Las escuelas parroquiales poseen el carácter de ser privadas, ya que su funcionamiento y operación dependen de la Iglesia Católica salvadoreña, las plazas y el control de los maestros que laboran en ellas está a cargo del Ministerio de Educación; un modelo mixto que encuentra sus fundamentos en el Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Educación y la Iglesia Católica de El Salvador suscrito en 1985.
Según personeros del Arzobispado, con la introducción de los Concejos Directivos (conformados por el director de la escuela, representantes de los padres de familia, de los maestros y de los estudiantes) como condición para el otorgamiento de los subsidios para los profesores, las autoridades de Educación arrebatarían el control de las escuelas parroquiales a la Iglesia, con lo cual se verían afectados cerca de 80 mil estudiantes de escasos recursos. Para el sector eclesial, ante ello sólo quedarían dos alternativas: o estatizar un servicio educativo que se habría caracterizado por su alto nivel de excelencia, o privatizarlo, lo que significaría que la Iglesia cobraría cuotas de escolaridad, excluyendo así a un buen grupo de la población que acudía a este servicio antes gratuito.
Un día después, luego de que los representantes de la Iglesia se quejaran amargamente del autoritarismo del Ministerio al pretender imponerles una medida "antidemocrática", la Viceministra de Educación, Abigaíl Castro, afirmaba que el problema había sido superado mediante la exoneración de las escuelas parroquiales de la figura administrativa que regiría en el resto de escuelas oficiales; concesión que se reglamentará mediante la futura firma de un convenio oficial.
Ante esta situación es obligatorio hacerse una pregunta fundamental: ¿qué lleva a la Iglesia a calificar de antidemocrática a una figura administrativa que ha sido elogiada unánimemente por su carácter abierto, por su prometedora capacidad de eliminar los vicios que ha provocado por mucho tiempo una figura educativa, administrativa y financiera única?
En primer lugar, es interesante observar que de la manera en que se han planeado estructurar los Concejos Directivos Estudiantiles (CDE) hubiera sido difícil, sino imposible, destruir la autoridad eclesial en las escuelas parroquiales. Lo que en realidad habría sucedido es que esta autoridad y control habría estado mediatizada por los padres de familia, los maestros y los representantes del estudiantado. Es decir, el religioso que antes sólo le rendía cuentas -financieras y de la calidad y tipo de educación- a su párroco, hubiera debido tomar decisiones de manera colegiada con otros sectores al interior de la institución educativa, estando el conjunto de ellos, agrupados en el CDE, obligado a rendir informes generales al Ministerio de Educación.
De la manera en que respondió la Iglesia ante esta posibilidad cabe suponer, habiendo descartado que los CDE le hubieran arrebatado por completo la autoridad de las escuelas parroquiales, que lo que se repudió no fue una medida "antidemocrática", sino lo contrario: lo que de democracia pudo haber inyectado la introducción de los CDE. Si se es indulgente y se soslaya especular que se pretendió evitar que el Ministerio de Educación pudiera realizar controles financieros al interior de la administración parroquial, lo único que queda es entender la reacción de la Iglesia como una defensa del status quo que proporciona el poseer la propiedad absoluta de la administración de un número significativo de escuelas católicas (para ser exactos, 130 de ellas). Se defendió, pues, la administración sin injerencia exterior de un buen número de centros educativos, los cuales si bien prestan un servicio de educación popular también pueden ser utilizados por la Iglesia como un instrumento idóneo para generar devotos y creyentes de la religión católica; algo de estratégica importancia ante la proliferación en el país de otras sectas religiosas. Es este el punto que merece especial atención.
Ante el peligro de que los centros educativos se convirtieran en plataformas para difundir propaganda política al estudiantado, el Ministerio de Educación reiteró, a través de un comunicado, que en la Ley de Carrera Docente, Capítulo VI, Artículo 32, "se prohibe a los educadores realizar propaganda política o religiosa dentro de los centros educativos o lugares de trabajo". Para lo que nos ocupa, es importante analizar qué se debe entender cuando se prohibe la propaganda religiosa en las instituciones educativas, y en qué difiere ésta de la instrucción religiosa.
Se hace propaganda religiosa cuando se realiza una labor de adoctrinamiento de un dogma religioso, sea este cual sea; cuando se hace "propaganda" para vender, en este caso al estudiantado, una religión específica. Por el contrario, la instrucción religiosa, más que vender productos prefabricados, buscaría instruir a los estudiantes sobre el génesis de las distintas religiones, sobre el contexto socio-histórico en el cual surgen, sobre los orígenes antropológicos de la necesidad de las religiones, etc. Por lo tanto, la primera buscaría formar creyentes mientras que la segunda trataría de hacer entender a los estudiantes el porqué se cree y los diferentes tipos de creencias; en definitiva, la primera estaría orientada a evitar el penoso camino de la elección mostrando sólo aquello en lo que se debe creer, mientras que la segunda intentaría alcanzar el entendimiento del fenómeno religioso y potenciar así una elección religiosa libre y voluntaria.
La relevancia de esta diferencia, que a cualquiera le podría parecer una sutileza innecesaria, se revela cuando se cae en la cuenta de que en el país la educación religiosa es más una simple propaganda que una verdadera instrucción. En los centros educativos de tipo religioso el dogma -en su sentido peyorativo- y el enclaustramiento privan sobre la apertura, la tolerancia a la increencia y la comprensión de expresiones religiosas ajenas a las que norman a su interior. Si la prohibición reglamentada por el Ministerio de Educación de la propaganda religiosa fue lo que llevó a la Iglesia Católica a oponerse a que éste controlara la administración de sus escuelas es claro que para ella la educación integral está reñida con sus intereses religiosos.
La oposición de la Iglesia no sólo habría sido antidemocrática al no permitir que la autoridad en las escuelas parroquiales fuera de tipo colegiada, sino que también lo habría sido al buscar por todos los medios que sus estudiantes no fueran instruidos en otros valores que no fueran los católicos. ¿Cómo queda entonces el objetivo del nuevo modelo educativo de formar estudiantes a la altura de los incipientes ideales democráticos de nuestra sociedad? ¿Cómo hablar de democracia si se siguen impulsando modelos verticalistas, excluyentes y dogmáticos? ¿A dónde queda la separación entre el Estado y la Iglesia?
En conclusión, sin negar lo que de positivo podría tener para los niños y jóvenes el recibir valores de una religión en específico, lo que es preocupante es que se obligue a la educación a ceñirse a intereses religiosos que superan los objetivos y apremios de ella. Tal como se presentó la situación, parece ser que el equilibrio entre el poder religioso y el estatal es todavía lo suficientemente frágil como para que se pueda presionar al Estado a realizar concesiones dignas del oscurantismo medieval, pese a que se pretende impulsar una reforma educativa moderna.
Semanario Proceso
© 1997 UCA Editores
Año 17
número 744
febrero 5
1997
ISSN 0259-9864
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