¿Cómo fue el proceso de aprobar la ley
antiminería en El Salvador?
Hay registros de la existencia de la minería metálica en El
Salvador en el departamento de Cabañas entre 1880 y 1970 (Menjivar, 1980). Otras
referencias se dan en el departamento de San Vicente municipio de San Sebastián
con extracción de oro registrada desde 1904, contaminando significativamente
las aguas superficiales (Larios y otros, 2008).
Y otra en el departamento de La Unión donde el 8 de agosto de 1912, 49
pobladores de Santa Rosa de Lima, le escribieron al presidente Manuel Enrique
Araujo, para que detuviera la destrucción ambiental que causaban dos empresas
mineras. Sin embargo, las minas siguieron operando. (Serrano, 2017). El mismo
autor registra que en 1953 la mina San Sebastián dejó de trabajar, pero retomó
la actividad en 1968 a cargo de la multinacional Commerce Group, que la explotó
hasta 1980, cuando se desató la guerra civil en el país. Durante ese período
hubo una pausa en la actividad minera hasta que en los años 90 resurgió, en
particular por el oro y la plata.
Legalización del referencial global
Según Diario oficial (1996) el 24 de enero del mismo año se
emitió la Ley de Minería, en donde se concede la licencia de exploración para
realizar actividades mineras a la empresa que lo solicitase a la autoridad
correspondiente (Ver artículo 15). Ya entre 1998 y 2003 la ley de Minería
aprobada permitió la llegada de Pacific Rim, Martinique Minerals, Minerales
Morazán, entre otras. Se estima que durante las administraciones de Calderón
Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004) se otorgaron 29 permisos para la
exploración de minerales metálicos en el país (Serrano, 2017).
En 2002, de acuerdo a Dougherty, M. (2017) Pacific Rim
Mining Corporation, una pequeña empresa de exploración canadiense, adquirió los
derechos sobre el depósito de oro y plata en El Dorado en San Isidro, Cabañas.
Avanzaron en la exploración del depósito subterráneo de bajo sulfuro de alto
grado con el apoyo total del presidente Francisco Flores (1999-2004).
Surgimiento de una oposición
Según el documento de la Mesa Nacional Contra la Minería
MNCM, en 2005 Pacific Rim presentó su estudio de impacto ambiental del proyecto
El Dorado, San Isidro (Cabañas), y solicitó el permiso de explotación, pero el
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) se lo negó por
incumplimiento de requisitos. De acuerdo
a Cartagena (2009) desde junio de 2005, distintas organizaciones sociales,
ambientales, religiosas y comunidades afectadas por la minería conformaron la
MNCM, ha trabajado con comunidades afectadas por la minería metálica.
El 29 noviembre de 2006, en Contrapunto (2013) documenta que
la Corporación de Objetivos del Milenio con Estados Unidos (MCC por sus siglas
en inglés) y el gobierno El Salvador firmaron un convenio con el fin de
incrementar el crecimiento económico y reducir de la pobreza en la zona norte
del país, que derivó en el otorgamiento y ejecución de los primeros fondos del
Milenio que El Salvador recibió de MCC llamado FOMILENIO I. Cabe destacar que
FOMILENIO I (Morataya y otros, 2009) fue ejecutado entre los años 2008 y 2012,
y estaba compuesto por tres componentes principales: desarrollo humano,
desarrollo productivo y conectividad Vial, se le asignó un monto total
aproximado de US$460.94millones de dólares.
Dentro del diagnóstico se decía que en el caso de El
Salvador en la zona Norte Artiga Gudiel (2007), el impulso de la minería
metálica en una zona que presenta significativos problemas de sobreuso del
suelo, alta vulnerabilidad acuífera, deterioro ambiental y, además, oposición
social, pone en evidencia una inconsistencia en el modelo de desarrollo
sostenible de la región.
A fines de 2006, Dougherty, Michael L. (2017) afirma que
Antonio Saca (presidente de El Salvador 2004-2009) repentinamente convocó una
moratoria sobre proyectos mineros activos en El Salvador. En palabras de un
experto de la industria: "Todo se detuvo”. En diciembre de 2006 Saca llamó
al Ministro de Medio Ambiente y al Ministro de Economía y les dijo a ambos que
no hicieran nada sobre la minería hasta que supieran de él.
En diciembre de 2006 una red de organizaciones presentó a la
Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para pedir que se prohíba la
minería de metales Paullier, J. (2017). El 3 de mayo de 2007 la Conferencia
episcopal de El Salvador CEES emite un comunicado advirtiendo que la
explotación minera causa daños irreversibles al medio ambiente y a las
comunidades circundantes. Serrano (2017) cita que el Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP) de la UCA realizó una primera en encuesta en 2007 entre
pobladores de los 23 municipios potencialmente afectados por la actividad
minera. El 62.5% de los encuestados consideraron que en El Salvador no era
apropiada la minería y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirían poco
o nada al desarrollo económico del país. En la segunda encuesta, realizada en
2015 por el IUDOP, esos porcentajes crecieron al 79% y al 76%. El 77% de los
encuestados dijo que el Estado salvadoreño debía prohibir la minería metálica
en el país.
En noviembre de 2007, el Partido de derecha Conciliación
Nacional (PCN), también presentó su propio proyecto de ley, el cual se presume
fue elaborado por la empresa minera canadiense, Pacific Rim, con el apoyo de
algunas firmas de abogados nacionales. La Mesa Nacional Contra la Minería (sin
fecha) señala que noviembre de 2007, el Partido de derecha Conciliación
Nacional (PCN), también presentó su propio proyecto de ley, el cual se presume fue
elaborado por la empresa minera canadiense, Pacific Rim, con el apoyo de
algunas firmas de abogados nacionales.De acuerdo a la
Asociación de Desarrollo económico Social. ADES (sin fecha) en diciembre de 2007, 45 congresistas
estadounidenses quienes enviaron en una carta a todos los coordinadores
parlamentarios de la Asamblea Legislativa salvadoreña, en la que solicitan no
permitir la explotación minera en El Salvador, porque esto impediría alcanzar
los objetivos del proyecto de desarrollo de la zona norte.
El diario de hoy el 17 de junio 2008 publica un artículo
acerca del panorama de la minería en América Latina diferente en cada país en
sus legislaciones. En Cuba y los países del cono sur donde los gobiernos son de
izquierda, las empresas entregan gran parte de sus ganancias al Estado y corren
constantemente el riesgo de que los permisos de explotación recibidos les sean
anulados de un momento para otro. Pacific Rim en suspendió actividades en el
2008 de acuerdo a Cartagena (2009).
En junio de 2009, el activista ambiental local Marcelo
Rivera fue encontrado asesinado. En diciembre de ese mismo año, dos ecologistas
locales más, activos en el Comité Ambiental de Cabañas Ramiro Rivera y Dora
Alicia Sorto, fueron asesinados en cuestión de días el uno al otro. Se entendía
comúnmente que esta trágica violencia estaba relacionada con la oposición de
las víctimas a la minería, aunque esto nunca podría verificarse Dougherty,
(2017).
El 4 de junio de 2011 Juan Francisco Durán Ayala, miembro
del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), fue asesinado y su cuerpo fue
identificado más de 10 días después de su desaparición. Es el cuarto activista
ecologista asesinado en Cabañas (FESPAD, 2011).
Etapa de transición: Posiciones de Saca y Funes ante la
minería
Enero y febrero de 2009, en el período previo a las
elecciones presidenciales de marzo de 2009, el presidente Saca y los
legisladores de su partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) declararon
públicamente su oposición a la minería y el apoyo a la prohibición de la
minería. Tal como lo cita La vanguardia (2009): “No es cierto que se manda un
mal mensaje de reglas claras, porque lo que tienen estas empresas es un permiso
de exploración que no obliga a El Salvador a darle un permiso de explotación”.
La Mesa Nacional Contra la Minería (sin fecha) documenta que
en marzo de 2009, cuando el nuevo presidente electo Mauricio Funes ratificó la
decisión del gobierno anterior de no permitir ningún proyecto minero, Pacific
Rim cumplió su amenaza de demandar al Estado salvadoreño en el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
La Mesa Nacional Contra la Minería (sin fecha) el Gobierno
salvadoreño a través de los ministerios de Economía, y Medio Ambiente y
Recursos Naturales presentó una Ley Especial de Suspensión de los
procedimientos administrativos de exploración y explotación minero-metálica en
El Salvador. Registrado en Verdad Digital el (2016) Comunidades de San Isidro,
Cabañas, junto a las organizaciones Asociación de Desarrollo Económico Social
Santa Marta (ADES) y la Asociación para el Desarrollo de El Salvado (CRIPDES),
realizaron una protesta contra la Fundación El Dorado, por desarrollar acciones
manipuladoras e introducir un proyecto minero en la zona.
El Diario de Hoy EDH
(2016) registró que el gobierno de El Salvador ganó el arbitraje ante el CIADI
a la minera Pacific Rim en Estados Unidos. Siguiendo con la línea de los
acontecimientos El Diario de Hoy EDH (2017), documenta que el Arzobispo de San
Salvador - acompañado de otros sacerdotes junto con autoridades de la
Universidad Centroamericana (UCA)- presentó una propuesta de ley relacionada al
tema ante el Parlamento. El día siguiente, el presidente de la Asociación
Nacional de la Empresa Privada -ANEP- califica como desatinada posición
económica el prohibir la minería en El Salvador (Diario La Portada). En los
meses siguientes las actividades para abogar por la prohibición de la minería
aumentan, el 5 de marzo de 2017 la Iglesia Católica salvadoreña convoca a
marcha para pedir ley contra minería. Prosiguiendo con esta lógica, el 17 de
marzo, en el Auditorio “Segundo Montes" la UCA desarrolla un foro acerca
de las “Implicaciones ambientales y sociales de la minería metálica en El
Salvador” Moreno M. (2017)
Ese mismo mes, Serrano (2017) documenta que el 28 marzo 2017
Carlos Padilla, gobernador de Nueva Vizcaya, provincia de Filipinas, y Edgardo
Sábado, coordinador de Planificación y Desarrollo de Nueva Vizcaya, instaron al
Gobierno de El Salvador restringir todo intento de exploración y explotación de
la industria minera en el territorio nacional. El pronunciamiento fue emitido
ayer durante un conversatorio organizado por la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA). Además el testimonio que dio Carlos Padilla en El
Salvador ante medios de comunicación, y ante la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático de la Asamblea Legislativa y el Consejo Nacional de
Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad fueron determinantes para terminar
de desestimar las falacias que la empresa australiana desplegaba impúdicamente
en los grandes medios de comunicación de nuestro país.
El 29 de marzo La delegación, presidida por Monseñor
Escobar, entregó las firmas, más de 30 mil firmas recogidas en tan sólo una
semana apoyando la propuesta legislativa, que fue recibida por representantes
de todas las fracciones partidarias, que ofrecieron su apoyo a la ley.
Cambio de Referencial
Ese mismo día (29 marzo de 2017), en la Asamblea Legislativa
de El Salvador se aprobó la ley que prohíbe la minería metálica en el país, con
los votos de 70 diputados. Hasta los diputados de ARENA que permanecieron en el
hemiciclo legislativo votaron a favor de la ley, gracias a la labor de un joven
diputado de ese partido que dedicó titánicos esfuerzos a convencerlos. Según el
New York times (2017) “Este día en El Salvador, el agua le ganó al oro”,
escribió en Twitter el legislador Johnny Wright Sol, del partido Arena.
De acuerdo al Iudop (2015) la retórica antimineria logró
unir y galvanizar diversos segmentos de la sociedad salvadoreña-rural y urbana,
ricos y pobres, progresistas y conservadores-de hecho, las encuestas indican
que casi el 80% de los salvadoreños se oponen a la minería. La densidad de
población de El Salvador significa una mayor competencia por los recursos
hídricos, lo que aumenta la percepción de inseguridad hídrica. Los argumentos
de las empresas mineras están en la línea de que esta industria, genera progreso
y desarrollo en la zona, a través de la generación de empleos. Por lo tanto,
oponerse a la minería es oponerse al desarrollo, es oponerse a la generación de
empleos.
Sin embargo, los segmentos más conservadores de la sociedad
salvadoreña en ese momento admitieron que la minería no les conviene. Como
comentó un legislador políticamente conservador del Partido de Conciliación
Nacional, "no podemos actuar en contra de lo que quieren las
comunidades". Si lo hacemos, estamos imponiendo una decisión que va en
contra de los intereses de la población, y eso sería un suicidio político. Y no
somos políticamente suicidas". Dougherty (2017). Esto no implica que las
ideas que apoyan la minería hayan desaparecido
Discursos 2004
