca maximizar su beneficio individual agregando más vacas, lo que aumenta sus ingresos a corto plazo. Sin embargo, si todos hacen lo mismo, el pasto termina sobreexplotado, el suelo se degrada y la comunidad pierde su fuente de sustento. Este escenario representa una falla del mercado en la gestión de bienes comunes, pues las decisiones individuales no reflejan el costo social colectivo.

Desde la perspectiva de la economía del bienestar, la solución no es eliminar el bien común, sino establecer mecanismos institucionales o normativos que promuevan su uso sostenible: regulación estatal, incentivos fiscales, o gobernanza comunitaria.

Amartya Sen amplía esta visión al incorporar una dimensión ética: no basta con medir el bienestar por ingresos o consumo, sino por las capacidades reales de las personas para vivir la vida que valoran. Así, el bienestar implica tanto el acceso equitativo a los recursos como la posibilidad efectiva de usarlos de manera libre y responsable.

El Estado Interventor y el Estado de Bienestar comparten la idea de que el mercado no puede regularse solo, pero difieren en su alcance y propósito. El primero, inspirado en John Maynard Keynes, busca principalmente estabilizar la economía mediante la regulación, el gasto público y la inversión estatal, corrigiendo las crisis y manteniendo el empleo. En cambio, el Estado de Bienestar, basado en la Economía del Bienestar y en la idea de justicia social, va más allá de la intervención económica: su objetivo es garantizar derechos sociales universales como salud, educación, vivienda y pensiones, reduciendo desigualdades y promoviendo la equidad. En síntesis, mientras el Estado Interventor actúa para equilibrar el mercado, el Estado de Bienestar actúa para redistribuir los beneficios del desarrollo y asegurar condiciones dignas de vida para toda la población.

6. Economia Institucional

Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su obra Why Nations Fail (2012), sostienen que la prosperidad de los países no depende tanto de su riqueza natural o de políticas específicas, sino de la calidad de sus instituciones políticas y económicas. La clave está en si esas instituciones son inclusivas —es decir, promueven la participación, la competencia y la innovación— o extractivas, cuando concentran el poder y los recursos en pocas manos.

Las instituciones inclusivas fomentan la inversión y la creatividad porque las personas confían en que podrán disfrutar de los frutos de su trabajo. Ejemplos claros son los países nórdicos como Suecia o Noruega, donde el acceso equitativo a la educación, los derechos laborales y la estabilidad jurídica generan altos niveles de productividad y cohesión social. En América Latina, Uruguay se acerca a este modelo gracias a su sistema político estable y su cobertura social universal.

En contraste, las instituciones extractivas concentran poder y recursos en una élite que usa el Estado para su propio beneficio. En estos sistemas, el crecimiento económico puede existir, pero no se distribuye; el desarrollo se vuelve frágil y desigual. Un ejemplo es Venezuela durante el auge petrolero de los años 2000, cuando los ingresos del petróleo se concentraron en manos de grupos vinculados al poder, mientras la infraestructura productiva y los servicios públicos colapsaban. Otro caso es el de El Salvador en los años 90 y 2000, donde las privatizaciones sin regulación efectiva concentraron servicios esenciales —como la banca, las telecomunicaciones o la energía— en pocos conglomerados empresariales, limitando la competencia real.

Desde la perspectiva del análisis de la Realidad Nacional, esta teoría explica por qué algunos países o territorios dentro de un mismo Estado prosperan y otros no: la diferencia no está en la geografía ni en la cultura, sino en el grado en que las instituciones permiten o bloquean la participación de la ciudadanía en la economía y en la toma de decisiones. En síntesis, la desigualdad y el estancamiento no son accidentes, sino consecuencias de estructuras institucionales que extraen valor de muchos para beneficio de pocos.

7. Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI)

La Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) fue una estrategia económica aplicada en América Latina entre las décadas de 1950 y 1970, impulsada por la CEPAL bajo el liderazgo de Raúl Prebisch y Celso Furtado. Su propósito era reducir la dependencia externa de productos manufacturados y promover la industrialización interna, protegiendo a las nuevas industrias nacionales mediante aranceles, subsidios y empresas estatales. El modelo partía del diagnóstico de que los países latinoamericanos ocupaban una posición periférica en la economía mundial —exportadores de materias primas y consumidores de bienes industriales— y que solo mediante un Estado planificador e interventor podrían revertir esa desigualdad estructural. En El Salvador y Centroamérica, este enfoque se materializó con la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA), que buscó integrar los mercados nacionales para sostener una industria regional. Aunque logró aumentar la producción y el comercio intrarregional, el modelo generó desequilibrios: los beneficios se concentraron en las élites urbanas, persistió la dependencia tecnológica y surgieron tensiones entre los países más industrializados (como El Salvador y Guatemala) y los menos desarrollados (como Honduras y Nicaragua). A fines de los años setenta, la crisis fiscal y la apertura comercial global llevaron al declive del modelo ISI, abriendo paso al neoliberalismo.

8. Teoría de la Dependencia

La Teoría de la Dependencia surgió en los años sesenta como una respuesta crítica al fracaso del modelo de sustitución de importaciones y al orden económico internacional. Autores como Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini y Fernando Henrique Cardoso argumentaron que el subdesarrollo latinoamericano no era una etapa previa al desarrollo, sino una consecuencia estructural de la inserción desigual de la región en el sistema capitalista global. Desde esta perspectiva, el mundo se divide en un centro —formado por las potencias industrializadas— y una periferia, compuesta por economías dependientes que exportan materias primas e importan bienes de alto valor agregado. Esta relación de dependencia reproduce la desigualdad y limita la soberanía económica. Los teóricos de la dependencia propusieron fortalecer el papel del Estado, promover la integración regional y reducir la subordinación tecnológica y financiera. En la práctica, su diagnóstico se reflejó en las tensiones de los años setenta, cuando países como Chile, Brasil o México intentaron caminos de desarrollo más autónomos. En Centroamérica, la dependencia se mantuvo bajo nuevas formas —como la dependencia de remesas, créditos internacionales y exportaciones agroindustriales—, mostrando que la estructura de subordinación económica denunciada por esta teoría sigue vigente bajo nuevas dinámicas globales.