El Mercado San Miguelito sufrió un incendio en septiembre de 2021 que destruyó cerca del 45 % de su infraestructura (Canal 12, 2021; La Prensa Gráfica, 2021). Tras el siniestro, se inició un proceso de reconstrucción que culminó en un nuevo edificio de aproximadamente 45 000 m², distribuido en cuatro niveles y con capacidad para más de 1 000 locales (≈1 040) ( El Diario de Hoy, 2025a; El Salvador News, 2025a).
La inversión total reportada para esta obra ascendió a unos 34 millones de dólares ( El Diario de Hoy, 2025b). En agosto de 2025, el mercado fue inaugurado oficialmente junto con el lanzamiento de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), entidad estatal encargada de administrar los nuevos mercados construidos o remodelados por el gobierno ( El Salvador News, 2025b). Sin embargo, la reapertura generó diversas controversias: comerciantes manifestaron preocupación por el incremento en los costos de arrendamiento, que en algunos casos superaron los 80 dólares cuando antes pagaban alrededor de 40 ( El Diario de Hoy, 2025c).
Aunque las autoridades prometieron mantener los precios previos, muchos vendedores reportaron que los nuevos contratos incluían obligaciones adicionales como pago de IVA, contratación de contadores y mayores costos de servicios y mantenimiento ( La Prensa Gráfica, 2025a). A esto se sumó la incertidumbre por la asignación de puestos, ya que algunos vendedores no habían sido informados de la fecha exacta de inicio de operaciones y temían ser excluidos del proceso, especialmente quienes provenían del comercio informal ( La Prensa Gráfica, 2025b).
En redes sociales circularon además críticas sobre posibles irregularidades y demoras injustificadas en la obra, como comentarios señalando que “solo tomó cinco años y un escándalo por corrupción” (Reddit, 2025), lo cual refleja la desconfianza pública hacia el proyecto. En términos urbanos y socioeconómicos, la modernización del mercado implica una mayor formalización para los vendedores —contratos, impuestos y tarifas más altas—, lo que podría reducir sus márgenes o desplazar a quienes no puedan asumir los nuevos costos.
Para la ciudad, constituye un proyecto de renovación del centro histórico orientado a atraer visitantes y fortalecer la economía formal, pero también abre interrogantes sobre equidad, acceso y el posible desplazamiento del comercio popular. Como caso de estudio, el proyecto permite analizar procesos de modernización de mercados públicos, competencia entre economía formal e informal, riesgos de gentrificación comercial y modelos de administración estatal ( La Prensa Gráfica, 2025c; El Diario de Hoy, 2025d; El Salvador News, 2025c).
Gentrificación
1. Dimensión Económica: la ciudad como mercancía
La gentrificación económica del San Miguelito surge cuando el mercado deja de funcionar como un bien social y pasa a considerarse una mercancía cuyo acceso es regulado por la capacidad económica, no por su función histórica en la ciudad.
2. Dimensión Política: el Estado como promotor del capital
La gentrificación política del Mercado San Miguelito se manifiesta en la forma en que el Estado —municipal primero y luego central— dirige la reconstrucción bajo una lógica de urbanismo neoliberal, donde la modernización y la revitalización sirven como discursos legitimadores de un proyecto orientado al mercado. La creación de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN) centraliza el control de los espacios y desplaza el carácter municipalista y comunitario tradicional de los mercados populares. A través de mecanismos cercanos a las alianzas público-privadas, el Estado prioriza la eficiencia, la estética y el rendimiento económico del espacio sobre la participación vecinal o la permanencia de los comerciantes históricos.
3. Dimensión Social: desplazamiento y pérdida del barrio
4. Dimension cultural/ la estética del despojo
5. Dimensión Económica: desarrollo con redistribución (cómo NO se aplica al caso San Miguelito)
En el caso del Mercado San Miguelito, el proceso de reconstrucción no se acerca a un modelo económico redistributivo orientado al bienestar colectivo. Si la revitalización inclusiva buscara puestos asequibles, cooperativas de comerciantes y mecanismos de protección contra la especulación urbana, la realidad fue la contraria. No existieron políticas que garantizaran puestos con alquiler proporcional a los ingresos de los vendedores tradicionales; por el contrario, las nuevas tarifas duplicaron o triplicaron los costos previos, sin considerar la capacidad real de pago de los comerciantes que han sostenido históricamente el mercado.
Tampoco se promovió la creación de cooperativas de comerciantes, que podrían haber gestionado colectivamente los locales, los precios, el mantenimiento y la distribución del espacio. Este tipo de organización habría permitido que los beneficios del nuevo mercado —flujo de compradores, infraestructura moderna, seguridad— se distribuyeran equitativamente entre los vendedores. Sin embargo, el proceso fue centralizado, vertical y sin participación real, lo cual impidió la autogestión económica y consolidó un modelo orientado a la rentabilidad del suelo.
Además, no se implementaron alternativas como bancos de tierra para comercio popular, fondos rotatorios o microcréditos vecinales, ni mecanismos de comercio justo urbano que garantizaran precios adecuados, estabilidad económica y sostenibilidad para los pequeños vendedores. La economía solidaria local tampoco fue priorizada: los costos administrativos (IVA, contador, servicios, mantenimiento) aumentaron las barreras de entrada y de permanencia, afectando especialmente a quienes trabajan con márgenes mínimos.
Finalmente, el proyecto careció de herramientas de control de rentas comerciales, lo que habría evitado la expulsión económica de vendedores vulnerables. El resultado fue un mercado rediseñado para quienes pueden pagar, no para quienes lo hicieron posible durante décadas.
En síntesis, la dimensión económica de una revitalización inclusiva —puestos asequibles, cooperativas de gestión y economía solidaria— no se aplicó en el caso del Mercado San Miguelito. El proceso reforzó desigualdades, elevó costos y debilitó la permanencia del comercio popular, en lugar de redistribuir oportunidades y fortalecer el derecho histórico a vender en ese espacio.
6. Dimensión Política: gobernanza democrática del territorio
En el proceso de reconstrucción del Mercado San Miguelito no se observan los principios de derecho a la ciudad ni de planeamiento participativo. Las decisiones sobre diseño, asignación de puestos y regulación del mercado fueron tomadas principalmente por el gobierno central, sin co-gobernanza local ni deliberación pública. Los comerciantes reportaron falta de información, ausencia de consulta y nula participación en los mecanismos de planificación urbana.
De igual modo, no existió un presupuesto ciudadano ni procesos de empoderamiento comunitario que permitieran a los vendedores influir en la obra o en su administración. La nueva Dirección de Mercados Nacionales (DMN) centraliza el control estatal, pero no construye espacios de gestión compartida con los usuarios históricos del mercado.
7. Dimensión Social: cohesión y permanencia (cómo NO se aplica)
La reconstrucción del Mercado San Miguelito tampoco refleja una lógica de cohesión social o permanencia comunitaria. No existieron mecanismos de participación comunitaria que permitieran a los comerciantes decidir sobre su propio futuro. Tampoco se creó infraestructura o programas para fortalecer la cohesión social, las redes de apoyo mutuo o la organización vecinal.
Por el contrario, el aumento de costos, la incertidumbre en la reasignación de puestos y las nuevas reglas administrativas provocaron fragmentación social: algunos vendedores pudieron quedarse, otros fueron excluidos o desistieron por la imposibilidad de pagar. No hubo estrategias de resistencia antidesalojo, ni políticas que garantizaran la permanencia digna de todos los comerciantes afectados.
La formalización forzada debilitó la autogestión colectiva que antes caracterizaba a los mercados populares, y la transición del comercio informal al formal no estuvo acompañada de programas de apoyo, capacitación ni redes comunitarias de transición. Por tanto, más que fortalecer el tejido social, el proceso produjo pérdida de vínculos, aumento de la vulnerabilidad y reducción del sentido de comunidad.
8. Dimensión Cultural: identidad y memoria colectiva (cómo NO se aplica)
La revitalización del Mercado San Miguelito no integró mecanismos de preservación del patrimonio inmaterial, ni de protección de la identidad barrial o la memoria colectiva que por décadas caracterizó al mercado. La transformación se orientó hacia una estética de modernidad que sustituyó gran parte de la cultura popular del lugar: colores, prácticas, voces, formas de organización y modos de comercio. No hubo procesos de arte comunitario, ni reapropiación simbólica, ni esfuerzos de educación patrimonial que recogieran la historia viva del mercado. Tampoco se promovió la interculturalidad urbana o festividades locales como parte de la reconstrucción.
En su lugar, se implementó una lógica de “embellecimiento” que borró elementos culturales clave y priorizó una estética homogénea, lo que impidió una recomunitarización del espacio. El resultado fue una pérdida de autenticidad y una ruptura con la memoria colectiva de generaciones de comerciantes y visitantes. De este modo, el caso San Miguelito no encarna una revitalización cultural, sino un proceso de sustitución simbólica donde la cultura popular fue subordinada a una estética institucional.
Referencias
Canal 12. (2021). Cobertura del incendio en el Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
La Prensa Gráfica. (2021). Incendio afecta parte del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
El Diario de Hoy. (2025a). Nuevo edificio del Mercado San Miguelito contará con más de 1,000 locales. San Salvador, El Salvador.
El Salvador News. (2025a). Detalles de la reconstrucción del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
El Diario de Hoy. (2025b). Gobierno invierte $34 millones en nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
El Salvador News. (2025b). Inauguran el Mercado San Miguelito y la Dirección de Mercados Nacionales (DMN). San Salvador, El Salvador.
El Diario de Hoy. (2025c). Comerciantes reportan incrementos en los costos de arrendamiento en el nuevo mercado. San Salvador, El Salvador.
La Prensa Gráfica. (2025a). Vendedores expresan preocupación por nuevas obligaciones contractuales en el Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
La Prensa Gráfica. (2025b). Incertidumbre por asignación de puestos tras inauguración del nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
Reddit. (2025). Discusión sobre corrupción e irregularidades en la reconstrucción del Mercado San Miguelito. Recuperado de https://www.reddit.com/
La Prensa Gráfica. (2025c). Análisis urbano y social sobre la modernización del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
El Diario de Hoy. (2025d). Impacto urbano y comercial de la reconstrucción del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
El Salvador News. (2025c). Efectos socioeconómicos del nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.
La realidad económica del mercado San Miguelito
1. Estado Liberal (Adam Smith, “mano invisible”)
Lógica: mínima intervención del Estado, libertad total para fijar precios y competir.
El caso del San Miguelito no responde plenamente a un Estado liberal, pero sí se observan elementos compatibles con esta lógica. Después de la reconstrucción, el Estado permitió que los precios de los puestos aumentaran sin establecer topes ni regulaciones que protegieran a los vendedores tradicionales. Al dejar que el “mercado” determinara las rentas, muchos comerciantes quedaron expuestos a condiciones que no podían pagar. En un sentido liberal, se asumió que si un vendedor no puede pagar el alquiler, otro, más competitivo o con más capital, ocupará su lugar, reproduciendo la lógica del “dejar hacer, dejar pasar”.
El proceso muestra rasgos de Estado liberal porque el costo del puesto se dejó al funcionamiento del mercado, sin intervención para corregir desigualdades.
2. Estado Interventor (Keynes)
Lógica: el Estado regula para corregir desigualdades y estabilizar la economía.
El caso tampoco representa un Estado interventor, porque no hubo políticas para asegurar que los vendedores tradicionales pudieran permanecer.
Un Estado interventor habría:
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fijado rentas sociales o escalonadas,
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otorgado subsidios o créditos blandos,
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acompañado a los vendedores en la formalización,
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regulado costos de servicios públicos,
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garantizado participación y transparencia.
En cambio, el Estado intervino solo para construir la obra y centralizar la administración, pero no para proteger a los actores más vulnerables ni para reducir la desigualdad que generó la nueva infraestructura.
Hubo intervención física, pero no intervención redistributiva. Es una intervención orientada al ordenamiento, no al bienestar.
3. Estado Socialista (propiedad colectiva y planificación central)
Lógica: medios de producción colectivos o estatales, prioridad a la igualdad.
El mercado estuvo bajo control estatal a través de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), pero esto NO constituye socialismo.
¿Por qué?
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No hay propiedad colectiva del mercado.
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No existe planificación participativa.
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Los comerciantes no administran el mercado ni las ganancias.
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No hay distribución equitativa de los beneficios.
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Los costos no están ajustados al ingreso de los vendedores.
Es decir, aunque el Estado administra, no redistribuye, no colectiviza, y no elimina desigualdades, por lo que el caso no encaja en un modelo socialista.
Control estatal ≠ socialismo.
El caso no aplica la lógica socialista porque no prioriza igualdad, participación obrera o propiedad colectiva.
4. Estado Neoliberal (Hayek, Friedman)
Lógica: desregulación, privatización, competencia abierta, mercado como regulador principal.
Este es el modelo que mejor expresa lo ocurrido, porque:
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El Estado construye, pero luego opera bajo lógica empresarial.
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Los puestos se asignan por capacidad de pago, no por necesidad.
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No hay subsidios, ni control de precios, ni mecanismos redistributivos.
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Los comerciantes asumen los costos del IVA, contador, servicios y mantenimiento.
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La infraestructura se convierte en un activo orientado a la rentabilidad urbana.
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Se produce desplazamiento por costos (una forma de privatización social del espacio).
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