Primer Desayuno Nacional de Oración en El Salvador 2026

Aplicación del esquema general para el análisis de un discurso

1. Emisor

El emisor central y simbólicamente dominante es el Presidente de la República, quien habla desde una posición de máxima autoridad política y legitimidad institucional y queda al final. Previamente intervienen actores religiosos, representantes y congresistas estadounidenses, y funcionarios de los tres poderes del Estado salvadoreño en torno a su figura. El mensaje es emitido de manera colectiva pero jerárquica. 

2. Objetivo

El objetivo principal del discurso es legitimar el poder político mediante una narrativa religiosa, presentar la acción del Estado como moralmente correcta y reforzar una idea de unidad nacional basada en la fe. De manera secundaria, busca proyectar internacionalmente una imagen de orden, estabilidad y excepcionalismo salvadoreño, alineado con referentes estadounidenses.

3. Mensaje

El mensaje central sostiene que El Salvador vive un “milagro” de transformación, paz y restauración, atribuido a la acción conjunta de Dios, la nación y el liderazgo político. Las políticas públicas y el ejercicio del poder son presentados como resultado de una guía divina, más que como decisiones políticas sujetas a deliberación o conflicto.

4. Códigos

• Código verbal: lenguaje religioso, bíblico y moralizante, combinado con un registro político institucional. Se combina el español de unos y el inglés de los congresistas de Estados Unidos
• Código no verbal: posturas de oración, gestos solemnes, disposición jerárquica del cuerpo y del espacio.
• Código escrito: lecturas explícitas de pasajes bíblicos, principalmente del Evangelio de Mateo.
• Código visual: banderas nacionales y extranjeras, vestimenta formal, símbolos militares y escenografía estatal.

5. Medios (canal)

📺 Televisión y transmisiones en vivo

• Cadena Nacional de Televisión y Radio: El Gobierno Salvadoreno anunció una transmisión en cadena nacional que incluyó señales de radio y televisión para difundir el evento a nivel nacional.

• Canal Antigua Opinión: Transmitió en vivo el Desayuno desde la mañana del 19 de enero, con señal abierta y por redes sociales.

• Canales locales de señal abierta: Aunque no hay lista oficial detallada para cada canal, medios públicos y privados con frecuencia retransmiten la señal de cadena nacional, incluyendo Canal 10 (televisión pública) y otros canales que suelen replicar actividades del Estado.

📡 Plataformas digitales y redes

• YouTube – transmisión oficial: Hubo transmisiones completas en canales de video en línea con el evento en vivo, incluyendo la señal del Palacio Nacional.

• Redes sociales – Facebook/X: Las cuentas oficiales y de medios locales (como Canal Antigua, perfiles de PresidenciaSV y otros portales de noticias) transmitieron o compartieron la señal en vivo por Facebook Live y X (antes Twitter).

• Facebook (principal plataforma de difusión)

  • Cuenta personal de Nayib Bukele – transmisión/reposteo con alto alcance (≈ 1.6 millones de seguidores).

  • En La Mira Digital SV – cobertura y transmisión en vivo (≈ 4.6 millones de alcance reportado).

  • Secretaría de la Presidencia – transmisión institucional (≈ 12 mil).

  • Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en EE. UU. – reposteo del evento, ampliando alcance internacional.

  • Salvador Chacón, diputado – difusión en su cuenta personal (≈ 960).

  • Suecy Callejas, diputada – reposteo del evento.

  • Otras páginas oficialistas y cuentas afines – replicación fragmentada del contenido.

  🎵 TikTok

  • Cuentas múltiples – transmisiones en directo, clips cortos, interpretaciones y reacciones.

  • Contenido fragmentado, emocional y performativo, que reinterpreta el evento para audiencias jóvenes y no necesariamente politizadas.

📻 Radio y otras señales

• Aunque no hay una lista oficial publicada detallada por emisora, la cadena nacional implicó transmisión por radio abierta, y varias estaciones incluyen el evento en su programación como parte de la cobertura institucional.

6. Receptor

El receptor del discurso puede distinguirse en dos niveles principales: presencial y no presencial, cada uno con características y funciones diferenciadas dentro del proceso comunicativo.

El receptor presencial está conformado mayoritariamente por actores con poder político y religioso, entre los que destacan funcionarios del Estado, líderes religiosos y representantes institucionales nacionales e internacionales, especialmente de Estados Unidos. La composición del público es predominantemente masculina, tanto en términos de presencia como de visibilidad simbólica, lo que refuerza una estructura jerárquica y elitizada del acto.

El receptor no presencial corresponde a la audiencia mediada, que accede al evento a través de transmisiones oficiales, redes sociales y medios digitales. Este grupo incluye a la población salvadoreña en general y a audiencias internacionales más amplias, que reciben el mensaje de forma diferida y mediada por actores replicadores.

7. Factores de resonancia y/o barreras

• Intermediación social: líderes religiosos, congresistas extranjeros, funcionarios públicos y figuras mediáticas actúan como validadores y traductores del mensaje.
• Selectividad: el mensaje resuena especialmente en audiencias con afinidad religiosa o simpatía hacia el proyecto político, mientras puede ser filtrado o rechazado por sectores críticos o laicos.
• Capacidad limitada: barreras lingüísticas (uso del inglés sin traducción), culturales y simbólicas que condicionan la comprensión plena del mensaje por parte de todos los públicos.

8. Contexto

Politico: El discurso se inscribe en un contexto de alta concentración del poder político en el Ejecutivo, acompañado de un predominio del discurso de seguridad como eje central de legitimación gubernamental y de un debilitamiento de los contrapesos institucionales. Este escenario coincide con un creciente uso de narrativas religiosas en el espacio público, integradas al discurso oficial como fuente de validación moral del ejercicio del poder.

El evento tiene lugar durante el segundo mandato del presidente Nayib Bukele, en un momento de alineamiento simbólico y político con Estados Unidos, particularmente con sectores del Partido Republicano y con la figura de Donald Trump como aliado estratégico del gobierno salvadoreño.

Social de seguridad: la reducción sostenida de los homicidios, presentada oficialmente como evidencia de éxito gubernamental, coexiste con silencios institucionales frente a hechos de violencia ocurridos invisibilizados, por ejemplo, el aumento de feminicidios y señalamientos persistentes de violaciones a derechos humanos. Un caso destacado fue el homicidio de Yessica Amanda Solís Castro, de 42 años, ocurrido el 6 de noviembre de 2025, cuando un soldado de la Fuerza Armada le disparó frente al Palacio Nacional mientras ella caminaba por la zona. Aunque las autoridades calificaron el hecho como un accidente y la Policía Nacional Civil no lo incluyó de inmediato en las estadísticas oficiales de homicidios, la Fiscalía General de la República presentó una acusación por homicidio culposo contra el militar el 24 de noviembre de 2025.

Este hecho, ocurrido en un espacio simbólicamente asociado al poder estatal, no fue incorporado de forma explícita en la narrativa oficial de seguridad, a pesar de su proximidad geográfica al centro del Estado.

Económico: Se han registrado despidos y reducción de plazas en el sector salud, lo que ha generado preocupación por el debilitamiento del sistema público y por el impacto en el acceso a servicios básicos; por otro, el Centro Histórico de San Salvador atraviesa un proceso acelerado de gentrificación, impulsado por intervenciones estatales orientadas a la seguridad, el turismo y la inversión privada, que ha provocado el desplazamiento de poblaciones históricas y la transformación del espacio urbano en función de intereses comerciales y simbólicos. A ello se suman amenazas vinculadas a la posible reactivación de la minería metálica y otros proyectos extractivos, que han reabierto el debate sobre el impacto ambiental, la sostenibilidad de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente.

Cultural: Se registra un uso creciente de referencias religiosas en el discurso público, particularmente de matriz cristiana, integradas a la comunicación política como fuente de legitimación moral. Aunque se presenta como un discurso plural y ecuménico, predomina una religiosidad masculina, jerárquica y conservadora, con escasa visibilidad de mujeres y de expresiones religiosas no cristianas. La religión opera como lenguaje cultural compartido que facilita adhesión y cohesión simbólica.

9. Escenario: El acto se desarrolla en el Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador, un espacio estatal de alto valor simbólico asociado a la autoridad, la institucionalidad y la memoria histórica del poder. El Palacio Nacional no es un edificio administrativo cualquiera: históricamente representa el lugar donde el poder se concentra y se ejerce “en nombre de la nación”. A diferencia de una casa presidencial —asociada al Ejecutivo contemporáneo y a un cargo transitorio— el Palacio remite a una idea pre-republicana del poder, cercana a la figura del monarca absoluto: un centro único, elevado y simbólicamente incuestionable.

Elegir este espacio desplaza el evento del plano gubernamental al plano fundacional, como si el acto no emanara de una administración concreta, sino de una autoridad superior y permanente, situada por encima de la disputa política ordinaria.

 La escenografía incorpora de manera explícita símbolos nacionales, presencia militar y referentes religiosos, configurando un entorno que combina Estado, orden y fe. Este escenario refuerza la solemnidad del evento y produce una representación visual y simbólica de unidad entre fe, nación y aparato estatal, situando el discurso en una coyuntura presentada como fundacional, excepcional y moralmente legitimada.

10. Estructura del evento:

Momento 1. Apertura teológica y encuadre religioso

Interviniente: Willy Gómez, presidente de la Junta de Pro-Prosperity Foundation

El evento se inicia con una intervención destinada a establecer el marco teológico general. La postura corporal en posición de oración y el tono solemne configuran desde el inicio un ambiente litúrgico. El discurso se presenta como ecuménico en la forma, pero es claramente cristocéntrico en el contenido, al colocar la fe, la oración y a Jesucristo como principios unificadores del acto.

Este momento fija las bases simbólicas de la religión civil que atravesará todo el evento: no se promueve un pluralismo religioso efectivo, sino una hegemonía cristiana suavizada, presentada como inclusiva.

Momento 2. Internacionalización, fundacionalización y validación histórica

Intervinientes:

• John Moolenaar (Republicano, Michigan)
• Tom Suozzi (Demócrata, Nueva York)

En un segundo momento se integran simultáneamente la dimensión internacional, la fundacionalización del evento y la validación histórica del ritual. Ambos congresistas intervienen en inglés, sin traducción, estableciendo una jerarquía simbólica del idioma y del poder. Subrayan sus diferencias partidarias —uno republicano y otro demócrata—, pero destacan que están unidos por “el Espíritu de Jesús”, reforzando la fe como puente suprapartidario.

En estas intervenciones se presenta el evento como el primer Desayuno Nacional de Oración en El Salvador, se citan pasajes del Evangelio de Mateo y se introduce reiteradamente la noción del “milagro que ocurre en El Salvador”. Las referencias a las cenas de oración semanales en el Congreso estadounidense, a Dwight D. Eisenhower y a la Segunda Guerra Mundial inscriben explícitamente el Desayuno salvadoreño en la tradición estadounidense de religión civil, no como copia mecánica, sino como trasplante simbólico legitimador.

Dentro del mismo bloque discursivo se introduce la mención de Óscar Arnulfo Romero, resignificada dentro del discurso oficial. Su dimensión profética y crítica es neutralizada, y se le integra como símbolo nacional de reconciliación y paz. En este momento, Romero es absorbido por la religión civil como referente legitimador, no como figura incómoda o interpeladora del poder.

Momento 3. Sacralización del Poder Judicial

Interviniente: Henry Alexander Mejía, Presidente de la Corte Suprema de Justicia

La estructura continúa con la intervención del presidente de la Corte Suprema, quien lee Mateo 5:23–24 y emplea un lenguaje que emula la liturgia católica. Aunque se declara ecuménico, su discurso posiciona al Poder Judicial como autoridad moral y religiosa, ampliando simbólicamente su rol más allá de lo jurídico.

Momento 4 Normalización del Estado confesional

Intervinientes:

• Ben Cline (Alabama)
• Robert Aderholt (Virginia)

En este momento se refuerza explícitamente el carácter confesional del evento. Ambos congresistas agradecen primero al presidente Nayib Bukele y luego a Jesucristo, e introducen llamados directos a que las carteras del Estado “adoren a Jesús”. La cita bíblica “donde dos o más estén reunidos” contribuye a normalizar la idea de un Estado que ora y adora colectivamente, diluyendo el principio de laicidad.

Momento 5. Teologización del liderazgo político interno

Interviniente: Ernesto Castro, Presidente de la Asamblea Legislativa

El presidente de la Asamblea adopta un tono pastoral y lee Mateo 5:7–9. El orden de sus agradecimientos prioriza al presidente Bukele, presentado como protegido por Dios, seguido de congresistas estadounidenses y funcionarios del Estado. Introduce las nociones del “milagro de la paz” y el “milagro de la restauración”, profundizando la teologización del discurso político y presentando las políticas públicas como actos de intervención divina.

Momento 6. Articulación histórica y genealogía del liderazgo

Interviniente: Manuel Espina, Prosperity Foundation

Esta intervención cumple una función de articulación simbólica. El Desayuno es presentado como un movimiento de amistad en el Espíritu de Jesús, y se establece una equivalencia simbólica entre Dwight D. Eisenhower y Nayib Bukele. De este modo, se construye una genealogía sagrada del liderazgo, en la que Bukele aparece como heredero de una misión histórica legitimada por Dios.

Momento 7. Cierre litúrgico

Intervinientes: conjunto de participantes

El evento entra en su fase de cierre con el canto del Padre Nuestro, consolidando plenamente el carácter litúrgico del acto y sellando la fusión simbólica entre fe, nación y Estado.

Momento 8. Participación política estadounidense y alivio simbólico

Intervinientes:

• Mike Lee, senador republicano por Utah y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
• Lou Correa, congresista demócrata por el 46.º distrito de California.

Estos dos políticos estadounidenses, quienes intervienen en español y construyen una escena de cercanía con el público. El contenido se organiza alrededor de tres recursos: (1) el reconocimiento explícito de sus diferencias partidarias (Republicano vs. Demócrata), (2) el uso de humor y bromas como mecanismo de distensión, y (3) la afirmación de que, pese a las diferencias políticas, la fe cristiana los unifica.

Momento 9. Clímax: discurso presidencial

Interviniente: Nayib Bukele, Presidente de la República

El discurso del presidente Nayib Bukele constituye el clímax del ritual de religión civil. Su vestimenta sin corbata, en contraste con el resto de participantes, refuerza la imagen de un líder distinto y cercano. A través de un relato de conversión personal, se presenta como alguien que pidió pruebas a Dios y fue elegido como instrumento divino.

La narrativa del milagro estructura su intervención, describiendo el paso de El Salvador de ser uno de los países más inseguros a uno de los más seguros. De manera implícita, se consolida una tríada central de la religión civil: la nación es sacralizada, Dios legitima y el líder ejecuta.

11. Reflexión analítica

El Primer Desayuno Nacional de Oración en El Salvador puede comprenderse, a la luz del concepto de religión civil desarrollado por Robert Bellah, no como un acto meramente religioso, sino como un evento político. En este tipo de rituales, la religión no opera como experiencia espiritual individual o comunitaria autónoma, sino como un recurso simbólico para sacralizar la nación, dotar de legitimidad moral al poder político y construir una narrativa trascendente del proyecto estatal.

Tal como Bellah observó en el caso estadounidense —especialmente en rituales como el National Prayer Breakfast—, la religión civil no sustituye a las religiones institucionales, sino que las utiliza selectivamente para reforzar valores como la obediencia, la unidad nacional, el excepcionalismo y la autoridad. El evento analizado reproduce este modelo, pero lo reconfigura en un contexto marcado por una mayor concentración de poder, lo que intensifica sus efectos políticos.

La escenografía del acto refuerza esta lectura. El uso del Palacio Nacional, la presencia simultánea de los tres poderes del Estado y la visibilidad de símbolos militares y religiosos configuran una puesta en escena donde Estado, fe y poder aparecen fusionados. El mensaje implícito es claro: el Estado ora como un todo, y no existe una separación efectiva entre lo religioso, lo nacional y lo político (el líder). Esta fusión adquiere especial relevancia en sociedades que, tras la caída de las monarquías absolutas y el desarrollo del constitucionalismo moderno, establecieron la separación entre poder político y autoridad religiosa precisamente para evitar la sacralización del gobierno y la deslegitimación de la crítica.

El público y los actores centrales del evento refuerzan esta lógica. Se trata de un espacio dominado por hombres con poder político, económico y religioso, con una presencia marginal de mujeres y sin pluralismo religioso efectivo. Aunque el discurso se presenta como ecuménico y plural, en la práctica responde a una estrategia cristiana específica, impulsada por élites masculinas nacionales y legitimada simbólicamente por actores estadounidenses. La pluralidad funciona más como recurso retórico que como principio real de inclusión.

Por tanto, el evento opera también como un espacio de lobby político y económico, donde actores estatales, empresariales y religiosos convergen bajo una narrativa espiritual que suaviza y legitima decisiones políticas concretas. La referencia reiterada al “milagro” que vive El Salvador transforma políticas públicas y estrategias de seguridad en actos de intervención divina. Aquí surge una tensión central: cuando la acción política se presenta como milagro religioso, se desplaza del terreno del debate democrático hacia el de la fe, donde la crítica puede interpretarse como falta de creencia o incluso como oposición moral.

Desde una perspectiva analítica, el problema no radica en el acto de orar en sí mismo, sino en que la oración se convierta en discurso político legitimador de una estrategia de poder. En ese punto, la religión deja de ser una experiencia espiritual y se transforma en herramienta publicitaria y de legitimación, con efectos concretos sobre la deliberación pública. La pregunta sobre si esto constituye una forma de “herejía” pertenece al campo teológico; sin embargo, desde las ciencias sociales, lo relevante es observar cómo la fe es utilizada para justificar el poder, independientemente de la riqueza, la autoridad o la supuesta elección divina de los líderes.

A razón de esto, el Primer Desayuno Nacional de Oración en El Salvador puede interpretarse como una expresión de religión civil plenamente institucionalizada, que replica el modelo estadounidense pero lo radicaliza al personalizarlo en un liderazgo específico. Este proceso conlleva riesgos claros: debilitamiento del principio de laicidad, sacralización del poder político, deslegitimación de la crítica democrática y exclusión efectiva de pluralismos religiosos y políticos. La experiencia histórica posterior a la monarquía mostró que la separación entre religión y Estado no fue un capricho ideológico, sino una respuesta a los peligros de convertir el poder político en autoridad sagrada. El evento analizado reactualiza esa tensión en el contexto salvadoreño contemporáneo.

Conclusion:

En el Primer Desayuno Nacional de Oración en El Salvador se combinan de manera explícita cinco elementos que ya han sido identificados y analizados en otros momentos del discurso político reciente. En primer lugar, se articulan referencias constantes a Dios y a la patria, presentadas como valores supremos, en un contexto marcado por acciones represivas del Estado, lo que produce una sacralización del orden y de la autoridad. En segundo lugar, coloca la fe en Jesucristo como principio central y unificador, el discurso establece una jerarquía simbólica en la que quienes comparten esa creencia aparecen asociados a valores positivos, mientras que los opositores políticos, otras religiones y las personas no creyentes quedan tácitamente situados fuera de ese marco moral. De este modo, el desacuerdo político deja de entenderse como parte del pluralismo democrático y pasa a interpretarse, de manera implícita, como una carencia moral o espiritual, desplazando el conflicto del plano democrático al religioso. No se insulta directamente, pero se excluye a los otros que no se adhieren.

En tercer lugar, se promueve la oración colectiva y los rituales religiosos públicos —como jornadas de oración o rezos con carácter nacional— para legitimar decisiones y acciones políticas arbitrarias, desplazándolas del debate racional y deliberativo. En cuarto lugar, el liderazgo político se presenta a sí mismo como instrumento de Dios, mediante expresiones que sugieren que “Dios guía el plan”, lo cual opera como justificación trascendente de los actos de gobierno. Finalmente, se configura un mesianismo implícito, en el que la religión sirve para cohesionar y legitimar a un “movimiento” de seguidores en torno al liderazgo presidencial, integrando a las nuevas élites políticas, a los poderes del Estado y a líderes religiosos y políticos de Estados Unidos. En esta síntesis simbólica convergen el presidente, Dios y la patria, consolidando una forma de religión civil que fusiona fe, nación y poder político en una misma narrativa legitimadora.

Mercado San Miguelito desde la gentrificacion, la realidad economica y la realidad politica

El Mercado San Miguelito sufrió un incendio en septiembre de 2021 que destruyó cerca del 45 % de su infraestructura (Canal 12, 2021; La Prensa Gráfica, 2021). Tras el siniestro, se inició un proceso de reconstrucción que culminó en un nuevo edificio de aproximadamente 45 000 m², distribuido en cuatro niveles y con capacidad para más de 1 000 locales (≈1 040) ( El Diario de Hoy, 2025a; El Salvador News, 2025a). 

La inversión total reportada para esta obra ascendió a unos 34 millones de dólares ( El Diario de Hoy, 2025b). En agosto de 2025, el mercado fue inaugurado oficialmente junto con el lanzamiento de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), entidad estatal encargada de administrar los nuevos mercados construidos o remodelados por el gobierno ( El Salvador News, 2025b). Sin embargo, la reapertura generó diversas controversias: comerciantes manifestaron preocupación por el incremento en los costos de arrendamiento, que en algunos casos superaron los 80 dólares cuando antes pagaban alrededor de 40 ( El Diario de Hoy, 2025c). 

Aunque las autoridades prometieron mantener los precios previos, muchos vendedores reportaron que los nuevos contratos incluían obligaciones adicionales como pago de IVA, contratación de contadores y mayores costos de servicios y mantenimiento ( La Prensa Gráfica, 2025a). A esto se sumó la incertidumbre por la asignación de puestos, ya que algunos vendedores no habían sido informados de la fecha exacta de inicio de operaciones y temían ser excluidos del proceso, especialmente quienes provenían del comercio informal ( La Prensa Gráfica, 2025b). 

En redes sociales circularon además críticas sobre posibles irregularidades y demoras injustificadas en la obra, como comentarios señalando que “solo tomó cinco años y un escándalo por corrupción” (Reddit, 2025), lo cual refleja la desconfianza pública hacia el proyecto. En términos urbanos y socioeconómicos, la modernización del mercado implica una mayor formalización para los vendedores —contratos, impuestos y tarifas más altas—, lo que podría reducir sus márgenes o desplazar a quienes no puedan asumir los nuevos costos. 

Para la ciudad, constituye un proyecto de renovación del centro histórico orientado a atraer visitantes y fortalecer la economía formal, pero también abre interrogantes sobre equidad, acceso y el posible desplazamiento del comercio popular. Como caso de estudio, el proyecto permite analizar procesos de modernización de mercados públicos, competencia entre economía formal e informal, riesgos de gentrificación comercial y modelos de administración estatal ( La Prensa Gráfica, 2025c; El Diario de Hoy, 2025d; El Salvador News, 2025c).

Gentrificación

1. Dimensión Económica: la ciudad como mercancía

En el caso del Mercado San Miguelito, la gentrificación económica se expresa cuando un espacio históricamente vinculado al comercio popular —accesible, comunitario y esencialmente informal— es reconfigurado bajo lógicas de inversión, rentabilidad y control del suelo. Tras el incendio de 2021, la reconstrucción introdujo dinámicas propias de la inversión inmobiliaria, puesto que la obra de US$34 millones aumentó drásticamente el valor del metro cuadrado y generó plusvalía urbana derivada de la infraestructura pública instalada. La revalorización del espacio elevó el costo de los arrendamientos de aproximadamente US$40 a montos que superan los US$80, operando así un proceso de mercantilización del comercio popular, donde la permanencia ya no depende de la trayectoria histórica de los vendedores sino de su capacidad de pago. El mercado, antes una infraestructura social de sustento comunitario, se transforma en un activo urbano vinculado a la financiarización de la ciudad, donde contratos, IVA, contadores y gastos administrativos formalizan a la fuerza un comercio tradicionalmente precario. Esto produce consumo elitizado, en el sentido de que los nuevos espacios y sus costos tienden a favorecer a comerciantes con mayor capital inicial.

La gentrificación económica del San Miguelito surge cuando el mercado deja de funcionar como un bien social y pasa a considerarse una mercancía cuyo acceso es regulado por la capacidad económica, no por su función histórica en la ciudad.

2. Dimensión Política: el Estado como promotor del capital

La gentrificación política del Mercado San Miguelito se manifiesta en la forma en que el Estado —municipal primero y luego central— dirige la reconstrucción bajo una lógica de urbanismo neoliberal, donde la modernización y la revitalización sirven como discursos legitimadores de un proyecto orientado al mercado. La creación de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN) centraliza el control de los espacios y desplaza el carácter municipalista y comunitario tradicional de los mercados populares. A través de mecanismos cercanos a las alianzas público-privadas, el Estado prioriza la eficiencia, la estética y el rendimiento económico del espacio sobre la participación vecinal o la permanencia de los comerciantes históricos.

La ausencia de procesos amplios de consulta ciudadana y la incertidumbre en la asignación de puestos revelan un fenómeno de captura del planeamiento urbano, donde las decisiones responden más a la necesidad gubernamental de mostrar “obras de país” que a la preservación del tejido económico popular. El control del ingreso, la vigilancia, la estética uniforme y la regulación estricta del comercio informal apuntan también a una privatización del espacio público, en la que el Estado actúa como un curador del uso del suelo según criterios de rentabilidad y ordenamiento visual, no de derecho a la ciudad. La gentrificación política del Mercado San Miguelito surge cuando la modernización estatal opera como vehículo de desplazamiento económico y social, priorizando la marca ciudad sobre la justicia urbana.

3. Dimensión Social: desplazamiento y pérdida del barrio

La gentrificación social del Mercado San Miguelito se evidencia en los procesos de desplazamiento físico y desplazamiento simbólico experimentados por los comerciantes. El aumento de costos de arrendamiento, la formalización obligatoria, los nuevos requisitos administrativos y la incertidumbre en la reasignación de puestos provocan que muchos vendedores tradicionales —de bajos ingresos, algunos con décadas de trabajo en el lugar— no puedan permanecer. Esto implica una pérdida de la diversidad social y productiva que caracterizaba al mercado como espacio de encuentro y subsistencia.

Incluso quienes lograron obtener un local experimentan desplazamiento simbólico, ya que el nuevo edificio impone dinámicas ajenas al comercio popular: uniformidad arquitectónica, vigilancia, restricciones operativas y una estética que privilegia un consumo más ordenado y orientado a sectores medios. Esta transformación genera ruptura del tejido barrial, pues las relaciones de solidaridad, confianza y cooperación de la antigua rutina del mercado se desarticulan ante un entorno más impersonal.

Asimismo, la reorganización espacial y la sustitución de comercios tradicionales por negocios más rentables constituyen un caso claro de homogeneización social y elitización del consumo. Las condiciones de la nueva infraestructura, junto con el control estatal, reducen la posibilidad de mantener prácticas culturales y económicas propias del comercio informal.

Por tanto, la gentrificación social del San Miguelito implica pérdida del sentido de pertenencia, fragmentación del barrio y debilitamiento de redes comunitarias presentes desde hace décadas

4. Dimension cultural/ la estética del despojo

En el plano cultural, la gentrificación del Mercado San Miguelito se expresa en la estetización del barrio, donde la reconstrucción privilegia una imagen “ordenada”, “pulcra” y “turísticamente presentable”, compatible con la estrategia de branding urbano del Centro Histórico. La sustitución de la estética popular —puestos improvisados, colores, gritos de venta, movimiento— por un diseño homogéneo, luminoso y controlado constituye un ejemplo de colonialismo urbano, en el que la cultura popular es reemplazada por una versión higienizada pensada para el consumo de visitantes.

La nueva infraestructura también encarna un proceso de patrimonialización selectiva: se preservan ciertos elementos “bonitos” o rentables de la identidad del mercado, mientras se omiten los más ruidosos, caóticos y auténticos del comercio popular. De esta manera, la cultura viva del mercado es reinterpretada como cultura boutique, donde lo “típico” se convierte en artículo decorativo o comercial, pero ya no pertenece plenamente a quienes lo crearon.

La desaparición de antiguos puestos, prácticas y personajes del mercado representa un borrado de la memoria popular, pues la historia de un lugar construido por mujeres vendedoras, familias enteras y cadenas de oficio queda desplazada por una narrativa oficial de modernidad. Esta transformación se acompaña de procesos de festivalización del espacio, donde el mercado y el Centro Histórico son convertidos en escenarios para eventos y fotografías, reforzando un consumo de autenticidad que ya no es auténtica para quienes vivían allí.

5. Dimensión Económica: desarrollo con redistribución (cómo NO se aplica al caso San Miguelito)

En el caso del Mercado San Miguelito, el proceso de reconstrucción no se acerca a un modelo económico redistributivo orientado al bienestar colectivo. Si la revitalización inclusiva buscara puestos asequibles, cooperativas de comerciantes y mecanismos de protección contra la especulación urbana, la realidad fue la contraria. No existieron políticas que garantizaran puestos con alquiler proporcional a los ingresos de los vendedores tradicionales; por el contrario, las nuevas tarifas duplicaron o triplicaron los costos previos, sin considerar la capacidad real de pago de los comerciantes que han sostenido históricamente el mercado.

Tampoco se promovió la creación de cooperativas de comerciantes, que podrían haber gestionado colectivamente los locales, los precios, el mantenimiento y la distribución del espacio. Este tipo de organización habría permitido que los beneficios del nuevo mercado —flujo de compradores, infraestructura moderna, seguridad— se distribuyeran equitativamente entre los vendedores. Sin embargo, el proceso fue centralizado, vertical y sin participación real, lo cual impidió la autogestión económica y consolidó un modelo orientado a la rentabilidad del suelo.

Además, no se implementaron alternativas como bancos de tierra para comercio popular, fondos rotatorios o microcréditos vecinales, ni mecanismos de comercio justo urbano que garantizaran precios adecuados, estabilidad económica y sostenibilidad para los pequeños vendedores. La economía solidaria local tampoco fue priorizada: los costos administrativos (IVA, contador, servicios, mantenimiento) aumentaron las barreras de entrada y de permanencia, afectando especialmente a quienes trabajan con márgenes mínimos.

Finalmente, el proyecto careció de herramientas de control de rentas comerciales, lo que habría evitado la expulsión económica de vendedores vulnerables. El resultado fue un mercado rediseñado para quienes pueden pagar, no para quienes lo hicieron posible durante décadas.

En síntesis, la dimensión económica de una revitalización inclusiva —puestos asequibles, cooperativas de gestión y economía solidaria— no se aplicó en el caso del Mercado San Miguelito. El proceso reforzó desigualdades, elevó costos y debilitó la permanencia del comercio popular, en lugar de redistribuir oportunidades y fortalecer el derecho histórico a vender en ese espacio.

6. Dimensión Política: gobernanza democrática del territorio 

En el proceso de reconstrucción del Mercado San Miguelito no se observan los principios de derecho a la ciudad ni de planeamiento participativo. Las decisiones sobre diseño, asignación de puestos y regulación del mercado fueron tomadas principalmente por el gobierno central, sin co-gobernanza local ni deliberación pública. Los comerciantes reportaron falta de información, ausencia de consulta y nula participación en los mecanismos de planificación urbana.

De igual modo, no existió un presupuesto ciudadano ni procesos de empoderamiento comunitario que permitieran a los vendedores influir en la obra o en su administración. La nueva Dirección de Mercados Nacionales (DMN) centraliza el control estatal, pero no construye espacios de gestión compartida con los usuarios históricos del mercado.

Tampoco hubo transparencia en las licitaciones urbanas, lo cual alimentó sospechas de irregularidades y favoreció una percepción de captura del proyecto por intereses políticos.

En este sentido, el caso San Miguelito contradice la noción de intervención estatal equitativa, pues la obra se orientó más hacia criterios de modernización y ordenamiento que hacia garantizar derechos urbanos a los comerciantes tradicionales.

7. Dimensión Social: cohesión y permanencia (cómo NO se aplica)

La reconstrucción del Mercado San Miguelito tampoco refleja una lógica de cohesión social o permanencia comunitaria. No existieron mecanismos de participación comunitaria que permitieran a los comerciantes decidir sobre su propio futuro. Tampoco se creó infraestructura o programas para fortalecer la cohesión social, las redes de apoyo mutuo o la organización vecinal.

Por el contrario, el aumento de costos, la incertidumbre en la reasignación de puestos y las nuevas reglas administrativas provocaron fragmentación social: algunos vendedores pudieron quedarse, otros fueron excluidos o desistieron por la imposibilidad de pagar. No hubo estrategias de resistencia antidesalojo, ni políticas que garantizaran la permanencia digna de todos los comerciantes afectados.

La formalización forzada debilitó la autogestión colectiva que antes caracterizaba a los mercados populares, y la transición del comercio informal al formal no estuvo acompañada de programas de apoyo, capacitación ni redes comunitarias de transición.  Por tanto, más que fortalecer el tejido social, el proceso produjo pérdida de vínculos, aumento de la vulnerabilidad y reducción del sentido de comunidad.

8. Dimensión Cultural: identidad y memoria colectiva (cómo NO se aplica)

La revitalización del Mercado San Miguelito no integró mecanismos de preservación del patrimonio inmaterial, ni de protección de la identidad barrial o la memoria colectiva que por décadas caracterizó al mercado. La transformación se orientó hacia una estética de modernidad que sustituyó gran parte de la cultura popular del lugar: colores, prácticas, voces, formas de organización y modos de comercio. No hubo procesos de arte comunitario, ni reapropiación simbólica, ni esfuerzos de educación patrimonial que recogieran la historia viva del mercado. Tampoco se promovió la interculturalidad urbana o festividades locales como parte de la reconstrucción.

En su lugar, se implementó una lógica de “embellecimiento” que borró elementos culturales clave y priorizó una estética homogénea, lo que impidió una recomunitarización del espacio. El resultado fue una pérdida de autenticidad y una ruptura con la memoria colectiva de generaciones de comerciantes y visitantes. De este modo, el caso San Miguelito no encarna una revitalización cultural, sino un proceso de sustitución simbólica donde la cultura popular fue subordinada a una estética institucional.

Referencias

Canal 12. (2021). Cobertura del incendio en el Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

La Prensa Gráfica. (2021). Incendio afecta parte del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025a). Nuevo edificio del Mercado San Miguelito contará con más de 1,000 locales. San Salvador, El Salvador.

El Salvador News. (2025a). Detalles de la reconstrucción del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025b). Gobierno invierte $34 millones en nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Salvador News. (2025b). Inauguran el Mercado San Miguelito y la Dirección de Mercados Nacionales (DMN). San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025c). Comerciantes reportan incrementos en los costos de arrendamiento en el nuevo mercado. San Salvador, El Salvador.

La Prensa Gráfica. (2025a). Vendedores expresan preocupación por nuevas obligaciones contractuales en el Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

La Prensa Gráfica. (2025b). Incertidumbre por asignación de puestos tras inauguración del nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

Reddit. (2025). Discusión sobre corrupción e irregularidades en la reconstrucción del Mercado San Miguelito. Recuperado de https://www.reddit.com/

La Prensa Gráfica. (2025c). Análisis urbano y social sobre la modernización del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Diario de Hoy. (2025d). Impacto urbano y comercial de la reconstrucción del Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

El Salvador News. (2025c). Efectos socioeconómicos del nuevo Mercado San Miguelito. San Salvador, El Salvador.

La realidad económica del mercado San Miguelito

1. Estado Liberal (Adam Smith, “mano invisible”)

Lógica: mínima intervención del Estado, libertad total para fijar precios y competir.

El caso del San Miguelito no responde plenamente a un Estado liberal, pero sí se observan elementos compatibles con esta lógica. Después de la reconstrucción, el Estado permitió que los precios de los puestos aumentaran sin establecer topes ni regulaciones que protegieran a los vendedores tradicionales. Al dejar que el “mercado” determinara las rentas, muchos comerciantes quedaron expuestos a condiciones que no podían pagar. En un sentido liberal, se asumió que si un vendedor no puede pagar el alquiler, otro, más competitivo o con más capital, ocupará su lugar, reproduciendo la lógica del “dejar hacer, dejar pasar”.

El proceso muestra rasgos de Estado liberal porque el costo del puesto se dejó al funcionamiento del mercado, sin intervención para corregir desigualdades.

2. Estado Interventor (Keynes)

Lógica: el Estado regula para corregir desigualdades y estabilizar la economía.

El caso tampoco representa un Estado interventor, porque no hubo políticas para asegurar que los vendedores tradicionales pudieran permanecer.
Un Estado interventor habría:

• fijado rentas sociales o escalonadas,

• otorgado subsidios o créditos blandos,

• acompañado a los vendedores en la formalización,

• regulado costos de servicios públicos,

• garantizado participación y transparencia.

En cambio, el Estado intervino solo para construir la obra y centralizar la administración, pero no para proteger a los actores más vulnerables ni para reducir la desigualdad que generó la nueva infraestructura.

Hubo intervención física, pero no intervención redistributiva. Es una intervención orientada al ordenamiento, no al bienestar.

3. Estado Socialista (propiedad colectiva y planificación central)

Lógica: medios de producción colectivos o estatales, prioridad a la igualdad.

El mercado estuvo bajo control estatal a través de la Dirección de Mercados Nacionales (DMN), pero esto NO constituye socialismo.
¿Por qué?

• No hay propiedad colectiva del mercado.

• No existe planificación participativa.

• Los comerciantes no administran el mercado ni las ganancias.

• No hay distribución equitativa de los beneficios.

• Los costos no están ajustados al ingreso de los vendedores.

Es decir, aunque el Estado administra, no redistribuye, no colectiviza, y no elimina desigualdades, por lo que el caso no encaja en un modelo socialista.

Control estatal ≠ socialismo.
El caso no aplica la lógica socialista porque no prioriza igualdad, participación obrera o propiedad colectiva.

4. Estado Neoliberal (Hayek, Friedman)

Lógica: desregulación, privatización, competencia abierta, mercado como regulador principal.

Este es el modelo que mejor expresa lo ocurrido, porque:

• El Estado construye, pero luego opera bajo lógica empresarial.

• Los puestos se asignan por capacidad de pago, no por necesidad.

• No hay subsidios, ni control de precios, ni mecanismos redistributivos.

• Los comerciantes asumen los costos del IVA, contador, servicios y mantenimiento.

• La infraestructura se convierte en un activo orientado a la rentabilidad urbana.

• Se produce desplazamiento por costos (una forma de privatización social del espacio).

5. 6. 7. 8. Economía del Bienestar, Economía Institucional, Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI), Teoría de la Dependencia

El caso del Mercado San Miguelito no aplica a la Economía del Bienestar ni al modelo ISI porque no prioriza la equidad, la redistribución ni la protección productiva de los actores tradicionales; en cambio, sí se explica mejor desde la Economía Institucional y la Teoría de la Dependencia. Desde la perspectiva institucional, el mercado funciona como una institución extractiva: las decisiones fueron centralizadas, sin participación real de los comerciantes, y los beneficios de la modernización se concentraron en quienes poseen mayor capacidad económica, mientras los costos y riesgos recayeron en los vendedores más vulnerables. No se generaron reglas inclusivas, transparentes o equitativas, sino un entorno donde el acceso al espacio depende del pago y no del derecho histórico, reproduciendo desigualdad. Desde la Teoría de la Dependencia, el proceso refleja una dependencia interna en la que los comerciantes populares quedan subordinados a estructuras urbanas y económicas que no controlan: la formalización, los incrementos de renta, la dependencia de proveedores más grandes y la imposición de requisitos administrativos que favorecen a actores con mayor capital. Así, más que transformar las condiciones materiales de los vendedores, la obra refuerza relaciones desiguales propias de un sistema centro-periferia dentro de la misma ciudad.

Realidad Politica

1. Platón — NO aplica

Porque la reconstrucción no estuvo guiada por gobernantes “sabios” orientados al bien común, sino por decisiones centralizadas sin transparencia ni participación que favorecen intereses particulares, más cercanas a una oligarquía que a una aristocracia justa.

2. Aristóteles — NO aplica

Porque la acción estatal no buscó el “bien común” ni fortaleció la vida política de los ciudadanos (zoon politikon); al contrario, marginó a los comerciantes tradicionales y redujo espacios de participación comunitaria.

3. Maquiavelo — SÍ aplica parcialmente

Porque el gobierno actuó priorizando el orden, el control del territorio y la estabilidad política de la zona —no la representación de intereses— y usó la obra como instrumento de legitimación y demostración de poder.

4. Rousseau — NO aplica

Porque el proceso no expresó la “voluntad general”, no hubo consulta ciudadana ni democracia directa; la soberanía no residió en los vendedores ni en la comunidad, sino en decisiones unilaterales del poder público.

5. Hobbes — SÍ aplica parcialmente

Porque el Estado actuó como soberano fuerte que impone orden para evitar el “caos” del comercio informal; la prioridad fue el control y la seguridad, no la participación ni la equidad.

6. Montesquieu — NO aplica

Porque no hubo separación de poderes efectiva ni contrapesos: el Ejecutivo centralizó decisiones, administración, precios y regulación del mercado, sin supervisión legislativa ni judicial clara.

7. John Stuart Mill (democracia representativa) — NO aplica

Porque los vendedores no tuvieron mecanismos de representación, deliberación o defensa de sus intereses dentro del proceso; la democracia representativa no funcionó como canal de mediación.

8. Contrato Social moderno (participación/consenso) — NO aplica

Porque la reasignación de puestos, costos y administración careció de acuerdos colectivos y dejó fuera a los actores históricos, rompiendo el principio de consentimiento y cooperación ciudadana.

Gentrificacion desde la realidad Nacional

La gentrificación es un proceso urbano impulsado por el capital que transforma barrios populares en zonas de consumo y de alto valor inmobiliario. Este fenómeno, visible en ciudades de todo el mundo, implica una reconfiguración económica, política, social y cultural de los espacios urbanos. Aunque suele presentarse como un signo de modernización o embellecimiento, sus efectos profundos revelan dinámicas de desplazamiento, pérdida de identidad y exclusión.

El término fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en 1964, al observar los cambios ocurridos en varios barrios de Londres, donde sectores de clase media comenzaron a reocupar zonas obreras tradicionales, provocando el desplazamiento de sus residentes originales. Glass describió cómo este proceso estaba vinculado a la expansión del capital inmobiliario y a la valorización del suelo urbano, anticipando un patrón que luego se replicaría globalmente. Desde entonces, la gentrificación se entiende como una manifestación del capitalismo urbano, donde la ciudad se convierte en mercancía y la vivienda en activo financiero.

La revitalización inclusiva representa una alternativa ética y sostenible frente a la gentrificación. Se trata de un modelo de transformación urbana que busca mejorar los espacios sin expulsar a sus habitantes, equilibrando inversión, equidad y justicia social. A diferencia del desarrollo impulsado por el mercado, este enfoque pone en el centro el derecho a la ciudad, la participación ciudadana y la memoria colectiva.

1. Dimensión Económica: la ciudad como mercancía

La gentrificación no solo transforma el paisaje urbano; redefine la naturaleza económica de la ciudad. Lo que antes era un espacio para vivir, trabajar y convivir, se convierte en un escenario de inversión y especulación. En esta dimensión, la lógica del mercado domina la planificación urbana, desplazando el sentido comunitario y priorizando la rentabilidad del suelo sobre las necesidades humanas.

Definición de términos clave

• Inversión inmobiliaria: Entrada de capital privado (constructoras, fondos o individuos) que busca obtener ganancias a través de la compra, remodelación y venta de inmuebles.

• Especulación del suelo: Compra y retención de terrenos o propiedades esperando que aumenten de valor sin generar un uso social inmediato.

• Revalorización del metro cuadrado: Aumento del precio por unidad de superficie, lo que eleva las rentas y restringe el acceso a la vivienda.

• Mercantilización de la vivienda: Transformación del hogar en un bien de cambio, es decir, una mercancía sujeta a las reglas del mercado.

• Plusvalía urbana: Beneficio económico derivado de mejoras públicas (como transporte o infraestructura), que paradójicamente suele favorecer a los propietarios privados.

• Capital cultural como valor de cambio: Utilización de la “autenticidad” o del pasado popular de un barrio para aumentar su atractivo comercial.

• Turistificación: Adaptación del espacio urbano a las necesidades del turismo, que reconfigura el uso de los barrios y encarece la vida local.

• Financiarización de la ciudad: Predominio de las lógicas financieras (fondos de inversión, hipotecas, plataformas de alquiler) en la gestión del territorio.

• Consumo elitizado: Creación de espacios, comercios y servicios dirigidos a sectores de altos ingresos, excluyendo a los habitantes tradicionales.

La gentrificación económica surge cuando la vivienda deja de concebirse como un derecho social y se transforma en un activo financiero. A medida que la inversión inmobiliaria se dirige hacia barrios de tradición obrera o popular, los precios del suelo se disparan y la revalorización del metro cuadrado se convierte en un símbolo de “progreso”. No obstante, este progreso es excluyente: los residentes originales son desplazados por la imposibilidad de pagar alquileres más altos o impuestos crecientes.

Ejemplo: El caso del Centro Histórico de San Salvador ejemplifica la gentrificación económica porque la revalorización del territorio se produce mediante la inversión de capital inmobiliario y la mercantilización del espacio urbano, generando exclusión y segmentación social. La ciudad deja de pensarse como espacio común y se convierte en una mercancía al servicio del turismo, la estética y la rentabilidad. Aunque la zona se “embelleció”, los antiguos residentes y comerciantes fueron desplazados. Los trabajadores informales perdieron su fuente de ingresos, mientras que el acceso a la vivienda y al comercio en el área se volvió prohibitivo. En términos económicos, el valor del metro cuadrado aumentó drásticamente, generando una plusvalía urbana que benefició al capital privado y no a la población históricamente asentada allí.

2. Dimensión Política: el Estado como promotor del capital

La gentrificación no ocurre solo por la acción del mercado, sino también por la intervención (o inacción) del Estado. En la dimensión política, el poder público actúa como facilitador del capital, orientando la planificación urbana hacia la atracción de inversiones y el consumo antes que hacia la justicia social. El discurso de la “modernización” o la “revitalización urbana” suele enmascarar la concentración de beneficios en actores privados y la pérdida del derecho a la ciudad para amplios sectores de la población.

Definición de términos clave

• Urbanismo neoliberal: Modelo de gestión urbana que prioriza la competitividad, la eficiencia del mercado y la reducción del papel del Estado, trasladando funciones públicas a empresas privadas.

• Alianzas público-privadas: Acuerdos mediante los cuales el Estado cede la ejecución de obras o servicios a empresas, que buscan rentabilidad más que equidad.

• Zonas de Desarrollo Especial (ZEDES): Territorios con beneficios fiscales y marcos regulatorios flexibles para atraer inversión, a menudo con limitada rendición de cuentas.

• Captura del planeamiento urbano: Situación en que los planes de ordenamiento responden a intereses privados antes que al bien común.

• Lobbies inmobiliarios: Grupos de presión que influyen en decisiones gubernamentales para favorecer la construcción o especulación de alto rendimiento.

• Privatización del espacio público: Transferencia del control o uso de espacios comunes (calles, parques, plazas) a actores privados o comerciales.

• Reducidas políticas de vivienda social: las estrategias estatales para garantizar vivienda asequible son escasas o nulas, lo que agrava el desplazamiento poblacional.

• Marketing de ciudad: Promoción de una imagen urbana “moderna” o “segura” para atraer turismo e inversión, usualmente ocultando desigualdades estructurales.

• Política del espectáculo: Uso de eventos, obras o campañas mediáticas para legitimar políticas urbanas excluyentes.

• Gobernanza corporativa local: Modo de gestión en el que empresas, fundaciones o élites económicas inciden directamente en las decisiones municipales.

Ejemplo: Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador, impulsado primero por la alcaldía y luego reforzado por el Gobierno central. Detrás del discurso de recuperación patrimonial y seguridad ciudadana, se consolidaron alianzas público-privadas para remodelar espacios estratégicos y revalorizar el suelo urbano, sin mecanismos de participación vecinal ni políticas de reubicación digna para los comerciantes desalojados. La privatización del espacio público —mediante el control de accesos, vigilancia y concesión a marcas o fundaciones— ha reducido la libre apropiación ciudadana del centro y centrandose en el marketing de la ciudad más que en espacio común.

3. Dimensión Social: el desplazamiento y la pérdida del barrio

La gentrificación no solo cambia la economía o la política urbana: reconfigura las relaciones sociales y la identidad colectiva de los barrios. En esta dimensión, el impacto se manifiesta en la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad. Los espacios de encuentro, solidaridad y memoria son sustituidos por entornos impersonales y de consumo. Así, lo que alguna vez fue comunidad se convierte en una escenografía para visitantes y nuevos residentes con mayor poder adquisitivo.

Definición de términos clave

• Desplazamiento físico: Expulsión directa de los habitantes debido al aumento de rentas o la compra forzada de propiedades.

• Desplazamiento simbólico: Pérdida de identificación con el entorno cuando, aunque se permanezca en el lugar, ya no se reconocen las dinámicas, los rostros ni los valores del barrio.

• Homogeneización social: Sustitución de la diversidad social por una población con rasgos socioeconómicos y culturales similares (clase media o alta).

• Ruptura del tejido barrial: Desintegración de redes de apoyo, solidaridad y convivencia entre vecinos.

• Elitización del consumo: Aparición de comercios y servicios orientados a clases privilegiadas, que excluyen a los antiguos residentes.

• Exclusión residencial: Dificultad de acceso a vivienda en la zona por los altos precios o restricciones urbanísticas.

• Pérdida del sentido de pertenencia: Desarraigo emocional y cultural de los habitantes tradicionales frente a la transformación del entorno.

• Inseguridad habitacional: Inestabilidad derivada de la precariedad de los contratos, desalojos o amenazas de reubicación.

• Resistencia vecinal: Organización colectiva para defender el derecho a permanecer en el territorio.

• Fragmentación territorial: División espacial y simbólica entre zonas “modernas” y zonas “marginadas”.

Ejemplo: En el Centro Histórico de San Salvador, la gentrificación social se manifiesta con claridad a través de desplazamientos físicos y simbólicos. La reducción del comercio informal y el aumento de los alquileres provocaron el desplazamiento físico de cientos de vendedores y residentes que no pudieron sostener los nuevos costos de vida ni las regulaciones impuestas. Paralelamente, quienes lograron permanecer experimentan un desplazamiento simbólico, pues el entorno urbano —marcado ahora por cafés, galerías y restaurantes de consumo elitizado— ya no refleja sus prácticas cotidianas ni su identidad colectiva.

La transformación ha producido una notable homogeneización social, reemplazando la diversidad de clases, oficios y culturas que antes convivían en el área por una población orientada al turismo, el ocio y el consumo. Esta homogeneización ha derivado en la ruptura del tejido barrial: las redes de solidaridad entre vendedores, vecinos y transeúntes —que antes sostenían la vida del centro— se fragmentaron ante el control del espacio por actores privados y fuerzas de seguridad.

4. Dimensión Cultural: la estética del despojo

La gentrificación también opera en el plano simbólico y sensorial, moldeando la forma en que se representa, valora y consume la cultura urbana. En esta dimensión, el barrio deja de ser un espacio de vida cotidiana para convertirse en un objeto estético, un escenario diseñado para el turismo o las redes sociales. La cultura popular —viva, contradictoria y colectiva— es reemplazada por una “cultura boutique”, cuidadosamente curada para agradar al gusto de las clases medias y altas. De este modo, el proceso se convierte en una forma de colonialismo urbano, donde el capital reinterpreta el patrimonio de los sectores populares según sus propios criterios de belleza y rentabilidad.

Definición de términos clave

• Estetización del barrio: Transformación visual y simbólica de espacios urbanos populares en entornos “atractivos”, muchas veces sin considerar a sus habitantes originales.

• Cultura boutique: Comercialización de expresiones culturales locales como productos de consumo para públicos selectos.

• Colonialismo urbano: Apropiación simbólica de territorios populares por parte de grupos dominantes que los resignifican desde su estética y narrativa.

• Borrado de la memoria popular: Eliminación o invisibilización de las historias, prácticas y símbolos que daban identidad al barrio.

• Patrimonialización selectiva: Conservación o exaltación de ciertos elementos culturales (edificios, fiestas, tradiciones) que son rentables o “visualmente atractivos”, mientras se omiten otros.

• Consumo de autenticidad: Búsqueda de experiencias urbanas “auténticas” por parte de visitantes, convertidas en mercancías turísticas.

• Hipsterización: Llegada de nuevos habitantes que imponen estilos de vida alternativos o cosmopolitas, desplazando las culturas locales.

• Festivalización del espacio: Uso de eventos, ferias o festivales como instrumentos para reactivar el consumo y legitimar la renovación urbana.

• Branding urbano: Estrategia de mercadotecnia que convierte a la ciudad en una marca, asociada a valores de modernidad, creatividad o seguridad.

• Gusto de clase: Preferencias estéticas determinadas por la posición social, que definen qué se considera “bonito”, “seguro” o “digno de visitar”.

Ejemplo: En el Centro Histórico de San Salvador, la gentrificación cultural se hace visible a través de la estetización del barrio y la patrimonialización selectiva. Los murales coloridos, las luces ornamentales y la organización de festivales culturales buscan proyectar una imagen moderna y atractiva del centro, pero al mismo tiempo contribuyen al borrado de la memoria popular: se elimina de la narrativa oficial el papel histórico de los vendedores, artesanos y migrantes que dieron vida al lugar, y se promueve el branding urbano.

5. Dimensión Económica: desarrollo con redistribución

Frente a los efectos excluyentes de la gentrificación, surge una alternativa basada en la revitalización inclusiva y el urbanismo del bien común. En esta dimensión económica, la ciudad deja de pensarse como una máquina de acumulación y se concibe como un espacio de redistribución y sostenibilidad colectiva. El objetivo no es atraer capital especulativo, sino fortalecer las economías locales y garantizar el derecho a permanecer.

Definición de términos clave

• Vivienda asequible: Política que garantiza acceso a hogares dignos con costos proporcionales a los ingresos familiares.

• Cooperativas de vivienda: Modelos colectivos de propiedad y autogestión donde las familias comparten el suelo y las decisiones sobre su hábitat.

• Bancos de tierras comunitarios: Instrumentos públicos o sociales que administran terrenos para destinarlos a vivienda y proyectos comunitarios, evitando la especulación.

• Presupuestos participativos: Mecanismos donde la comunidad decide directamente el destino de parte de los recursos municipales.

• Economía solidaria local: Red de producción, comercio y servicios gestionados por comunidades que priorizan el bienestar sobre la ganancia.

• Microcréditos vecinales: Fondos rotatorios gestionados localmente para apoyar emprendimientos o mejoras habitacionales.

• Comercio justo urbano: Prácticas económicas que garantizan precios justos, condiciones laborales dignas y sostenibilidad ambiental dentro de la ciudad.

• Empleo local digno: Estrategias que promueven trabajo estable y formal dentro del mismo territorio urbano.

• Control de rentas: Regulación del precio de alquileres para evitar la expulsión de residentes por especulación inmobiliaria.

• Urbanismo del bien común: Enfoque de planificación que prioriza el uso social del suelo, el acceso equitativo a servicios y la cohesión comunitaria.

Ejemplo: La cooperativa ACOVICON, también ubicada en el centro capitalino. Este edificio albergaría 12 apartamentos y un local comercial en la planta baja, pensado para actividades productivas o de servicios gestionadas por las familias residentes.

El proyecto encarna la lógica de la vivienda asequible con uso mixto: un modelo urbano que integra el trabajo comunitario, el comercio justo local y la economía solidaria en un solo entorno. Además, la gestión colectiva del inmueble y la participación directa de las familias en la toma de decisiones fortalecen la autonomía económica y la permanencia en el territorio, incluso en una zona donde la presión inmobiliaria suele expulsar a los sectores populares.

6. Dimensión Política: gobernanza democrática del territorio

La revitalización inclusiva implica una transformación profunda del papel del Estado: de promotor del capital a garante de derechos. En esta dimensión política, la ciudad se entiende como un bien común que requiere procesos democráticos de decisión y gestión. La política urbana deja de formularse desde los despachos técnicos y pasa a construirse desde la voz de las comunidades. El territorio ya no se planifica para el mercado, sino para la vida en común.

Definición de términos clave

• Derecho a la ciudad: Principio que reconoce que todas las personas deben participar y beneficiarse de las decisiones sobre su entorno urbano.

• Justicia urbana: Distribución equitativa de los beneficios y cargas del desarrollo, garantizando acceso igualitario a vivienda, servicios y espacios públicos.

• Planeamiento participativo: Procesos donde las comunidades intervienen activamente en la elaboración de planes urbanos y proyectos locales.

• Presupuesto ciudadano: Mecanismo mediante el cual la población decide directamente el destino de una parte de los recursos municipales.

• Co-gobernanza local: Gestión compartida del territorio entre autoridades, comunidades y actores sociales.

• Transparencia en licitaciones urbanas: Acceso público a la información sobre adjudicación de proyectos, costos y contratistas.

• Planificación inclusiva: Diseño urbano que incorpora las necesidades de grupos diversos: mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones de bajos ingresos.

• Política de vivienda pública: Intervención estatal que garantiza vivienda digna y asequible sin depender del mercado.

• Empoderamiento comunitario: Capacidad colectiva para incidir en políticas, defender el territorio y generar soluciones locales.

• Intervención estatal equitativa: Participación activa del Estado en la redistribución de recursos y oportunidades urbanas, evitando la concentración de beneficios.

En Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán el gobierno local ha impulsado presupuestos participativos desde inicios de los años 2000, permitiendo que las comunidades rurales y urbanas decidan directamente en qué invertir parte de los fondos municipales: caminos, agua potable, vivienda o espacios comunitarios.

7. Dimensión Social: cohesión y permanencia

En la revitalización inclusiva, el centro de la transformación no está en la infraestructura, sino en las personas. Esta dimensión social propone un giro: de la expulsión al arraigo, del despojo a la pertenencia. Frente a la fragmentación producida por la gentrificación, las comunidades se organizan para reconstruir su tejido social, fortalecer sus redes y sostenerse mutuamente. No se trata solo de permanecer en el territorio, sino de revivir la comunidad como sujeto político y solidario.

Definición de términos clave

• Participación comunitaria: Implicación directa de los habitantes en la toma de decisiones y en la gestión de los proyectos que afectan su entorno.

• Cohesión social: Sentido de unión, confianza y cooperación entre los miembros de una comunidad.

• Inclusión intergeneracional: Integración activa de distintas edades en procesos de convivencia, cuidado y aprendizaje colectivo.

• Resiliencia barrial: Capacidad de una comunidad para adaptarse y responder de forma solidaria a crisis o transformaciones urbanas.

• Organización vecinal: Estructuras locales que canalizan demandas, coordinan acciones y promueven derechos en el territorio.

• Autogestión colectiva: Administración de recursos, espacios o servicios por parte de los propios vecinos sin depender exclusivamente del Estado.

• Redes de apoyo mutuo: Sistemas informales o formales de ayuda recíproca entre familias y comunidades.

• Resistencia antidesalojo: Movilización social para impedir desplazamientos forzados o injustos.

• Movimientos urbanos: Colectivos ciudadanos que luchan por el derecho a la ciudad, la vivienda y la justicia espacial.

• Ciudadanía activa: Ejercicio cotidiano de los derechos y deberes cívicos a través de la participación y la incidencia pública.

Ejemplo: Comunidad Las Palmas (San Salvador) tras el terremoto del 10 de octubre de 1986. El sismo destruyó gran parte del asentamiento, pero la junta directiva comunitaria se organizó, pidió acompañamiento a FUNDASAL y, con procesos de ayuda mutua, formación y fortalecimiento organizativo, lograron reconstruir viviendas, infraestructura básica y el tejido barrial. La obra física fue el resultado de esa cohesión social previa: asambleas, gestión colectiva del suelo y participación vecinal en cada etapa. Es un caso clásico en El Salvador de cómo, “botado lo material”, la organización comunitaria reestructuró el territorio y aseguró permanencia.

8. Dimensión Cultural: identidad y memoria colectiva

En la revitalización inclusiva, la cultura no es un adorno ni un producto de consumo: es el alma de la ciudad. La identidad barrial y la memoria colectiva actúan como cimientos invisibles que sostienen la vida urbana. Frente a los modelos que mercantilizan la cultura y borran las huellas del pasado, la revitalización con enfoque comunitario busca reapropiar el espacio urbano desde el arte, la historia y la pertenencia. Cada mural, cada celebración, cada nombre de calle conservado se convierte en un acto de resistencia simbólica contra la homogeneización.

Definición de términos clave

• Preservación del patrimonio inmaterial: Salvaguarda de saberes, tradiciones y expresiones culturales que dan sentido al territorio.

• Identidad barrial: Sentido de pertenencia construido a partir de experiencias compartidas, símbolos locales y relaciones cotidianas.

• Memoria colectiva: Recuerdo social que vincula a las generaciones con los procesos históricos y culturales del barrio.

• Arte comunitario: Creación artística participativa que fortalece la cohesión social y resignifica el espacio público.

• Educación patrimonial: Formación que promueve el conocimiento y la valoración del patrimonio local entre la comunidad.

• Interculturalidad urbana: Reconocimiento de la diversidad cultural dentro de la ciudad como fuente de diálogo y convivencia.

• Festividades locales: Celebraciones que refuerzan la identidad colectiva y dinamizan el tejido comunitario.

• Reapropiación simbólica del espacio: Acción de recuperar el significado cultural o afectivo de un lugar transformado o amenazado.

• Ecología cultural: Equilibrio entre desarrollo urbano y preservación de las expresiones culturales que humanizan el territorio.

• Recomunitarización: Proceso mediante el cual los habitantes reactivan vínculos solidarios y culturales tras etapas de fragmentación.

En El Salvador Suchitoto combina la revitalización urbana y la fuerza cultural de su gente. Tras los estragos de la guerra civil, los barrios de Suchitoto fueron reconstruidos no solo con cemento y ladrillo, sino con arte comunitario, festividades locales y educación patrimonial. Las comunidades organizaron talleres de muralismo, ferias de artesanía y festivales de memoria histórica, recuperando relatos de resistencia, desplazamiento y retorno