martes, 31 de julio de 2018

Proceso de aprobacion de la ley antiminería El Salvador


¿Cómo fue el proceso de aprobar la ley antiminería en El Salvador?

Hay registros de la existencia de la minería metálica en El Salvador en el departamento de Cabañas entre 1880 y 1970 (Menjivar, 1980). Otras referencias se dan en el departamento de San Vicente municipio de San Sebastián con extracción de oro registrada desde 1904, contaminando significativamente las aguas superficiales (Larios y otros, 2008).  Y otra en el departamento de La Unión donde el 8 de agosto de 1912, 49 pobladores de Santa Rosa de Lima, le escribieron al presidente Manuel Enrique Araujo, para que detuviera la destrucción ambiental que causaban dos empresas mineras. Sin embargo, las minas siguieron operando. (Serrano, 2017). El mismo autor registra que en 1953 la mina San Sebastián dejó de trabajar, pero retomó la actividad en 1968 a cargo de la multinacional Commerce Group, que la explotó hasta 1980, cuando se desató la guerra civil en el país. Durante ese período hubo una pausa en la actividad minera hasta que en los años 90 resurgió, en particular por el oro y la plata.
Legalización del referencial global
Según Diario oficial (1996) el 24 de enero del mismo año se emitió la Ley de Minería, en donde se concede la licencia de exploración para realizar actividades mineras a la empresa que lo solicitase a la autoridad correspondiente (Ver artículo 15). Ya entre 1998 y 2003 la ley de Minería aprobada permitió la llegada de Pacific Rim, Martinique Minerals, Minerales Morazán, entre otras. Se estima que durante las administraciones de Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004) se otorgaron 29 permisos para la exploración de minerales metálicos en el país (Serrano, 2017).
En 2002, de acuerdo a Dougherty, M. (2017) Pacific Rim Mining Corporation, una pequeña empresa de exploración canadiense, adquirió los derechos sobre el depósito de oro y plata en El Dorado en San Isidro, Cabañas. Avanzaron en la exploración del depósito subterráneo de bajo sulfuro de alto grado con el apoyo total del presidente Francisco Flores (1999-2004).

Surgimiento de una oposición
Según el documento de la Mesa Nacional Contra la Minería MNCM, en 2005 Pacific Rim presentó su estudio de impacto ambiental del proyecto El Dorado, San Isidro (Cabañas), y solicitó el permiso de explotación, pero el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) se lo negó por incumplimiento de requisitos.  De acuerdo a Cartagena (2009) desde junio de 2005, distintas organizaciones sociales, ambientales, religiosas y comunidades afectadas por la minería conformaron la MNCM, ha trabajado con comunidades afectadas por la minería metálica.

El 29 noviembre de 2006, en Contrapunto (2013) documenta que la Corporación de Objetivos del Milenio con Estados Unidos (MCC por sus siglas en inglés) y el gobierno El Salvador firmaron un convenio con el fin de incrementar el crecimiento económico y reducir de la pobreza en la zona norte del país, que derivó en el otorgamiento y ejecución de los primeros fondos del Milenio que El Salvador recibió de MCC llamado FOMILENIO I. Cabe destacar que FOMILENIO I (Morataya y otros, 2009) fue ejecutado entre los años 2008 y 2012, y estaba compuesto por tres componentes principales: desarrollo humano, desarrollo productivo y conectividad Vial, se le asignó un monto total aproximado de US$460.94millones de dólares.

Dentro del diagnóstico se decía que en el caso de El Salvador en la zona Norte Artiga Gudiel (2007), el impulso de la minería metálica en una zona que presenta significativos problemas de sobreuso del suelo, alta vulnerabilidad acuífera, deterioro ambiental y, además, oposición social, pone en evidencia una inconsistencia en el modelo de desarrollo sostenible de la región.

A fines de 2006, Dougherty, Michael L. (2017) afirma que Antonio Saca (presidente de El Salvador 2004-2009) repentinamente convocó una moratoria sobre proyectos mineros activos en El Salvador. En palabras de un experto de la industria: "Todo se detuvo”. En diciembre de 2006 Saca llamó al Ministro de Medio Ambiente y al Ministro de Economía y les dijo a ambos que no hicieran nada sobre la minería hasta que supieran de él.

En diciembre de 2006 una red de organizaciones presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para pedir que se prohíba la minería de metales Paullier, J. (2017). El 3 de mayo de 2007 la Conferencia episcopal de El Salvador CEES emite un comunicado advirtiendo que la explotación minera causa daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades circundantes. Serrano (2017) cita que el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA realizó una primera en encuesta en 2007 entre pobladores de los 23 municipios potencialmente afectados por la actividad minera. El 62.5% de los encuestados consideraron que en El Salvador no era apropiada la minería y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirían poco o nada al desarrollo económico del país. En la segunda encuesta, realizada en 2015 por el IUDOP, esos porcentajes crecieron al 79% y al 76%. El 77% de los encuestados dijo que el Estado salvadoreño debía prohibir la minería metálica en el país.

En noviembre de 2007, el Partido de derecha Conciliación Nacional (PCN), también presentó su propio proyecto de ley, el cual se presume fue elaborado por la empresa minera canadiense, Pacific Rim, con el apoyo de algunas firmas de abogados nacionales. La Mesa Nacional Contra la Minería (sin fecha) señala que noviembre de 2007, el Partido de derecha Conciliación Nacional (PCN), también presentó su propio proyecto de ley, el cual se presume fue elaborado por la empresa minera canadiense, Pacific Rim, con el apoyo de algunas firmas de abogados nacionales.De acuerdo a la  Asociación de Desarrollo económico Social. ADES (sin fecha)  en diciembre de 2007, 45 congresistas estadounidenses quienes enviaron en una carta a todos los coordinadores parlamentarios de la Asamblea Legislativa salvadoreña, en la que solicitan no permitir la explotación minera en El Salvador, porque esto impediría alcanzar los objetivos del proyecto de desarrollo de la zona norte.

El diario de hoy el 17 de junio 2008 publica un artículo acerca del panorama de la minería en América Latina diferente en cada país en sus legislaciones. En Cuba y los países del cono sur donde los gobiernos son de izquierda, las empresas entregan gran parte de sus ganancias al Estado y corren constantemente el riesgo de que los permisos de explotación recibidos les sean anulados de un momento para otro. Pacific Rim en suspendió actividades en el 2008 de acuerdo a Cartagena (2009).
En junio de 2009, el activista ambiental local Marcelo Rivera fue encontrado asesinado. En diciembre de ese mismo año, dos ecologistas locales más, activos en el Comité Ambiental de Cabañas Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, fueron asesinados en cuestión de días el uno al otro. Se entendía comúnmente que esta trágica violencia estaba relacionada con la oposición de las víctimas a la minería, aunque esto nunca podría verificarse Dougherty, (2017).

El 4 de junio de 2011 Juan Francisco Durán Ayala, miembro del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), fue asesinado y su cuerpo fue identificado más de 10 días después de su desaparición. Es el cuarto activista ecologista asesinado en Cabañas (FESPAD, 2011).  

Etapa de transición: Posiciones de Saca y Funes ante la minería

Enero y febrero de 2009, en el período previo a las elecciones presidenciales de marzo de 2009, el presidente Saca y los legisladores de su partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) declararon públicamente su oposición a la minería y el apoyo a la prohibición de la minería. Tal como lo cita La vanguardia (2009): “No es cierto que se manda un mal mensaje de reglas claras, porque lo que tienen estas empresas es un permiso de exploración que no obliga a El Salvador a darle un permiso de explotación”.

La Mesa Nacional Contra la Minería (sin fecha) documenta que en marzo de 2009, cuando el nuevo presidente electo Mauricio Funes ratificó la decisión del gobierno anterior de no permitir ningún proyecto minero, Pacific Rim cumplió su amenaza de demandar al Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).

La Mesa Nacional Contra la Minería (sin fecha) el Gobierno salvadoreño a través de los ministerios de Economía, y Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó una Ley Especial de Suspensión de los procedimientos administrativos de exploración y explotación minero-metálica en El Salvador. Registrado en Verdad Digital el (2016) Comunidades de San Isidro, Cabañas, junto a las organizaciones Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) y la Asociación para el Desarrollo de El Salvado (CRIPDES), realizaron una protesta contra la Fundación El Dorado, por desarrollar acciones manipuladoras e introducir un proyecto minero en la zona.

El  Diario de Hoy EDH (2016) registró que el gobierno de El Salvador ganó el arbitraje ante el CIADI a la minera Pacific Rim en Estados Unidos. Siguiendo con la línea de los acontecimientos El Diario de Hoy EDH (2017), documenta que el Arzobispo de San Salvador - acompañado de otros sacerdotes junto con autoridades de la Universidad Centroamericana (UCA)- presentó una propuesta de ley relacionada al tema ante el Parlamento. El día siguiente, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada -ANEP- califica como desatinada posición económica el prohibir la minería en El Salvador (Diario La Portada). En los meses siguientes las actividades para abogar por la prohibición de la minería aumentan, el 5 de marzo de 2017 la Iglesia Católica salvadoreña convoca a marcha para pedir ley contra minería. Prosiguiendo con esta lógica, el 17 de marzo, en el Auditorio “Segundo Montes" la UCA desarrolla un foro acerca de las “Implicaciones ambientales y sociales de la minería metálica en El Salvador” Moreno M. (2017)

Ese mismo mes, Serrano (2017) documenta que el 28 marzo 2017 Carlos Padilla, gobernador de Nueva Vizcaya, provincia de Filipinas, y Edgardo Sábado, coordinador de Planificación y Desarrollo de Nueva Vizcaya, instaron al Gobierno de El Salvador restringir todo intento de exploración y explotación de la industria minera en el territorio nacional. El pronunciamiento fue emitido ayer durante un conversatorio organizado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Además el testimonio que dio Carlos Padilla en El Salvador ante medios de comunicación, y ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa y el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad fueron determinantes para terminar de desestimar las falacias que la empresa australiana desplegaba impúdicamente en los grandes medios de comunicación de nuestro país.

El 29 de marzo La delegación, presidida por Monseñor Escobar, entregó las firmas, más de 30 mil firmas recogidas en tan sólo una semana apoyando la propuesta legislativa, que fue recibida por representantes de todas las fracciones partidarias, que ofrecieron su apoyo a la ley.

Cambio de Referencial
Ese mismo día (29 marzo de 2017), en la Asamblea Legislativa de El Salvador se aprobó la ley que prohíbe la minería metálica en el país, con los votos de 70 diputados. Hasta los diputados de ARENA que permanecieron en el hemiciclo legislativo votaron a favor de la ley, gracias a la labor de un joven diputado de ese partido que dedicó titánicos esfuerzos a convencerlos. Según el New York times (2017) “Este día en El Salvador, el agua le ganó al oro”, escribió en Twitter el legislador Johnny Wright Sol, del partido Arena. 

De acuerdo al Iudop (2015) la retórica antimineria logró unir y galvanizar diversos segmentos de la sociedad salvadoreña-rural y urbana, ricos y pobres, progresistas y conservadores-de hecho, las encuestas indican que casi el 80% de los salvadoreños se oponen a la minería. La densidad de población de El Salvador significa una mayor competencia por los recursos hídricos, lo que aumenta la percepción de inseguridad hídrica. Los argumentos de las empresas mineras están en la línea de que esta industria, genera progreso y desarrollo en la zona, a través de la generación de empleos. Por lo tanto, oponerse a la minería es oponerse al desarrollo, es oponerse a la generación de empleos.
Sin embargo, los segmentos más conservadores de la sociedad salvadoreña en ese momento admitieron que la minería no les conviene. Como comentó un legislador políticamente conservador del Partido de Conciliación Nacional, "no podemos actuar en contra de lo que quieren las comunidades". Si lo hacemos, estamos imponiendo una decisión que va en contra de los intereses de la población, y eso sería un suicidio político. Y no somos políticamente suicidas". Dougherty (2017). Esto no implica que las ideas que apoyan la minería hayan desaparecido

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